Una red que se deshilacha día a día
¿Qué va a pasar con las causas contra Cristina Kirchner?
Obra pública
Es el caso virtualmente decisivo porque el punto de partida de Cambiemos-Comodoro Py fue que hubo un fraude con la obra pública de Santa Cruz para beneficiar a Lázaro Báez y de allí salió dinero para los Kirchner, lo que derivó en las causas Hotesur, Los Sauces y en las que ya se frustraron por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El juicio lleva ya 18 meses, aunque hay que descontarle cinco en que estuvo parado por la pandemia. El cálculo es que tardará un año más. Van 70 testigos, faltan 100.
Las defensas dicen que “lo que ocurre en el juicio supera las expectativas más optimistas”, porque las acusaciones se van cayendo.
*Por ejemplo, una hipótesis era que Báez compró todas las demás constructoras de Santa Cruz a partir de extorsiones, como una mafia. Pasaron por las audiencias los exdueños de esas empresas y dijeron lo contrario: que todo fue legal, registrado, a precios normales y que las ventas se produjeron por la muerte de los fundadores o algún miembro clave de la familia. Dinamitaron esa parte de la acusación.
*Se mencionaba que las obras no estaban en los presupuestos como correspondía y los testigos, encargados en el Congreso Nacional, demostraron que cada obra figuró y fue votada por diputados y senadores.
*Se ratificó que las obras estuvieron bien hechas y que no se pagó nada que no se hubiera construido. Eso ya estaba en la primera auditoría que ordenó el macrismo, pese a lo cual dibujó la denuncia.
*Los testigos de la fiscalía dijeron que los atrasos en las obras fueron los habituales de todos los contratistas que trabajaron en la Patagonia.
*Indefectiblemente vendrá la pelea final sobre el valor de las obras. En las últimas audiencias se cayeron las acusaciones sobre las redeterminaciones de precios por inflación. Aún así, la fiscalía, tarde o temprano, arremeterá con el perito Eloy Bona, aquel que twiteaba furiosamente contra CFK. Será un duelo con la perito de la defensa, Adriana Alperovich.
Este martes va a declarar Leandro García, interventor que puso el macrismo en Santa Cruz. Será una opinión autorizada, pero no parece haber encontrado irregularidades importantes.
Es el caso virtualmente decisivo porque el punto de partida de Cambiemos-Comodoro Py fue que hubo un fraude con la obra pública de Santa Cruz para beneficiar a Lázaro Báez y de allí salió dinero para los Kirchner, lo que derivó en las causas Hotesur, Los Sauces y en las que ya se frustraron por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El juicio lleva ya 18 meses, aunque hay que descontarle cinco en que estuvo parado por la pandemia. El cálculo es que tardará un año más. Van 70 testigos, faltan 100.
Las defensas dicen que “lo que ocurre en el juicio supera las expectativas más optimistas”, porque las acusaciones se van cayendo.
*Por ejemplo, una hipótesis era que Báez compró todas las demás constructoras de Santa Cruz a partir de extorsiones, como una mafia. Pasaron por las audiencias los exdueños de esas empresas y dijeron lo contrario: que todo fue legal, registrado, a precios normales y que las ventas se produjeron por la muerte de los fundadores o algún miembro clave de la familia. Dinamitaron esa parte de la acusación.
*Se mencionaba que las obras no estaban en los presupuestos como correspondía y los testigos, encargados en el Congreso Nacional, demostraron que cada obra figuró y fue votada por diputados y senadores.
*Se ratificó que las obras estuvieron bien hechas y que no se pagó nada que no se hubiera construido. Eso ya estaba en la primera auditoría que ordenó el macrismo, pese a lo cual dibujó la denuncia.
*Los testigos de la fiscalía dijeron que los atrasos en las obras fueron los habituales de todos los contratistas que trabajaron en la Patagonia.
*Indefectiblemente vendrá la pelea final sobre el valor de las obras. En las últimas audiencias se cayeron las acusaciones sobre las redeterminaciones de precios por inflación. Aún así, la fiscalía, tarde o temprano, arremeterá con el perito Eloy Bona, aquel que twiteaba furiosamente contra CFK. Será un duelo con la perito de la defensa, Adriana Alperovich.
