Plan C

Tarifazos M: pedirán anular la estatización de la deuda y resarcir a usuarios, US$ 561 millones en juego

Más de 250 organizaciones y referentes apoyaron la denuncia contra Aranguren y solicitarán al Congreso que revise un decreto de Macri en beneficio de las empresas de gas.

ARI LIJALAD

La denuncia contra el ex ministro de Energía Juan José Aranguren por el desfalco de 561 millones de dólares vinculados a los tarifazos de gas recibió numerosos apoyos tanto en materia penal como en un reclamo que llegará pronto al Congreso: el pedido para que se revise un decreto de Mauricio Macri que selló el pacto entre Aranguren y las empresas productoras y distribuidoras de gas a partir del cuál el Estado se hizo cargo de pagarles tarifas dolarizadas y estatizó su deuda privada por más de 24.000 millones de pesos. De prosperar, el Estado se ahorraría 393 millones de dólares que Macri les garantizó a las empresas y los usuarios deberían ser resarcidos por otros 168 millones de dólares que les cobraron de más. Un total de 561 millones de dólares.

Este ovillo comenzó a deshacerse hace dos semanas, cuando el interventor del ENARGAS Federico Bernal presentó una denuncia contra Aranguren y siete ex funcionarios de ese organismo. En esa presentación judicial, Bernal reconstruyó cómo fue el pacto entre Macri, Aranguren y las empresas productoras y distribuidoras de gas para, primero, fijar tarifas dolarizadas y luego, ante la abrupta devaluación de finales de 2018, que el Estado se hiciera cargo de pagar la diferencia en las tarifas en 30 cuotas, en lo que podría considerarse otro aporte de campaña ilegal para Juntos por el Cambio. De hecho, la primera cuota se tenía que pagar en octubre de 2019, post elecciones, y Macri la pagó el 6 de diciembre, a 4 días de dejar la Casa Rosada. Con la denuncia de Bernal se logró frenar el resto de las cuotas.

Al conocerse su denuncia, el interventor del ENARGAS recibió más de 250 apoyos y respaldos tanto a la presentación judicial como a la petición de que se revise el decreto de Macri que, plantean, significó la estatización de más de 24.000 millones de pesos de deuda privada que las distribuidoras de gas tenían con las productoras. Este pedido llegará en los próximos días al Congreso, dirigido a los presidentes del Senado y Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Entre los apoyos hay sindicatos, federaciones de cooperativas y de inquilinos y movimientos sociales de todo el país.

La norma que buscarán suspender  o anular es el artículo 7 del decreto 1053, que Macri y su gabinete rubricaron el 15 de noviembre de 2018. Bajo el título de una modificación presupuestaria, incluyeron  en el artículo 7 este favor a las empresas que les garantizaba el cobro de los tarifazos dolarizados por parte del Estado. La razón era sencilla: si no hacían eso tenían que trasladar el tarifazo a la factura de los usuarios y Macri no quería malestar de cara sus intenciones de reelección.

El artículo dice que “el Estado Nacional asume, con carácter excepcional (…) el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período”.

En la denuncia contra Aranguren, Bernal reconstruyó como fue la maniobra que culmina con el artículo 7 del decreto 1053. Explica que en noviembre de 2017 Aranguren convocó a las empresas productoras y distribuidoras de gas para fijar precios por dos años en dólares. “En definitiva, ese pacto aseguraba por dos años las ganancias de las empresas productoras de gas ‘contra legem’”, aseguró Bernal. Y reveló que ante la conciencia de que ese pacto se hacía “a espalda de la ley 24.076”, que establecía que debían negociarse las tarifas, Aranguren no lo avaló por resolución ministerial sino con una simple nota.

“No se denuncia aquí una errónea política en materia de energía o gasífera, se denuncia una intervención ilegal de las autoridades del Ministerio de Energía y Minería y del ENARGAS para favorecer a empresas productoras de gas, actuando contra la ley y estableciendo un pacto no permitido por ella para trasladarlo obligatoriamente a los usuarios”, plantea la denuncia, que agrega: “Así quedamos los argentinos atados a una concertación ‘contractual’, con fijación de precios en dólares (variables según el tipo de cambio) que luego se trasladarían sin objeciones a la tarifa, por el plazo de dos (2) años y con precios únicos para cada una de las cuencas, algo inédito en la historia de la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076”. El caso lo investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral.

La reconstrucción sigue así: “Este sistema, delictivo desde el inicio por todo lo que hemos resumido y profundizaremos luego, tuvo su obvio corolario en octubre de 2018 al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar. Por aquel se pretendió, como era obvio, que la variación del valor de cambio fuera absorbido por el usuario en cuotas de su factura, lo que mereció el repudio generalizado y hasta la promoción de denuncias penales, lo que derivó, finalmente, en la absorción por parte del Estado Nacional de aquel acuerdo ruinoso para los bolsillos de los usuarios o de los contribuyentes y beneficioso para las empresas productoras de gas. Es decir, la maniobra delictiva la terminamos pagando todos los argentinos”. Ese corolario es el artículo 7 del decreto 1053 que numerosas organizaciones  pedirán al Congreso que anule.

Cuando, a fines de 2018, el Congreso trató ese decreto de Macri, el Frente para la Victoria hizo un dictamen de minoría donde advirtió que debía ser invalidado ya que no se explicaban los motivos por los cuales el Estado absorbía la deuda privada de las distribuidoras de gas ni cuál era la necesidad y urgencia de hacerlo por decreto. Es evidente que la necesidad y la urgencia eran las elecciones 2019 y que si bien ese aporte de campaña no fue suficiente lo que sí dejó es esta deuda impaga al nuevo Gobierno. Ese dictamen y el de mayoría de Cambiemos fueron elevados a las Cámaras parlamentarias pero, según los presentantes, no fue tratado. El DNU rige mientas no se lo rechace, que es lo que pedirán en los próximos días según indicaron a El Destape.

Bernal, interventor del ENARGAS, denunció que ese organismo fue cómplice de la maniobra. “La conducta esperada del ENARGAS, conforme reglas aplicables a la actuación del Ente, era rechazar enfáticamente el traslado de la variación cambiaria a la tarifa y su absorción en veinticuatro (24) cuotas. En cambio, hizo todo lo contrario, esto es, auspiciar el pase a tarifa de la variación  cambiaria, partirla en veinticuatro (24) cuotas como un ‘favor’ al usuario, y mantener el precio del gas en dólares en el periodo tarifario de octubre de 2018 a abril 2019. Y la maniobra se perfecciona cuando el propio Estado Nacional absorbe la deuda en el art. 7 del decreto 1053/2018”. O sea, no se cuidó a los usuarios de gas ante el primer tarifazo y se estatizó la deuda que igual pagan como contribuyentes con el decreto de Macri.

El Destape