Polémica concesión de tierras en Río Negro
Publicado el 14 de Junio de 2011
Son 320 mil hectáreas. El acuerdo le otorga la explotación a una firma china por 50 años a cambio de U$S 1500 millones. Se ceden el uso del agua, los terrenos -donde plantarán soja, colza y otros cultivos- y un puerto sin pagar impuestos.
En medio de los cuestionamientos por los casos de extranjerización de tierras, el gobierno de Río Negro, al mando del radical Miguel Saiz, quedó en el ojo de la tormenta por un dudoso acuerdo sojero firmado el año pasado con la mayor productora de alimentos de China, y ya hay denuncias de diputados locales. El pacto le otorga a la estatal Heilongjiang Farms la concesión por hasta 50 años de 320 mil hectáreas en el valle inferior de Río Negro. Por sólo U$S 1500 millones de inversión, los chinos plantarán soja, colza y otros cultivos, con la particularidad de que no pagarán un solo peso de impuestos y tasas, a pesar del daño al suelo que generan.
En este contexto, la legisladora del Movimiento Evita-FPV Silvia Horne presentó ayer un proyecto de ley para rechazar el acuerdo, porque además del beneficio que genera la eximición impositiva se ceden por un precio irrisorio tierras y agua, el uso de un puerto (San Antonio Este) por 50 años con una renovación automática una vez cumplido el plazo. “Van a hacer negocio a costo del daño ambiental y de arrasar con los pequeños productores”, apuntó Horne a Tiempo Argentino, y recordó que “antes de la firma (en noviembre del 2010) pedimos informes a Saiz sobre el impacto ambiental y datos sobre la operación, pero nos los negaron diciendo que no había precisiones, y de un día para el otro nos amanecimos con el acuerdo firmado con todas estas irregularidades”. El proyecto de Horne será tratado hoy en la Comisión de Economía de la Legislatura rionegrina, y cuenta con altas chances de ser aprobado. De hecho, Luis Bardeggia, del Foro Rionegrino, y otro de los legisladores que pelea contra las irregularidades de Saiz y compañía, señaló ayer que el plan agroalimentario acordado con los chinos “tiene visos de inconstitucionalidad”, y agregó que “desde donde uno lo mire esto no cierra; es el propio Estado el que a un único actor, a un único inversor, le asegura 300 mil hectáreas, apoyo logístico, cobertura de todo tipo, el puerto, el aeropuerto de San Antonio y hasta el dictado de leyes acordes.”
La preocupación es cómo depredará económica y medioambientalmente a la provincia este acuerdo: según las ONG ambientalistas, se perderán las empresas familiares y pymes del agro, y se vaciarán y contaminarán los ríos. Es que, para producir sólo un kilo de poroto de soja la planta necesita entre 1500 y 1800 litros de agua, y para esas 320 mil hectáreas se contaminarían los ríos Negro y Colorado.
En este sentido, Fernando Fernández Herrero, titular de la ONG Tierra Libre, concluyó que el caso de la soja china “es el cénit de un plan económico y político extranjerizador orquestado e implementado desde hace tiempo, aunque el gobernador intente vender el acuerdo como un fomento a las tierras que no eran productivas”.
Para el presidente de la Funam, Raúl Montenegro, esta entrega de tierras “es ilegal porque viola tanto la Constitución Nacional como la de Río Negro, que exigen estudios de impacto ambiental previos a la firma de cualquier documento, y luego una audiencia pública para debatir el tema”. Montenegro calificó además “al negocio con los chinos como un neocolonialismo perverso, porque no se vende la tierra sino que se alquila por 50 años, quedando a China las ganancias y la renta, y a nuestro país la contaminación de las aguas que harán los plaguicidas”.
En este contexto, la legisladora del Movimiento Evita-FPV Silvia Horne presentó ayer un proyecto de ley para rechazar el acuerdo, porque además del beneficio que genera la eximición impositiva se ceden por un precio irrisorio tierras y agua, el uso de un puerto (San Antonio Este) por 50 años con una renovación automática una vez cumplido el plazo. “Van a hacer negocio a costo del daño ambiental y de arrasar con los pequeños productores”, apuntó Horne a Tiempo Argentino, y recordó que “antes de la firma (en noviembre del 2010) pedimos informes a Saiz sobre el impacto ambiental y datos sobre la operación, pero nos los negaron diciendo que no había precisiones, y de un día para el otro nos amanecimos con el acuerdo firmado con todas estas irregularidades”. El proyecto de Horne será tratado hoy en la Comisión de Economía de la Legislatura rionegrina, y cuenta con altas chances de ser aprobado. De hecho, Luis Bardeggia, del Foro Rionegrino, y otro de los legisladores que pelea contra las irregularidades de Saiz y compañía, señaló ayer que el plan agroalimentario acordado con los chinos “tiene visos de inconstitucionalidad”, y agregó que “desde donde uno lo mire esto no cierra; es el propio Estado el que a un único actor, a un único inversor, le asegura 300 mil hectáreas, apoyo logístico, cobertura de todo tipo, el puerto, el aeropuerto de San Antonio y hasta el dictado de leyes acordes.”
La preocupación es cómo depredará económica y medioambientalmente a la provincia este acuerdo: según las ONG ambientalistas, se perderán las empresas familiares y pymes del agro, y se vaciarán y contaminarán los ríos. Es que, para producir sólo un kilo de poroto de soja la planta necesita entre 1500 y 1800 litros de agua, y para esas 320 mil hectáreas se contaminarían los ríos Negro y Colorado.
En este sentido, Fernando Fernández Herrero, titular de la ONG Tierra Libre, concluyó que el caso de la soja china “es el cénit de un plan económico y político extranjerizador orquestado e implementado desde hace tiempo, aunque el gobernador intente vender el acuerdo como un fomento a las tierras que no eran productivas”.
Para el presidente de la Funam, Raúl Montenegro, esta entrega de tierras “es ilegal porque viola tanto la Constitución Nacional como la de Río Negro, que exigen estudios de impacto ambiental previos a la firma de cualquier documento, y luego una audiencia pública para debatir el tema”. Montenegro calificó además “al negocio con los chinos como un neocolonialismo perverso, porque no se vende la tierra sino que se alquila por 50 años, quedando a China las ganancias y la renta, y a nuestro país la contaminación de las aguas que harán los plaguicidas”.
Tiempo argentino
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