Este martes va a declarar Leandro García, interventor que puso el macrismo en Santa Cruz. Será una opinión autorizada, pero no parece haber encontrado irregularidades importantes.
Dólar futuro
El caso acusó recientemente el impacto que produjo el fallo del juez Adrián Grünberg, que después de una pericia unánime, encabezada por los especialistas de la Corte Suprema --que dictaminó que no hubo perjuicio para el estado ni violación a las normas del Banco Central--, sostuvo que el juicio no debía hacerse y que correspondía que todos los imputados sean sobreseídos. Grünberg perdió dos a uno la votación en el tribunal, pero su fallo dejó secuelas. Los otros dos magistrados -José Michilini y Ricardo Basílico- sostuvieron que la pericia era una prueba más y, principalmente consideraron que no todos los defensores habían pedido el sobreseimiento y que el juicio no se haga. Este último razonamiento llamó la atención: si no existe delito, no existe para todos los que hayan intervenido, pidieran o no el sobreseimiento.
Lo concreto es que ahora se presentaron a la Cámara de Casación el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Alberto Beraldi -uno de los que no había hecho ninguna presentación- y la abogada de Alejandro Vanoli, ex presidente del Central, Ana María García. Aunque los pedidos tenían sus diferencias, en concreto se reclamaba que se concrete una audiencia preliminar en que sean escuchados los peritos y que si se confirma la inexistencia de delito, directamente el juicio no se haga. También hay un pedido de que se dicte el sobreseimiento ya mismo. La Casación podía haber rechazado los planteos, con lo cual el juicio seguía su preparación, pero aceptó el recurso, de manera que habrá un pronunciamiento sobre el caso.
Todo indica que el aparato de Comodoro Py no se quiere perder una foto con CFK y Axel Kicillof sentados como acusados, pero lo cierto es que la causa se cae a pedazos.
El caso acusó recientemente el impacto que produjo el fallo del juez Adrián Grünberg, que después de una pericia unánime, encabezada por los especialistas de la Corte Suprema --que dictaminó que no hubo perjuicio para el estado ni violación a las normas del Banco Central--, sostuvo que el juicio no debía hacerse y que correspondía que todos los imputados sean sobreseídos. Grünberg perdió dos a uno la votación en el tribunal, pero su fallo dejó secuelas. Los otros dos magistrados -José Michilini y Ricardo Basílico- sostuvieron que la pericia era una prueba más y, principalmente consideraron que no todos los defensores habían pedido el sobreseimiento y que el juicio no se haga. Este último razonamiento llamó la atención: si no existe delito, no existe para todos los que hayan intervenido, pidieran o no el sobreseimiento.
Lo concreto es que ahora se presentaron a la Cámara de Casación el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Alberto Beraldi -uno de los que no había hecho ninguna presentación- y la abogada de Alejandro Vanoli, ex presidente del Central, Ana María García. Aunque los pedidos tenían sus diferencias, en concreto se reclamaba que se concrete una audiencia preliminar en que sean escuchados los peritos y que si se confirma la inexistencia de delito, directamente el juicio no se haga. También hay un pedido de que se dicte el sobreseimiento ya mismo. La Casación podía haber rechazado los planteos, con lo cual el juicio seguía su preparación, pero aceptó el recurso, de manera que habrá un pronunciamiento sobre el caso.
Todo indica que el aparato de Comodoro Py no se quiere perder una foto con CFK y Axel Kicillof sentados como acusados, pero lo cierto es que la causa se cae a pedazos.
Fotocopias
El expediente también está elevado a juicio, pero interviene la Sala I de la Casación que debe tomar una decisión sustancial. Ana María Figueroa, titular de esa Sala, pidió las constancias de las grabaciones o videos de la declaración de los arrepentidos, algo obligatorio según establece la ley. Es conocido que en la instrucción del fiscal Carlos Stornelli y del fallecido juez Claudio Bonadio nunca se grabó ni filmó nada, entre otras cosas porque -según contaron los que fueron detenidos- el apriete era feroz: “si declara contra CFK y admite ser arrepentido, se va a su casa. De lo contrario, a la celda”.
