La Justicia boliviana condenó al ex funcionario que habilitó el ingreso ilegal de armas desde Argentina
Por el caso del contrabando de armas en Bolivia, el canciller de Jeanine Áñez es sentenciado a tres años de cárcel por facilitar el ingreso ilegal de armas desde Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, aún no hay sentencia para los funcionarios argentinos involucrados en el tráfico ilegal. El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, criticó el proceso judicial y la falta de profundización en la investigación en Argentina. En este artículo te detallamos el origen de la causa y los hechos del contrabando macrista de armas.
En el mes de diciembre del año pasado, la Justicia boliviana sentenció a Renzo Arteaga Fernández, ex canciller de Jeanine Áñez, protagonista del golpe de estado en 2019. El entonces funcionario falsificó documentos e incumplió funciones para facilitar el ingreso ilegal de armas desde Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Tras aceptar su culpabilidad, recibió una condena de tres años de cárcel.
Durante el desplazamiento de Evo Morales, el presidente en ese momento, el gobierno de facto habilitó el desembarco de armamento. Arteaga Fernández participó de la compra irregular de gases lacrimógenos y municiones anti-tumulto destinados a la represión en Bolivia. A su vez, otro de los responsables fue Normando Álvarez García, embajador argentino en La Paz.
Sin embargo, aún no hay sentencia para les funcionarios argentinos intervinientes en el tráfico ilegal. En este sentido, Ariel Basteiro, el actual embajador argentino en Bolivia fue muy crítico de este proceso. “Es importante que la justicia boliviana vaya avanzando y que haya una sentencia, a diferencia de lo que sucede con los tribunales en la Argentina”, remarcó ante Página 12.
En nuestro país, se radicó una denuncia en el fuero penal económico contra diversas figuras de la política nacional. Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Óscar Aguad, Marcos Peña, Álvarez García y el ex comandante de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, son algunes de les imputades.
Argentina no sentenció culpables
El fallo judicial emitido en la sentencia señaló a Álvarez García y Arteaga Fernández como las dos patas del contrabando agravado de armas. “Quien le dio un trámite irregular ese mismo día al pedido de Álvarez García fue Arteaga Fernández. El hombre ejercía entonces como responsable del Escritorio de Sobrevuelo, Aterrizaje y Porte de Armas del Ministerio de Relaciones Exteriores”, explicó el escrito.
Aún así, la Justicia argentina no sentenció a les culpables por su coparticipación en el traslado del armamento. Mientras en Bolivia aguardan por el avance del peritaje para profundizar la investigación, en Argentina no se registró ningún indicio. Según Basteiro, “hay una clara manifestación de no querer profundizar la investigación y de querer proteger a aquellos que son los responsables”.
De este modo, les apuntades son únicamente miembros de la Gendarmería Nacional. Esto se debe a que la denuncia promovida por Alberto Fernández no avanzó contra el círculo cercano a Macri. “La justicia argentina solamente llamó a declarar a los gendarmes, que son el hilo más delgado del entramado”, argumentó Basteiro en Télam.
En consecuencia, el embajador argentino apuntó contra la Justicia en nuestro país por su demora en la citación declaratoria de implicades. “Ya se comprobó que hubo tráfico de armas que llegó desde Argentina y hay muchos elementos para convocar a ministros, funcionarios o al propio Macri”, sentenció.
La causa está a cargo del juez, Alejandro Catania, que tomó declaración a les gendarmes argentinos que viajaron a Bolivia.
El origen de la causa
Áñez lideró un golpe de estado contra el gobierno de Evo Morales, quien debió exiliarse en Argentina en 2019. La llegada al poder estuvo acompañada de fuertes represiones y el uso de armas. Para ello, la gestión de Macri habilitó la venta ilegal de armamento a Bolivia el 13 de noviembre de ese año. Los elementos llegaron al aeropuerto de El Alto, en La Paz.
El actual funcionario de Gerardo Morales en Jujuy, Álvarez García, envió un pedido a la cancillería de Bolivia para trasladar gendarmes argentinos. Su objetivo fue internar miembros de la agrupación Alacrán en la embajada y la residencia del embajador. Asimismo, el actual condenado, Arteaga Fernández, facilitó el ingreso, falsificó documentos e incumplió deberes de funcionario público.
