Macri fue indagado y dijo que era ajeno al accionar violento de la UCEP
Publicado el 16 de Junio de 2011
El jefe de gobierno porteño negó los cargos por maltrato, amenazas y sustracción de valores que se le atribuyen a la patota creada por su gestión. La definición de su situación procesal será en diez días, en plena campaña electoral.
La cuarta fue la vencida para el jefe de gobierno, Mauricio Macri, que ayer concurrió finalmente a declarar como imputado en la causa por los abusos cometidos contra indigentes por parte de la ex Unidad de Control de Espacio Público (UCEP). Durante más de una hora, el líder del PRO negó los cargos frente a la jueza María Fontbona de Pombo, que está remplazando a su par Facundo Cubas, quien instruye la causa. Macri aseguró estar “ajeno” a las imputaciones por maltratos, desalojos violentos, amenazas y sustracción de valores, que se le atribuye a la patota que dependía del Ministerio de Espacio Público porteño. Cubas tiene al menos diez días hábiles para definir su situación judicial, que podría derivar en un nuevo procesamiento para el candidato del PRO, en medio de la campaña por su reelección en la Ciudad.
Cinco minutos antes de las 11:30, hora fijada para su cuarta convocatoria tras seis meses de desaires y varios faltazos, Macri arribó a los tribunales de Lavalle 1171, en el quinto piso lo aguardaba la magistrada junto con el secretario del juzgado N°49 Marcos Wenner. En medio de un revuelo periodístico y bajo una intensa lluvia, el líder del PRO ingresó al edificio sin hacer declaraciones. Desde la vereda de enfrente, manifestantes de la agrupación HIJOS y de otras organizaciones sociales y de Derechos Humanos le reprocharon, a los gritos, la creación de la unidad acusada de golpear y amedrentar a personas en situación de calle. “Macri basura, vos sos la dictadura”, fue el más leve de los calificativos. Con pancartas con la consigna “UCEP es represión”, también estuvieron presentes el legislador kirchnerista Francisco “Tito” Nenna y la diputada de Proyecto Sur, Liliana Parada, que fue la iniciadora en 2008 de la causa que tiene a Macri imputado, junto a una veintena de agentes porteños. Graciela Cisneros, una de las víctimas, también se acercó a los tribunales junto a Miguel Varela, uno de los dirigentes sociales que logró, junto con otros vecinos de Boedo, obtener las primeras imágenes de la UCEP en los operativos nocturnos.
Tras haber postergado en tres oportunidades su presencia ante el magistrado, haber intentado apartarlo, y ante la amenaza de un posible pedido de desafuero a la Legislatura porteña para hacerlo concurrir con la fuerza pública, Macri cumplió ayer con la demorada presentación en los tribunales. Según trascendió, el jefe de gobierno le entregó a Fontbona de Pombo un escrito técnico sobre las funciones y atribuciones que le eran asignadas a la UCEP, y deslindó responsabilidades sobre el accionar de la unidad. Así fue que negó haber “habilitado y propiciado” una organización que se dedicaba a mantener libre el espacio público “mediante la intimidación, el uso ilegítimo de la fuerza y la sustracción de elementos de valor”, tal fue el cargo que le leyó el secretario.
Macri indicó además que se enteró de los presuntos maltratos de boca del ex ministro Juan Pablo Picardo –también imputado en la causa–, pero aseguró que entonces comenzaron a redactarse los expedientes administrativos para investigar esos hechos. A la vez, indicó que el organismo no fue disuelto por los reiterados cuestionamientos a su metodología, sino por una decisión administrativa. Junto con el escrito, Macri llevó el expediente con el cual se decidió formar la UCEP, el que aseguró era un “organismo preestablecido”, ya que una de las imputaciones es la legitimidad con que se dispuso la creación de esa área, reñida con Tratados Internacionales y la Constitución Nacional y porteña. En cuanto a los procedimientos, Macri defendió la manera en que actuaba la UCEP y los elementos que utilizaba para los desalojos, los que, aseguró, estaban dentro de la ley. En sintonía con la previa declaración de Piccardo, Macri se mostró ajeno a eventuales abusos cometidos por los agentes, y detalló durante su exposición cuáles eran las normativas que debían cumplir en su cometido.
Cuando regrese de su licencia, el juez Cubas deberá evaluar las pruebas recopiladas hasta el momento y los dichos de Macri para determinar si considera que debe ser procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público o por todos los delitos de los que se acusa al resto de los integrantes de la UCEP. También podría pedir una ampliación de la indagatoria si las explicaciones del jefe de gobierno le resultaran insuficientes. Al filo de las elecciones porteñas y de la feria judicial, las evasivas de Macri a comparecer pusieron al juez en una situación incómoda para decidir.
