Bonadío archivó una causa contra Madres a pedido del fiscal, quien la desestimó
Publicado el 13 de Junio de 2011
El impulsor de la demanda, Enrique Piragini, utilizó una nota del diario Perfil, le cambió la fecha, y nunca ratificó la acusación.
El diario Clarín publicó el viernes que “el juez federal Claudio Bonadío ordenó archivar en febrero de este año una causa judicial iniciada por los numerosos cheques sin fondos que fueron librados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo”. Sostenía el artículo que “el fiscal federal Gerardo Di Masi requirió la acción penal y, no obstante ello, la causa fue archivada por el juez Bonadío, menos de un año después de la denuncia original”. La información es falsa.
Tiempo Argentino accedió a un documento que prueba que el fiscal Di Masi aconsejó “archivar” la denuncia que había sido formulada por un abogado afecto a las presentaciones rocambolescas en los tribunales, sin aportar más elementos que recortes periodísticos. El abogado Enrique Piragini denunció el 15 de marzo de 2010 a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, “basándose en una investigación periodística a cargo de Pablo Javier Blanco supuestamente publicada por el diario Perfil el 14 de marzo de 2010… pudiendo desprenderse de ello un irregular manejo de fondos por parte de la referida entidad de bien público y sin fines de lucro”.
Cuando ingresa al fuero penal una denuncia, el juez que resulta sorteado para intervenir convoca al denunciante a ratificarla. Es un paso procesal necesario, que ratifica la voluntad de quien formula la denuncia de impulsar la acción. El juez le advierte que en caso de no ratificar la presentación el expediente podría ser archivado sin más trámite. Piragini nunca ratificó la denuncia contra Madres de Plaza de Mayo. Suele no hacerlo, ya que argumenta que ello no es necesario. Esa falta de ratificación hubiera bastado para que la presentación no pasara de ser una más de las que Piragini radica en la justicia con escasa o nula profundidad y seriedad, pero el juez Bonadío igualmente le dio participación al fiscal Di Masi, es decir, abrió la etapa procesal para que el Ministerio Público impulsara la investigación.
Contrariamente a lo que publicó Clarín, fue Di Masi quien consideró que la denuncia de Piragini “resulta incomprensible, a punto tal que cabría preguntarse si es parte de una acción de ‘cortar y pegar’, máxime cuando puede corroborarse vía Internet que la nota periodística aludida fue publicada en realidad con fecha 26 de junio de 2008 y no el 14 de marzo de 2010, como indica el denunciante en el escrito.” Dicho de otra manera, hasta la fecha de la presunta investigación periodística que había inspirado la denuncia era trucha. A raíz de las particularidades de la denuncia, el juez Bonadío remitió los antecedentes para que el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal analizara la conducta de Piragini, que podían constituir “conductas antiéticas en el ejercicio de la profesión”.
El fiscal Di Masi, tal como lo prueba el documento que aparece publicado en esta misma página, expresó el 29 de marzo de 2010: “No observándose a criterio de este Ministerio Público Fiscal conductas desplegadas por la denunciada Hebe de Bonafini que configuren una maniobra o conducta engañosa y/o defraudatoria tendiente a causarle un perjuicio económico o patrimonial a las Rentas de la Nación o que importen un potencial peligro a la Seguridad Nacional es que solicito se archiven las presentes actuaciones.”
Cuando el fiscal propone el archivo de una denuncia el juez no puede, per se, llevar adelante la investigación. Si bien persiste doctrinariamente un debate sobre esa situación, lo que ocurre habitualmente en estos casos es que la causa se agota en sí misma a poco de iniciada. Piragini suele pedir que se lo tome como “parte querellante” –aun cuando no es un damnificado por los hechos que denuncia y no tendría por qué ser querellante– invocando el “interés difuso” que tiene en cuestiones públicas por su calidad de “ciudadano”. Así, ha denunciado a los Reyes de España por el “genocidio” cometido por los conquistadores hace 500 años, cuando los españoles llegaron a América.
En cercanías de Bonadío calificaron la información publicada el viernes por Clarín como “una burda operación política” enmarcada en las acusaciones contra el ex apoderado de la Fundación Madre de Plaza de Mayo Sergio Schoklender.
