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Investigación internacional: los negocios turbios del macrismo con la excusa del G20

En diciembre de 2018, Argentina gastó 27,5 millones de dólares en armamento y logística para prepararse ante posibles protestas contra la cumbre, que se celebraba en Buenos Aires. Las compras incluyeron contratos con empresarios denunciados por corrupción y crímenes de lesa humanidad, muchos sin controles administrativos bajo la excusa de una urgencia ficticia. Las balas no se usaron y fueron enviadas a Bolivia para apoyar el golpe de Estado

(Laureano Barrera - Sebastián Ortega para elpais.com)  "Con un saquito entramado en blanco y negro, en el horario central de un set de televisión, la ministra de seguridad argentina, Patricia Bullrich, dijo: “Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves porque la ciudad va a estar muy complicada”.

El jueves sería 29 de noviembre de 2018, víspera del G-20, la reunión anual de los presidentes más poderosos del planeta para debatir sobre políticas financieras internacionales. La ciudad que invitaba a abandonar era Buenos Aires, capital del país anfitrión, Argentina. Las complicaciones iba a provocarlas el operativo de seguridad que su ministerio había montado para que circularan sin obstáculos veinte mandatarios con sus comitivas, 2.650 periodistas acreditados y miembros de ocho organizaciones internacionales. Y la frase, más que una recomendación, sonó como una amenaza.

“Hace más de un año que estamos trabajando para el G-20. Sabemos que se intentan generar espacios de violencia extrema y situaciones de caos y desborde —deslizó la alta funcionaria en la entrevista, bajando apenas el tono—. Y por eso, lo que vamos a plantear como estrategia es que en Argentina todos aquellos que quieran protestar pacíficamente, porque tienen una posición política e ideológica en contra del G-20, lo puedan hacer. Pero que nos ayuden”.

Lo que decía la responsable de la seguridad era cierto: hacía más de un año que su Gobierno venía preparándose para ese momento. Lo que descubrió Anfibia, en alianza con la investigación colaborativa y transfronteriza El Negocio de la Represión, en conjunto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros nueves medios del continente, es que eso significaba aprovisionarse de un arsenal que compraría en circunstancias dudosas y a personajes de grueso calibre.

La discreta visita de ‘Linterna Azul’

Catorce meses antes, a las 11 de la mañana del 1 de septiembre de 2017, se abrieron 29 sobres con ofertas de venta de equipos antidisturbios, bajo el expediente 347-0051-CDI17. Las empresas equiparían a las fuerzas de seguridad argentinas con armas menos letales en dos eventos internacionales que tendrían al país como anfitrión: la undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en diciembre de ese año, y la reunión anual del G-20, en diciembre del siguiente.

El Estado argentino planeaba invertir alrededor de 100 millones de pesos (dos millones y medio de dólares de la época) para adquirir 2.400 tonfas (o bastones), 180 escopetas calibre 12/70, 4.900 precintos plásticos para usar como esposas, 1.610 mantas ignífugas, 495 matafuegos y 3.150 escudos, bastones largos, máscaras antigás, cascos, guantes y protectores para piernas y brazos. Haría una contratación directa a través de la Compulsa Abreviada por Urgencia N°51/2017. El apuro que obligaba al Gobierno de Mauricio Macri a obtenerlas bajo esa modalidad, según ese documento, radicaba en las “acciones y operativos de seguridad que desplegarán las Fuerzas de Seguridad ante los graves disturbios y actos violentos generados por agrupaciones opositoras a esta clase de eventos”.

Dicho de otro modo: el Gobierno eludía el procedimiento habitual de compra por licitación pública (y sus respectivos controles administrativos) basándose en protestas violentas que aún no habían ocurrido y que nadie sabía si iban a suceder. Pero aun aceptando la presunción de que el Gobierno debía sumar armamento para estar preparado ante conflictos eventuales, la compra urgente parecía innecesaria: faltaban quince meses para el G-20, tiempo suficiente para licitar.

“El procedimiento abreviado sólo puede justificarse cuando ocurre una emergencia y el Estado tiene que dar respuesta sin la posibilidad de esperar los tiempos de una convocatoria pública. En este caso, el G-20 era un evento público, con fecha prefijada, y por lo tanto esa condición no existe”, explica un abogado que revisa compras y licitaciones en uno de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires.

