La Cámara Federal rechazó la indagatoria para Magnetto y Mitre
El fallo de la Sala I ratifica la decisión del juez Ercolini de no citar a los directivos de Clarín y La Nación por la apropiación de Papel Prensa.
La Sala I de la Cámara Federal ratificó ayer -el mismo día en que rechazó sobreseer al Jefe de Gobierno Mauricio Macri por la causa de las escuchas ilegales-, que el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre no deben ser llamados a declaración indagatoria en la causa Papel Prensa. En un fallo dividido, los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah sostuvieron la decisión del juez Julián Ercolini quien, en marzo, había rechazado el pedido de la fiscalía tras argumentar que aún está pendiente una voluminosa pericia contable para determinar si la empresa fue adquirida a precio vil durante la última dictadura. El voto en disidencia fue de Eduardo Freiler, quien se pronunció por anular la decisión del juez y exigirle que se manifieste nuevamente sobre las pruebas de un delito de lesa humanidad en el presunto desapoderamiento, y no solo a un reclamo de índole patrimonial.
Luego de considerar la apelación de la fiscalía y celebrar una audiencia el 23 de junio pasado para escuchar los argumentos de las partes, la Cámara Federal decidió ayer por mayoría respaldar a Ercolini. Por eso ratificó su decisión de no hacer lugar a las indagatorias de Magnetto, Mitre, de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble y del ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raimundo Pío Podestá, además de la del supuesto intermediario en la venta Guillermo Gainza Paz, pedidas a comienzo de marzo. Para ello utilizaron diversos argumentos. Farah reiteró los motivos por los que consideró que esa sala no debía analizar la apelación interpuesta por el entonces fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella. Ballestero cargó contra el fiscal de Cámara, Germán Moldes –quien desistió de apoyar el llamado a indagatoria de los imputados-, pero validó que se aguarde la finalización del peritaje contable que ya cumplió dos años desde que fue ordenado, y que intentó ser interrumpido por las defensas.
"Sin ingresar en el debate acerca de si los elementos colectados hasta el momento dan mérito o no al estándar exigido por la ley para llamar a una persona a prestar declaración indagatoria, el relato de hechos que han efectuado los acusadores evidencia que una imputación cursada hoy carecería de las precisiones necesarias para clausurar eficazmente la atribución de la conducta delictiva de la que se trata", señaló Ballestero. Antes, tuvo un duro párrafo con Moldes, a quien cuestionó por dedicarse a cuestionar que la Cámara hubiera abierto la posibilidad de analizar la cuestión. "Prefirió empeñar sus esfuerzos argumentativos en explicar por qué la materia resultaría ajena a la consideración de este Tribunal, ignorando abiertamente que esa cuestión, pretérita, había quedado ya zanjada", criticó su escasa fundamentación y su apartamiento del rol de fiscal en sostener la acción penal. El camarista se centró entonces en la necesidad de que culmine el informe pericial encargado por el juez. "Dada la peculiaridad del delito en discusión -una extorsión-, la información que aquella prueba está destinada a brindar lejos puede tildarse de intrascendente", evaluó.
Freiler se diferenció de sus pares y remarcó que existe una "confusión" en el objeto procesal que estableció el juez y que no se trata de un delito de índole patrimonial el que se investiga sino de un delito de lesa humanidad cometido en el acto de desapoderamiento de la firma fabricante de papel para diarios de sus verdaderos dueños –el Grupo Graiver- en el contexto de complicidad con la dictadura. Si existió una venta, cualquiera sea el precio que se hubiera pagado, si fue en un contexto de amenazas, intimidación y violencia de parte de los grupos empresarios compradores y de los militares, pudo haber sido sólo un acto simulado. Para el juez ese es eje de la pesquisa sobre el que deberá centrarse Ercolini a partir de la actividad de la fiscalía y de la querella y para garantizar la defensa de los imputados. "Voto por disponer la nulidad del pronunciamiento revisado, con la finalidad de que el magistrado dicte uno nuevo de acuerdo con lo manifestado en los considerandos", sostuvo el camarista para apuntalar la posición de la fiscalía y de la querella representada por la Secretaría de Derechos Humanos, no sin además poner de relieve las dilaciones que atravesaron el expediente en los cinco años que lleva de trámite.
Luego de considerar la apelación de la fiscalía y celebrar una audiencia el 23 de junio pasado para escuchar los argumentos de las partes, la Cámara Federal decidió ayer por mayoría respaldar a Ercolini. Por eso ratificó su decisión de no hacer lugar a las indagatorias de Magnetto, Mitre, de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble y del ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raimundo Pío Podestá, además de la del supuesto intermediario en la venta Guillermo Gainza Paz, pedidas a comienzo de marzo. Para ello utilizaron diversos argumentos. Farah reiteró los motivos por los que consideró que esa sala no debía analizar la apelación interpuesta por el entonces fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella. Ballestero cargó contra el fiscal de Cámara, Germán Moldes –quien desistió de apoyar el llamado a indagatoria de los imputados-, pero validó que se aguarde la finalización del peritaje contable que ya cumplió dos años desde que fue ordenado, y que intentó ser interrumpido por las defensas.
"Sin ingresar en el debate acerca de si los elementos colectados hasta el momento dan mérito o no al estándar exigido por la ley para llamar a una persona a prestar declaración indagatoria, el relato de hechos que han efectuado los acusadores evidencia que una imputación cursada hoy carecería de las precisiones necesarias para clausurar eficazmente la atribución de la conducta delictiva de la que se trata", señaló Ballestero. Antes, tuvo un duro párrafo con Moldes, a quien cuestionó por dedicarse a cuestionar que la Cámara hubiera abierto la posibilidad de analizar la cuestión. "Prefirió empeñar sus esfuerzos argumentativos en explicar por qué la materia resultaría ajena a la consideración de este Tribunal, ignorando abiertamente que esa cuestión, pretérita, había quedado ya zanjada", criticó su escasa fundamentación y su apartamiento del rol de fiscal en sostener la acción penal. El camarista se centró entonces en la necesidad de que culmine el informe pericial encargado por el juez. "Dada la peculiaridad del delito en discusión -una extorsión-, la información que aquella prueba está destinada a brindar lejos puede tildarse de intrascendente", evaluó.
Freiler se diferenció de sus pares y remarcó que existe una "confusión" en el objeto procesal que estableció el juez y que no se trata de un delito de índole patrimonial el que se investiga sino de un delito de lesa humanidad cometido en el acto de desapoderamiento de la firma fabricante de papel para diarios de sus verdaderos dueños –el Grupo Graiver- en el contexto de complicidad con la dictadura. Si existió una venta, cualquiera sea el precio que se hubiera pagado, si fue en un contexto de amenazas, intimidación y violencia de parte de los grupos empresarios compradores y de los militares, pudo haber sido sólo un acto simulado. Para el juez ese es eje de la pesquisa sobre el que deberá centrarse Ercolini a partir de la actividad de la fiscalía y de la querella y para garantizar la defensa de los imputados. "Voto por disponer la nulidad del pronunciamiento revisado, con la finalidad de que el magistrado dicte uno nuevo de acuerdo con lo manifestado en los considerandos", sostuvo el camarista para apuntalar la posición de la fiscalía y de la querella representada por la Secretaría de Derechos Humanos, no sin además poner de relieve las dilaciones que atravesaron el expediente en los cinco años que lleva de trámite.
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