Entre insultos de los manifestantes que lo aguardaban en la puerta, Macri salió apurado de los tribunales en medio de un cordón policial, y con gesto adusto evitó tener contacto con la prensa al regresar al vehículo con el que había llegado. Casi al oído del jefe de gobierno, una persona lo acusó además por la caída del portón de un colegio porteño que dejó a una alumna herida (ver p. 32). La comitiva partió rauda, sin darse cuenta que en la luneta trasera de la camioneta que transportaba al líder del PRO, un militante había pegado una calcomanía que decía “Gracias Néstor, todos con Cristina”.
Cinco minutos antes de las 11:30, hora fijada para su cuarta convocatoria tras seis meses de desaires y varios faltazos, Macri arribó a los tribunales de Lavalle 1171, en el quinto piso lo aguardaba la magistrada junto con el secretario del juzgado N°49 Marcos Wenner. En medio de un revuelo periodístico y bajo una intensa lluvia, el líder del PRO ingresó al edificio sin hacer declaraciones. Desde la vereda de enfrente, manifestantes de la agrupación HIJOS y de otras organizaciones sociales y de Derechos Humanos le reprocharon, a los gritos, la creación de la unidad acusada de golpear y amedrentar a personas en situación de calle. “Macri basura, vos sos la dictadura”, fue el más leve de los calificativos. Con pancartas con la consigna “UCEP es represión”, también estuvieron presentes el legislador kirchnerista Francisco “Tito” Nenna y la diputada de Proyecto Sur, Liliana Parada, que fue la iniciadora en 2008 de la causa que tiene a Macri imputado, junto a una veintena de agentes porteños. Graciela Cisneros, una de las víctimas, también se acercó a los tribunales junto a Miguel Varela, uno de los dirigentes sociales que logró, junto con otros vecinos de Boedo, obtener las primeras imágenes de la UCEP en los operativos nocturnos.
Tras haber postergado en tres oportunidades su presencia ante el magistrado, haber intentado apartarlo, y ante la amenaza de un posible pedido de desafuero a la Legislatura porteña para hacerlo concurrir con la fuerza pública, Macri cumplió ayer con la demorada presentación en los tribunales. Según trascendió, el jefe de gobierno le entregó a Fontbona de Pombo un escrito técnico sobre las funciones y atribuciones que le eran asignadas a la UCEP, y deslindó responsabilidades sobre el accionar de la unidad. Así fue que negó haber “habilitado y propiciado” una organización que se dedicaba a mantener libre el espacio público “mediante la intimidación, el uso ilegítimo de la fuerza y la sustracción de elementos de valor”, tal fue el cargo que le leyó el secretario.
Macri indicó además que se enteró de los presuntos maltratos de boca del ex ministro Juan Pablo Picardo –también imputado en la causa–, pero aseguró que entonces comenzaron a redactarse los expedientes administrativos para investigar esos hechos. A la vez, indicó que el organismo no fue disuelto por los reiterados cuestionamientos a su metodología, sino por una decisión administrativa. Junto con el escrito, Macri llevó el expediente con el cual se decidió formar la UCEP, el que aseguró era un “organismo preestablecido”, ya que una de las imputaciones es la legitimidad con que se dispuso la creación de esa área, reñida con Tratados Internacionales y la Constitución Nacional y porteña. En cuanto a los procedimientos, Macri defendió la manera en que actuaba la UCEP y los elementos que utilizaba para los desalojos, los que, aseguró, estaban dentro de la ley. En sintonía con la previa declaración de Piccardo, Macri se mostró ajeno a eventuales abusos cometidos por los agentes, y detalló durante su exposición cuáles eran las normativas que debían cumplir en su cometido.
Cuando regrese de su licencia, el juez Cubas deberá evaluar las pruebas recopiladas hasta el momento y los dichos de Macri para determinar si considera que debe ser procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público o por todos los delitos de los que se acusa al resto de los integrantes de la UCEP. También podría pedir una ampliación de la indagatoria si las explicaciones del jefe de gobierno le resultaran insuficientes. Al filo de las elecciones porteñas y de la feria judicial, las evasivas de Macri a comparecer pusieron al juez en una situación incómoda para decidir.
Entre insultos de los manifestantes que lo aguardaban en la puerta, Macri salió apurado de los tribunales en medio de un cordón policial, y con gesto adusto evitó tener contacto con la prensa al regresar al vehículo con el que había llegado. Casi al oído del jefe de gobierno, una persona lo acusó además por la caída del portón de un colegio porteño que dejó a una alumna herida (ver p. 32). La comitiva partió rauda, sin darse cuenta que en la luneta trasera de la camioneta que transportaba al líder del PRO, un militante había pegado una calcomanía que decía “Gracias Néstor, todos con Cristina”.
Me lo contó: Tiempo Argentino
***********************
Sinceramente se hubiera evitado todo este embrollo, por qué eludir a la justicia si "dice" que está limpio de polvo y paja?
2 comentarios:
Y,en seis meses se acomodan algunos tantos y la memoria ya no es tan nítida.
Seguramente, aunque la falta de memoria tiene su precio....
Publicar un comentario