Luego de estudiar el primer grupo de ofertas, una comisión evaluadora recomendó a siete empresas. Un mes después, el 24 de octubre de 2017, la ministra Bullrich firmó la resolución 1148/2017 que confirmaba a las compañías American Consulting Group SA, Buccello y Asociados SRL, Carols SA, Red Impact SA, Percles SA y Guillermo Nicolas Peire como las proveedoras del armamento (una séptima fue descartada por la impugnación de una competidora).

Buccello y Asociados SRL fue la más beneficiada. El Gobierno le adjudicó la venta de tonfas y protectores corporales por 20 millones de pesos (unos 565.000 dólares), aunque su contrato terminaría siendo rescindido porque la empresa admitió que los productos que había ofrecido no se ajustaban al pliego de condiciones sino a sus propios folletos.

Buccello SRL fue fundada en 1982 por Roberto Horacio Buccello y su padre Luis Renato, cuando la dictadura cívico-militar todavía estaba en el poder. Es una de las compañías que mayor cantidad de armas de fuego y armas menos letales provee a las fuerzas de seguridad federales y provinciales del país. También tiene exclusividad en la representación en el país de empresas armamentísticas globales, como la checa CZ, la alemana Dermalog (una multinacional de tecnología de reconocimiento biométrico), o la estadounidense Taser International, fabricante de las celebradas pistolas eléctricas.

Su actual gerente sigue siendo Roberto Horacio Buccello. Según un cable diplomático filtrado en los Wikileaks, el 2 de noviembre de 2009 recibió en una sucursal en la localidad de Olivos, vecina a Buenos Aires, la visita de un “correo” del Departamento de Estado norteamericano. En ese momento, la empresa gestionaba los permisos para traer armas desde el país del norte. El “Econoff” (asesor económico) “se reunió con los dueños de la empresa, Horacio y Renato Buccello. La empresa tiene numerosas armas en el sitio, pero parece que la mayoría de ellas son armas antiguas que son solo para exhibición. La tienda tiene un ambiente de museo”, anotó el informante.

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El hombre pertenecía al programa Blue Lantern (Linterna Azul), de la Oficina de Control Comercial de la Defensa, que lleva un registro de la documentación sobre la venta de armas desde Estados Unidos hacia el mundo y pretende asegurar que las rutas comerciales y el uso que le dará el destinatario estén respaldadas legalmente. Luego de diez días, el Econoff informó que Buccello sería un “corredor responsable de artículos de la Lista de Municiones de los Estados Unidos”. No era la primera vez que los agentes norteamericanos indagaban la empresa. Dos años antes habían visitado la sede comercial de improviso y encontrado una residencia familiar, por lo que habían llegado a una conclusuión opuesta: no se podía certificar “ninguna buena fe de Buccello y Asociados, incluso si tiene o no operaciones comerciales actuales”.

En el sistema digital donde se consignan las compras de agencias del Estado argentino de órbita nacional (muchas provincias tienen además la propia), Buccello tiene once licitaciones ganadas, siete de las cuales han sido a través de contrataciones directas (todas entre los años 2017 y 2018, cuando Bullrich estaba al frente del Ministerio), una modalidad que, como se dijo, debería ser de carácter excepcional. En tres de esas once operaciones (los procesos 279-0009-LPU21, 347-0006-LPR18 y 347-0051-CDI17) Buccello le proveyó al Estado armas no letales para la represión callejera: correajes, esposas y bastones extensibles para cadetes y policías, escopetas calibre 12/76, tonfas y protectores. Sin embargo, el cumplimiento de la compañía no parece ser su mayor virtud, ya que seis de las 12 operaciones terminaron siendo “dejadas sin efecto” y en la del G-20, como fue mencionado, aparece rescindido el contrato por incumplimiento.

“Las contrataciones dejadas sin efecto pueden ser por faltas de la empresa, o porque no consigue los insumos por trabas en la importación, por ejemplo. En ese último caso, el contrato se disuelve sin penalidad para la empresa, como sí sucede si el incumplimiento es su culpa”, detalla el abogado del organismo de control. Según la respuesta de un pedido de acceso a la información hecho al Ministerio de Seguridad argentino, Buccello y Asociados no tiene penalidades vigentes.