El viernes, Piragini –quien se presenta en los expedientes “por sí y en representación de A.R.I.E.L. somos todos.ong”, una organización que formó cuando el hijo de su pareja fue agredido en la vía pública hace más de un lustro, volvió a formular una denuncia penal, esta vez contra el juez Bonadío “por haber archivado una causa judicial promovida sobre irregularidades cometidas en el ámbito de la Fundación Madres de Plaza de Mayo por parte de Sergio Mauricio SHOKLENDER y Hebe de FONAFINI (sic).
Tiempo Argentino accedió a un documento que prueba que el fiscal Di Masi aconsejó “archivar” la denuncia que había sido formulada por un abogado afecto a las presentaciones rocambolescas en los tribunales, sin aportar más elementos que recortes periodísticos. El abogado Enrique Piragini denunció el 15 de marzo de 2010 a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, “basándose en una investigación periodística a cargo de Pablo Javier Blanco supuestamente publicada por el diario Perfil el 14 de marzo de 2010… pudiendo desprenderse de ello un irregular manejo de fondos por parte de la referida entidad de bien público y sin fines de lucro”.
Cuando ingresa al fuero penal una denuncia, el juez que resulta sorteado para intervenir convoca al denunciante a ratificarla. Es un paso procesal necesario, que ratifica la voluntad de quien formula la denuncia de impulsar la acción. El juez le advierte que en caso de no ratificar la presentación el expediente podría ser archivado sin más trámite. Piragini nunca ratificó la denuncia contra Madres de Plaza de Mayo. Suele no hacerlo, ya que argumenta que ello no es necesario. Esa falta de ratificación hubiera bastado para que la presentación no pasara de ser una más de las que Piragini radica en la justicia con escasa o nula profundidad y seriedad, pero el juez Bonadío igualmente le dio participación al fiscal Di Masi, es decir, abrió la etapa procesal para que el Ministerio Público impulsara la investigación.
Contrariamente a lo que publicó Clarín, fue Di Masi quien consideró que la denuncia de Piragini “resulta incomprensible, a punto tal que cabría preguntarse si es parte de una acción de ‘cortar y pegar’, máxime cuando puede corroborarse vía Internet que la nota periodística aludida fue publicada en realidad con fecha 26 de junio de 2008 y no el 14 de marzo de 2010, como indica el denunciante en el escrito.” Dicho de otra manera, hasta la fecha de la presunta investigación periodística que había inspirado la denuncia era trucha. A raíz de las particularidades de la denuncia, el juez Bonadío remitió los antecedentes para que el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal analizara la conducta de Piragini, que podían constituir “conductas antiéticas en el ejercicio de la profesión”.
El fiscal Di Masi, tal como lo prueba el documento que aparece publicado en esta misma página, expresó el 29 de marzo de 2010: “No observándose a criterio de este Ministerio Público Fiscal conductas desplegadas por la denunciada Hebe de Bonafini que configuren una maniobra o conducta engañosa y/o defraudatoria tendiente a causarle un perjuicio económico o patrimonial a las Rentas de la Nación o que importen un potencial peligro a la Seguridad Nacional es que solicito se archiven las presentes actuaciones.”
Cuando el fiscal propone el archivo de una denuncia el juez no puede, per se, llevar adelante la investigación. Si bien persiste doctrinariamente un debate sobre esa situación, lo que ocurre habitualmente en estos casos es que la causa se agota en sí misma a poco de iniciada. Piragini suele pedir que se lo tome como “parte querellante” –aun cuando no es un damnificado por los hechos que denuncia y no tendría por qué ser querellante– invocando el “interés difuso” que tiene en cuestiones públicas por su calidad de “ciudadano”. Así, ha denunciado a los Reyes de España por el “genocidio” cometido por los conquistadores hace 500 años, cuando los españoles llegaron a América.
En cercanías de Bonadío calificaron la información publicada el viernes por Clarín como “una burda operación política” enmarcada en las acusaciones contra el ex apoderado de la Fundación Madre de Plaza de Mayo Sergio Schoklender.
El viernes, Piragini –quien se presenta en los expedientes “por sí y en representación de A.R.I.E.L. somos todos.ong”, una organización que formó cuando el hijo de su pareja fue agredido en la vía pública hace más de un lustro, volvió a formular una denuncia penal, esta vez contra el juez Bonadío “por haber archivado una causa judicial promovida sobre irregularidades cometidas en el ámbito de la Fundación Madres de Plaza de Mayo por parte de Sergio Mauricio SHOKLENDER y Hebe de FONAFINI (sic).
Tiempo argentino
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Una mentira mas y otra clara muestra de oportunismo, muchachos dan asco.
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