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Peajes: las empresas rechazaron la auditoría del Gobierno e insisten con continuar el negociado que les dejó Macri

Desde el Ministerio de Obras Públicas ya trabajan en pos de la anulación de esas concesiones leoninas.

Ari Lijalad

Las empresas Autopistas del Sol y GCO, que tienen los peajes de la Panamericana y Acceso Oeste respectivamente, rechazaron la auditoría que realizó el Gobierno sobre la prórroga de esas concesiones con beneficios leoninos que les otorgó Mauricio Macri. Se trata, tal como reveló en su momento El Destape, de beneficios por más de 1.000 millones de dólares a ex socios de la familia Macri. Desde el Ministerio de Obras Públicas que comanda Gabriel Katopodis ya anunciaron que pedirán la anulación de esos contratos.

El Ministerio de Obras Públicas terminó hace unos días la auditoría sobre la prórroga de los contratos de concesión de Ausol y GCO. Los resultados son lapidarios. El Destape reveló en julio de 2018 que Macri les había garantizado el negocio a sus ex (¿ex?) socios hasta el 2030, con ganancias de 746 millones de dólares, tarifas obviamente dolarizadas y todo con una puerta abierta para nuevos juicios contra el Estado.

“Estamos solicitando la anulación de la concesión por 30 años de acceso Oeste y Panamericana", afirmó la semana pasada el ministro Katopodis, en El Destape Radio. Y agregó: “Necesitamos una instancia judicial que muestre la lesividad de la prórroga de las concesiones peajes y ahí el Presidente puede anularlos por decreto”. Es el paso siguiente luego de que las empresas rechazaran los términos de la auditoría.

En la auditoría de esta renegociación el Gobierno concluyó, entre otros puntos, que:

1. se reconoció una deuda por 746 millones de dólares
2. se extendió el plazo por 10 años
3. se desnaturalizó el objeto del contrato
4. se dolarizó un contrato que estaba pesificado
5. “el monto de la deuda reconocida es neto del impuesto a las ganancias. Esto significa que el ESTADO NACIONAL se obligó a garantizar ingresos a las Concesionarias que permitan abonar capital, intereses, y además el impuesto a las ganancias, lo que eleva considerablemente el importe final reconocido”. Esto lleva la deuda a 1.161 millones de dólares
6. “al dolarizar el contrato, esto se traslada a la tarifa perjudicando a los usuarios”.
7. “la cancelación de la deuda reconocida es prioritaria sobre los demás conceptos y obligaciones del Contrato”.
8. “se elimina el riesgo empresario, el cual fue considerado en los contratos originarios”
9. “el ESTADO NACIONAL se obligó a garantizar ingresos a las Concesionarias que permitan abonar capital, intereses, y además el impuesto a las ganancias, lo que eleva el importe final reconocido como deuda a la suma de, al menos, U$D 1.780.736.910.”
10. “no se cuenta con fundamentos que permitan dolarizar los Contratos de Concesión”

Dato aparte: para sostener esas ganancias dolarizadas GCO pidió este año un aumento de la tarifa básica del 549%, que pasara de $53 a $550 para cada auto; Ausol subió la apuesta y reclamó un aumento del 766%, donde el pago manual por auto pasaba de $45 a $634.

Las empresas rechazaron por escrito esta auditoría del Ministerio de Obras Públicas y dicen que no hay nada que revisar. Como son parte de un mismo grupo empresario, la multinacional Abertis, Ausol y GCO presentan siempre documentos gemelos ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Allí expresaron que “la Sociedad dejó planteada la nulidad e improcedencia del denominado proceso de ‘revisión’ del Acuerdo Integral” y que “corresponde reafirmar en esta instancia que el Acuerdo Integral es plenamente legítimo y fue aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional luego de un proceso en el que se cumplieron con todas las instancias de control establecidas en la normativa aplicable”. Lo único cierto es que fue aprobado por el Poder Ejecutivo: por Macri.

Esta renegociación leonina fue denunciada por los diputados Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto, Adrián Grana y Rodolfo Tailhade. El expediente estuvo en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral hasta que se jubiló. Pocos días antes había procesado al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, al ex Director de Vialidad Javier Iguacel y al ex Procurador del Tesoro Saravia Frías. Los camaristas Martín Doctrina Irurzun y Leopoldo Bruglia, paladines del lawfare macrista, anularon esos procesamientos. Pero la Cámara de Casación revirtió esa decisión con un fallo firmado por los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci.

El caso quedó entonces en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, la última en desembarcar en la primera instancia de Comodoro Py de la mano de Daniel “Tano” Angelici, una de las espadas judiciales de Macri. A principios de julio pasado Capuchetti dictó la falta de médito contra Dietrich, Iguacel, Saravia Frías y el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne. Dijo que no había pruebas suficientes para procesarlos. Ahora ya tiene en su escritorio la auditoría del Ministerio de Obras Públicas, que tal como informó El Destape se presentó como querellante en la causa.

La maniobra

El Destape reveló en julio de 2018 que Macri les garantizó a sus ex socios de la multinacional Abertis 746 millones de dólares con la renovación hasta el 2030 de las concesiones de los accesos Norte y Oeste. La gestión es a través de las empresas Ausol y GCO, respectivamente, ambas de Abertis. Esa “renegociación” fue con tarifas dolarizadas, cláusulas leoninas y la puerta abierta para nuevos juicios contra el Estado. De hecho, la maniobra para justificar esa renegociación incluyó la amenaza por parte de Abertis de un juicio contra el Estado por más de 1.793 millones de dólares, cifra que nunca justificaron pero sirvió de excusa.