La suerte cambia para Zorzenón

Las otras dos empresas favorecidas en grandes montos en aquella licitación fueron Percles SA y Red Impact SA. La primera también fue sancionada por una demora injustificada en la entrega del armamento. Red Impact SA le vendió más de 3.000 escudos y la misma cantidad de pares de guantes, además de 1.000 bastones antidisturbio (un artículo que no aparece en sus publicidades de las redes sociales) por 12.886.250 pesos argentinos, unos 335.000 dólares del momento.

Red Impact SA ofrece cascos, uniformes, esposas y chalecos antibalas, además de otros productos textiles, como catres y tiendas de campaña desde el año 2008. Tiene el link de su página web roto. Algunos enlaces en internet muestran a distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales como sus principales clientes. Una revista digital asegura que, además, “cuenta con representaciones exclusivas de empresas internacionales de reconocido prestigio que abastecen a más de 50 países del mundo, y estrictos controles de calidad”. Su presidente es, desde hace algunos años, Gustavo Rodolfo Zorzenón, un exgendarme que decidió abandonar la fuerza tempranamente, estudió abogacía y probó suerte como empresario. La tuvo.

Los primeros tiempos fueron arduos. En el verano de 2009, Zorzenón viajó a China y medio año después importó chalecos antipunzantes que logró vender al Servicio Penitenciario Federal, según puede verse en fotos de redes sociales, pero al menos hasta 2014 no obtuvo licitaciones para pertrechar a otras fuerzas federales. En agosto de 2013 dio un paso firme, porque gracias a la influencia del entonces secretario de comercio, Guillermo Moreno, logró abrir un galpón en la Zona Franca de General Pico, en la provincia de La Pampa, que le permitió importar y exportar sin pagar impuestos y obtener créditos blandos para comprar insumos.

Al ritmo de las importaciones llegaron más viajes al exterior, por negocios, pero también por placer: Hong Kong, Indonesia, Bali. En 2014, el rendimiento de Red Impact tuvo su primer pico. Sólo con Gendarmería Nacional ganó cinco licitaciones que le significaron a la empresa familiar un ingreso de casi cinco millones de dólares al cambio de la época. En las fotos turísticas de las redes sociales de Zorzenón fueron mermando los paisajes ribereños, las termas del litoral y la costa bonaerense y comenzaron a repetirse las playas de Brasil o República Dominicana, o destinos urbanos más cosmopolitas como Roma o Nueva York. En 2015, obtuvo un contrato más, también con Gendarmería, por 1.200.000 dólares. A pesar de que su suerte parecía estar cambiando, Gustavo Zorzenón quería un cambio de rumbo político en el país y tuiteaba fervorosamente a favor del entonces candidato opositor Mauricio Macri en el balotage de fines de 2015.

No se equivocaba. Luego de la victoria electoral del empresario, para Red Impact vino lo mejor. Según el registro de la web de registro de las distintas licitaciones, llamada Compr.Ar, en 2016 la empresa ganó siete licitaciones públicas y una contratación directa que dejaron 5.225.000 dólares en las arcas de la empresa, a los que se sumaron 3.448.000 dólares de tres licitaciones al año siguiente. En cuatro años, la empresa de Zorzenón le había vendido equipos por casi 15 millones de dólares solamente a Gendarmería Nacional, como reconocería la propia fuerza en una causa judicial. Solo, con su mujer, con su madre y su suegra, o con toda la familia, por negocios o placer, el periplo de Gustavo Zorzenón por el mundo se volvió más exótico: Estanbul, Hong Kong, Bangkok, Saigón, Kiev. También Orlando o un balcón con vista al mar en Sunny Isles Beach de Florida, en Estados Unidos. Un espejo de su próspero negocio.

La prueba piloto

La reunión de la OMC terminó el 13 de diciembre de 2017 sin episodios memorables: ninguna definición importante acerca del rumbo económico del mundo, ninguna manifestación callejera. De todos modos, Gendarmería no tardaría más que unas horas en estrenar parte del armamento antidisturbio.