El aparato fiscal contestó que la filmación o grabación no eran necesarios, que bastaba con la firma del imputado y su abogado. La norma dice textualmente: "las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice una evaluación posterior". Cualquier declaración requiere de firma y si se sostiene que debe haber un registro significa que no es la firma habitual, sino un elemento adicional, video o grabación.
Además de esa objeción existe otra de igual o mayor fuerza: la ley del arrepentido existía sólo para casos de narcotráfico y se extendió a casos de corrupción en 2016, durante el macrismo. Sucede que los hechos que se juzgan en el caso de las fotocopias son anteriores, de manera que las defensas afirman que no se puede aplicar la ley en forma retroactiva.
La Sala I, integrada por Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone tiene que tomar una decisión y lo haría sobre el final de la semana que se inicia.
El expediente también está elevado a juicio, pero interviene la Sala I de la Casación que debe tomar una decisión sustancial. Ana María Figueroa, titular de esa Sala, pidió las constancias de las grabaciones o videos de la declaración de los arrepentidos, algo obligatorio según establece la ley. Es conocido que en la instrucción del fiscal Carlos Stornelli y del fallecido juez Claudio Bonadio nunca se grabó ni filmó nada, entre otras cosas porque -según contaron los que fueron detenidos- el apriete era feroz: “si declara contra CFK y admite ser arrepentido, se va a su casa. De lo contrario, a la celda”.
El aparato fiscal contestó que la filmación o grabación no eran necesarios, que bastaba con la firma del imputado y su abogado. La norma dice textualmente: "las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice una evaluación posterior". Cualquier declaración requiere de firma y si se sostiene que debe haber un registro significa que no es la firma habitual, sino un elemento adicional, video o grabación.
Además de esa objeción existe otra de igual o mayor fuerza: la ley del arrepentido existía sólo para casos de narcotráfico y se extendió a casos de corrupción en 2016, durante el macrismo. Sucede que los hechos que se juzgan en el caso de las fotocopias son anteriores, de manera que las defensas afirman que no se puede aplicar la ley en forma retroactiva.
La Sala I, integrada por Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone tiene que tomar una decisión y lo haría sobre el final de la semana que se inicia.
Memorándum
Es otro expediente elevado a juicio donde se acordó tomarle testimonios decisivos al ex titular de Interpol, Ronald Noble, y al ex responsable legal, Joël Sollier. Ambos ya han dicho que los funcionarios argentinos, en especial el canciller fallecido Héctor Timerman, nunca hicieron ninguna gestión para mejorar la situación de los sospechosos iraníes y tampoco pidieron que se levanten las órdenes de captura con alertas rojas. De hecho, siguen vigentes hasta hoy.
Hay una fuerte controversia entre Noble y la conducción actual de Interpol que sostiene que no puede declarar sin el visto bueno de la organización internacional de policías. Noble llegó a twitear de forma enfurecida en contra de esa decisión.
Interpol ha hecho saber que no se responderán preguntas que no lleguen a Lyon, su sede central, y que no sean cursadas a través de la cancillería. Las preguntas no se enviaron todavía, tarea que está en manos de la titular del tribunal, María Gabriela López Iñiguez, y se supone que junto a los otros dos magistrados, José Michilini y Daniel Obligado, elaborarán y enviarán el cuestionario antes de fin de mes. Las respuestas vendrían de Interpol, pero habrá que ver qué hace Noble.
Lo que se percibe en todos los expedientes es que la acusación hace agua. Por lo pronto, en Obra Pública va de papelón en papelón en cada audiencia y hay tres juicios -dólar futuro, Memorándum y fotocopias- que hasta tienen dificultades para empezar. Los grandes medios y Cambiemos, que armaron todo con enorme estruendo, tratan de mantenerlas con vida pero hablan poco de los detalles que van apareciendo en cada causa, más todavía teniendo en cuenta que CFK ni siquiera aparece en el radar de alguno de los supuestos delitos.
Es posible que, cada tanto, esgriman reclamos de que hay impunidad, pero lo que se desnuda a cada paso es el armado político. Todo se parece a lo que se ve también en Brasil o Bolivia o Ecuador: causas armadas para impedir que Lula, Rafael Correa o Evo Morales participen de elecciones. En resumen, perseguir a los gobiernos que se resistieron a alinearse con el neoliberalismo.
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