Por Martín Granovsky
Dijo Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de Buenos Aires: “Mejor amontonados que sueltos”. Ahora deberá cambiar la frase. Sería ésta: “Mejor muertos que amontonados”. Murió Carlos Ariel Corvera, la víctima número nueve del incendio no apagado a tiempo el jueves 15 de noviembre en la comisaría tercera de Esteban Echeverría.
La comisaría depende de la Policía Bonaerense, que depende de Ritondo. Ritondo depende de la gobernadora María Eugenia Vidal.
Vidal hizo lo que siempre hace en estos casos en materia de prevención: nada.
Y dijo lo que siempre dice en estos casos: nada.
La gobernadora se mantiene en silencio aunque carga ya con nueve muertos. A pesar de que la Comisión Provincial por la Memoria sostuvo en un comunicado que se trató de “la peor masacre de la historia en comisarías argentinas”.
Corvera tenía 25 años. Estaba detenido por intentar el robo de una cortadora de césped. Llegó a la tercera desde otra comisaría. Murió cuando estaba internado en el hospital de Ezeiza. Paradójicamente, el Tribunal Oral en Criminal 10 de Lomas de Zamora recién la semana pasada le concedió la excarcelación.
La Comisión Provincial por la Memoria conoce de policías fuera de la ley. Presidido por Adolfo Pérez Esquivel y con Roberto Cipriano García como secretario, es un organismo público que fue hecho depositario de los archivos desclasificados de inteligencia de la Bonaerense. En su sede de La Plata está, completa, la historia del horror, con su pico máximo en los años del general Ramón Camps como señor de la vida y de la muerte de la provincia. La CPM complementó su trabajo en los archivos, una tarea vital para la reconstrucción histórica y para los juicios de lesa humanidad, con informes rigurosos sobre la tortura y las condiciones carcelarias en las últimas décadas.
La página 125 del informe anual se llama “agravamiento crítico de las condiciones de detención en dependencias policiales”. Dice: “La sobrepoblación se mantiene desde mayo de 2016 por encima del 100 por ciento y con una tendencia en aumento que entre mayo y diciembre de 2017 alcanzó valores cercanos al 200 por ciento”. Otro párrafo describe “la falta de recaudos elementales para controlar incendios (matafuegos, redes contra incendios, protocolos de intervención) y de la presencia de factores concretos que los tornas factibles (instalaciones eléctricas precarias, colchones y materiales combustibles)”. Solo la mitad de las comisarías tienen matafuegos. Solo un 16 por ciento tienen mangueras de presión y extintores. Solo el 6 por ciento tiene salidas de emergencia.
Las muertes en la comisaría tercera de Esteban Echeverría superan ya a la masacre de Pergamino del 2 de marzo de 2017, cuando siete jóvenes murieron en un incendio en la comisaría primera de esa ciudad mientras estaban detenidos. Encerrados como castigo, algunos arrestados prendieron pedazos de colchones de goma espuma para llamar la atención. Los oficiales abandonaron a las víctimas, el fuego se extendió. Cuando los bomberos fueron llamados y actuaron, ya era tarde. Los siete de la celda uno estaban muertos.
En marzo de 2017 ya gobernaba María Eugenia Vidal. La de Esteban Echeverría es su segunda masacre.
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