Esa tarde, cerca de las 18:30, varias columnas de organizaciones sociales llegaron a los alrededores del Congreso Nacional con la idea de montar una vigilia hasta el día siguiente, donde iba a ser la sesión para sancionar una reforma previsional. Un enorme operativo de Gendarmería y Prefectura esperaba a los manifestantes. Cuando se acercaron, los uniformados lanzaron un ataque feroz: dispararon sus armas con cartuchos de goma, gases lacrimógenos y soltaron perros adiestrados contra ellos. Hubo detenciones. Varias diputadas y diputados opositores que llegaron hasta el lugar para pedir que detuvieran la represión fueron empujados y golpeados por los efectivos. A Leonardo Grosso, diputado nacional del Peronismo para la Victoria, uno de los perros adiestrados le mordió el abdomen.

Esa jornada, el repudio a la agresión y el desbande dentro y fuera del recinto impidieron que se aprobara la ley. Al día siguiente, 14 de diciembre, se volvió a sesionar. Se dispuso un cordón más nutrido y hubo una nueva arremetida contra las columnas de gente, además de varios periodistas a quienes les dispararon balas de goma a corta distancia. Otra vez agredieron a legisladores que se acercaron a pedirle al jefe del operativo que lo detuviera: los rociaron con gas pimienta en la cara. Muchos de esos pertrechos habían sido comprados con procesos exprés. Esas tardes de humo y furia dejaron 162 personas heridas y más de 60 detenidas. Una prueba piloto para el año siguiente: el del G-20.

Entre junio de 2017 y septiembre de 2018, el Gobierno argentino selló siete contrataciones directas con la Dirección General de Fabricaciones Militares, una empresa nacional con sede en varias provincias, por algo más de 313 millones de pesos (unos 7.830.000 dólares del momento). La empresa estatal, que dependía del Ministerio de Defensa y estaba intervenida desde hacía cinco meses por el gobierno, tenía que entregar 8.300 chalecos antibalas RB2, 2.000 granadas de mano, 1.300 de gas lacrimógeno y municiones antitumulto.

Lo llamativo es que mientras se firmaban convenios entre dependencias y se demandaban armamentos no letales, el interventor Luis Riva despedía cerca de 600 empleados y cerraba una planta en la localidad bonaerense de Azul porque decía que sobraban empleados para la cantidad de producción que tenía. Los sindicatos estatales denunciaban que, en realidad, reducía la producción porque quería vaciar la empresa.

Riva era otro de los hombres de negocios que había ocupado una función ejecutiva durante el Gobierno derechista de Cambiemos. Había sido CEO en el Grupo IMPSA de la poderosa familia Pescarmona, dedicados al acero, y en los años noventa, con el peronismo más liberal en el poder, había sido presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), una usina pro mercado cuyo miembro más honorífico había sido José Martínez de Hoz, ministro de economía de la dictadura militar.

Esas ventas de Fabricaciones Militares al Ministerio de Seguridad tendrían un papel decisivo en la represión callejera, pero no en Argentina.

Las revelaciones del Comandante Mendoza

—En las líneas jerárquicas altas del Ministerio está arraigada la corrupción de todas las fuerzas de seguridad. Esto funciona como el famoso refrán: tributemos a la corona. Generalmente, el que quiere llegar allá arriba tiene que alinearse.

Quien lo asegura es Nelson Mendoza.

El ex director nacional del Ministerio de Seguridad que estuvo en funciones relató, sin entrar en detalles, lo difícil que es controlar a los uniformados: “Cuando uno ve irregularidades desde la conducción civil del Ministerio puede impulsar un sumario, seguirlo, sugerir acciones, pero cada fuerza tiene su propia oficina de asuntos internos y no se puede intervenir en el resultado final ni en la sanción. Es potestad de ellas”.

Mendoza habla desde la provincia norteña de Salta, en donde vive junto a su madre después de denunciar por corrupción a la cúpula de Gendarmería y de que esa denuncia, sostiene, le valiera el retiro obligatorio en mayo de 2021. Mendoza es abogado e hizo un posgrado en derecho administrativo de dos años para poder llevar a cabo su denuncia.

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