El punto central del acuerdo fue la dolarización de la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es la tasa de interés o rentabilidad de una inversión. El Gobierno de Macri buscó instalar que hubo una mejora en las condiciones para el Estado, ya que el acuerdo hoy vigente redujo la TIR del 13,06% del contrato original de la década del 90 a un 8%. Pero la clave es que el contrato original era durante el 1 a 1, mientras que con Macri se les dolarizaron las ganancias y, por ende, las tarifas.

El moño a esta maniobra fueron los decretos 607 y 608 de 2018. El primero lo firmó la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti, a quien Macri le delegó la firma en línea con los consejos de Laura “técnicamente no es delito” Alonso, su enamoradiza titular de la Oficina Anticorrupción. Es el que corresponde a AUSOL, empresa donde los Macri fueron socios.

El acuerdo final lo firmó el ministro de Transporte Dietrich. El funcionario que trabajó en la redacción del acuerdo fue Ricardo Stoddart, jefe del servicio de asuntos jurídicos de la Dirección Nacional de Vialidad. Stoddart trabajó en el estudio Marval, O´Farrel & Mairal, uno de los principales estudios de la city porteña, especializado justamente en asesoramiento a grandes empresas y juicios en el CIADI. Es el estudio que representa a Abertis en las negociaciones para renovar las concesiones a sus subsidiarias Ausol y GCO. Es decir, el funcionario redactó la nueva concesión con sus ex (¿ex?) empleadores.

1.000 millones

A los 746 millones de dólares que Macri le obsequió a sus ex socios hay que sumarle que al menos Ausol realizó desfalcos por 358 millones de dólares en maniobras de autocontratación, sobrefacturación, distribución ilegal de dividendos, alquileres y compras a empresas ligadas a sus accionistas y evasión de impuestos. En total, entre el regalo de Macri y las triquiñuelas de la empresa, son más de 1.000 millones de dólares. Los datos surgieron de dos informes del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) presentado en el expediente judicial.

Pese a la existencia de estos documentos del OCCOVI que recomendaban lo contrario, Macri renovó las concesiones de acceso Norte con Ausol y Oeste. Un informe de mayo de 2015 de OCCOVI, que tiene carácter de reservado, resume que “por cada $100 de ingresos por facturación, $28,50 se destinaron a compras a empresas relacionadas y $35,30 a afrontar gastos financieros”. Es el resumen perfecto: utilizaron la concesión del peaje para tomar deuda, financiar con esa deuda empresas propias, pagar la deuda con la tarifa, vaciar la empresa y pedir entonces ayuda al Estado para renegociar las tarifas que, al final, se utilizaban para pagar deuda.

El OCCOVI señaló que Ausol hizo “un manejo deficiente de la empresa porque concentró toda su actividad económica en buscar financiamiento desde el exterior, pareciéndose más a un importador de servicios financieros que a un concesionario vial”. Y agregó: “Razón por la cuál en una primera apreciación no corresponde ningún tipo de renegociación contractual en los términos pretendidos por Ausol SA”. Es decir, no había ni que aumentar la tarifa de los peajes y menos aún que renovarles la concesión. Macri la renovó igual.

El OCCOVI resaltó que en 20 años de contrato Ausol no realizó aportes de capital, es decir, los accionistas no pusieron un peso y financiaron todo vía deuda, dinero que iba a las arcas de sus propias empresas y luego se pagaba con las tarifas de los peajes. Y concluyó que el contrato de concesión tenía una “razonable rentabilidad” del 7% pero Ausol obtuvo 358 millones de dólares por encima de eso.

“El contrato de concesión de Ausol SA ha sido un excelente contrato para esa compañía”, señala otro informe del OCCOVI datado el 11 de noviembre de 2015. Habla de las concesiones de los accesos Norte, Oeste y Ricchieri otorgadas el 15 de julio de 1994 por Carlos Menem, plasmadas en el decreto 1167. El acceso Norte quedó para Autopistas del Sol, un consorcio del que participaba por entonces la familia Macri; el Oeste para el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), consorcio comandado por Benito Roggio que pasó años más tarde al control de la española Abertis; la Ricchieri para AEC SA. El plazo original de las concesiones era 22 años y ocho meses, es decir, hasta el 2017.

El OCCOVI encontró 770 actas de constatación de incumplimientos contractuales. Y, en el informe reservado de mayo de 2015, dio cuenta de las altas ganancias de Ausol. Allí citan una Carta a los Accionistas de Ausol donde les informan respecto a la EBITDA, indicador de beneficios de la empresa antes del pago de impuestos e intereses. Es un dato clave a la hora de analizar el devenir de una empresa y, en el caso de Ausol, arroja un resultado notable: superó a las principales empresas del país. Del 2000 al 2014 tuvo un promedio EBITDA sobre ventas del 46%, superior a empresas con YPF (33%), Tenaris (26%), Telecom (31%), Petrobras (18%), entre otras.

En 2015, Ausol insistió con renegociar el contrato. “Realmente un absurdo”, sostuvo el OCCOVI. Macri “renegoció” igual y les garantizó ganancias en dólares.

El Destape