Plan C

Villa 20: el gobierno de la Ciudad encargó un estudio que ya realizó

Una ley sancionada en 2005 lo obliga a urbanizar la zona. En 2013 pagó $ 1.370.000 para medir los niveles de contaminación, pero en lugar de adoptar las medidas sugeridas por el informe encomendó otro estudio, que acaba de comenzar y estaría listo en cinco meses.

El 15 de diciembre de 2005 se cumplieron los noventa días que tenía el gobierno de la Ciudad para citar a una audiencia pública con los vecinos de la Villa 20 de Lugano para discutir las obras de urbanización del barrio. Nueve años después del plazo establecido por la ley 1770, ese encuentro todavía no se llevó a cabo y esta semana la jueza Elena Liberatori volvió a ponerle plazos al Ejecutivo porteño que, lejos de planear lo que la ley le demanda, encargó dos estudios iguales para medir la contaminación del lugar.

Según Tiempo Argentino, a fines de 2006, la Asesoría Tutelar inició una causa judicial por contaminación provocada por un depósito de autos de la Policía Federal que ocupaba una parte del mismo predio. Ocho años más tarde, el Ejecutivo porteño ni siquiera concluyó el estudio de "caracterización del área" previo al saneamiento, pese al embargo de $ 29 millones que impuso en 2010 la justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. En el medio, unas 700 familias en déficit habitacional ocuparon el antiguo cementerio de vehículos y fueron desalojadas con violencia el sábado pasado. ¿Qué pasará con ellos y con los vecinos de la Villa 20 que todavía sufren las consecuencias de la contaminación y el hacinamiento?

El 15 de diciembre de 2005 se cumplieron los noventa días que tenía el gobierno de la Ciudad para citar a una audiencia pública con los vecinos de la Villa 20 de Lugano para discutir las obras de urbanización del barrio. Nueve años después del plazo establecido por la ley 1770, ese encuentro todavía no se llevó a cabo y esta semana la jueza Elena Liberatori volvió a ponerle plazos al Ejecutivo porteño que, lejos de planear lo que la ley le demanda, encargó dos estudios iguales para medir la contaminación del lugar.

Según Tiempo Argentino, a fines de 2006, la Asesoría Tutelar inició una causa judicial por contaminación provocada por un depósito de autos de la Policía Federal que ocupaba una parte del mismo predio. Ocho años más tarde, el Ejecutivo porteño ni siquiera concluyó el estudio de "caracterización del área" previo al saneamiento, pese al embargo de $ 29 millones que impuso en 2010 la justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. En el medio, unas 700 familias en déficit habitacional ocuparon el antiguo cementerio de vehículos y fueron desalojadas con violencia el sábado pasado. ¿Qué pasará con ellos y con los vecinos de la Villa 20 que todavía sufren las consecuencias de la contaminación y el hacinamiento?

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