La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) retiró 70 mil balas anti-tumulto del hangar de los Diablos Negros del avión Hércules argentino. Sin embargo, la investigación comenzó tiempo después gracias a una carta enviada por el comandante de las FAB, Jorge Gonzalo Terceros Lara.
Los hechos del contrabando macrista de armas
De la investigación encabezada tanto por las autoridades bolivianas como por las argentinas, hasta ahora se reconstruyó el siguiente circuito:
El 12 de noviembre, la Gendarmería pidió sacar un complemento de las armas que ya le había autorizado un día antes la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Allí pidió autorización para llevar las 70.000 balas antitumulto, las granadas y los espray.
Ese mismo día hubo una reunión en la Casa Rosada entre el jefe de Gabinete Marcos Peña, Bullrich y los cuatro jefes de las fuerzas de seguridad federales. El comandante de la Gendarmería Gerardo Otero llegó acompañado por su secretario privado.
Cuando terminó la reunión, el jefe del Grupo Alacrán de la Gendarmería Fabián Salas mandó un fax a la FAA para avisar que también transportarían los 70.000 cartuchos. Remarcó que era lo que solían usar en casos como el de Bolivia, algo a todas luces no era cierto. El pedido inicial fue de llevar 3600 balas. Al día siguiente, multiplicaron la cantidad por 20.
El Hércules C-130 salió a las 23.40 de la base aérea de El Palomar. Las 70.000 balas de goma no fueron declaradas en el manifiesto de vuelo.
El avión argentino llegó a las cuatro de la mañana al hangar de los Diablos Negros en el aeropuerto de El Alto con once gendarmes, trece integrantes de la FAA como tripulación y una carga de 2500 libras.
La FAB pasó a buscar los 40.000 cartuchos antitumulto del propio hangar.
Los gendarmes bajaron del Hércules y se encaminaron hacia la residencia argentina junto con el embajador y los agregados. Allí se hizo entrega de las 26.900 balas a la Policía de Bolivia.
En la Policía de Bolivia no hay ingreso formal de las municiones argentinas pero sí un inventario que hicieron unos mayores. En la FAB hubo un inventario y una carta que ese mismo 13 de noviembre mandó el comandante Terceros Lara en agradecimiento.
Cuando los efectivos de la Policía de Bolivia pidieron a los gendarmes el desglose del material recibido, les respondieron que había sido coordinado por “altos mandos”. Ese mismo día, el jefe de la Gendarmería envió un sobre cerrado a través de la embajada de Bolivia en la Argentina al jefe de la Policía. Una posibilidad es que ese sobre cerrado contuviera el desglose que les habían pedido a sus subordinados.
El ministerio de Gobierno de Bolivia identificó a Adolfo Caliba, el agregado de la Gendarmería en La Paz, como quien coordinó la entrega de los proyectiles a la Policía de Bolivia.
El 17 de noviembre de 2019, Caliba participó de una reunión con las autoridades de la Policía de la dictadura de Jeanine Añez y le transmitió a Otero que decían que se estaban quedando sin materiales químicos.
Los documentos que dan cuenta de la operación ilegal se acumulan.
Esta es la investigación de mayor escándalo diplomático que provocó la presidencia de Mauricio Macri: “Todo indica que su gobierno(…) terminó por respaldar, en los hechos, a las fuerzas políticas y militares que desestabilizaron la democracia en Bolivia en 2019”.
Fuentes: Noda de Julián Bernadaz https://www.notaalpie.com.ar/2022/12/22/la-justicia-boliviana-condeno-al-ex-funcionario-que-habilito-el-ingreso-ilegal-de-armas-desde-argentina/
Agencia Boliviana de Información https://abi.bo/index.php/seguridad2/31502-golpe-de-2019-embajador-basteiro-revela-entramado-detras-de-la-condena-a-un-exfuncionario-de-la-cancilleria
En Orsai
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