Corrupción: la Comisión de Juicio Político de Diputados pidió citación del juez de "La Corte" Maqueda
La comisión de Juicio Político de Diputados, a instancia del bloque del Frente de Todos, solicitó hoy a la presidencia de la Cámara que se cite "inmediatamente" al juez de la Corte Suprema de la Nación Juan Carlos Maqueda para que responda por el supuesto mal desempeño en sus funciones de supervisor de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).
Por su parte, María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda, señaló que "a mí no me pedían gestiones, yo no gestionaba; era una simple ayuda, una simple guía, como la que puede hacer cualquiera que podría estar en la Corte, o como la podría hacer cualquiera cuando alguien pide una colaboración".
En su exposición, Villarruel se refirió al caso de la jueza Martina Forns sobre la situación que pasó en la pandemia con su marido, y dijo que su misión fue "el reenvío de su pedido a la obra social para cersoriarme que la comunicación que aparentemente estaba trabada pudiera ser allanada".
Agregó que "las personas que llegaron a mi para consultar por una cuestión con la obra social las puedo contar con los dedos de la mano", incluido "el caso de Forns, siempre mi intervención se limitaba a ver si la obra social había recibido ese pedido para que le dieron el curso que correspondía".
La exdirectora de la obra social del Poder Judicial, Claudia Madies, en tanto, señaló que "era la primera vez que intervenía un Directorio Colegiado en la OSPJN y el Estatuto planteaba modernizarla en las instancias prestacionales, de atención y de afiliación pero el Dr. Tonon imposibilitaba avanzar con medidas de gestión".
A su turno, el funcionario de la asesoría jurídica de la obra social, Néstor Fasciollo, detalló: “Había cuestiones de compras, como por ejemplo la compra de medicamentos, que no eran girados a la Asesoría Jurídica, y no requerían de la intervención nuestra, en el resto de los casos con licitaciones y contrataciones sí”.
María Marcela Viano Carlomagno, titular afiliada a la obra social, resumió su caso ante un problema de salud: “Los días pasaban y no me hacían la intervención quirúrgica, me decían que la obra social no otorgaba la prótesis, y a raíz de ese demora luego tuvieron que dejarme internada por una infección intrahospitalaria”.
Por su parte, Iván Nicolás Ritvo, contador público que se desempeño en la obra social, sostuvo: “El balance una vez que está firmado no se puede modificar, igualmente quien lo firma es el Directorio; mi función era pura y exclusivamente confeccionarlo, llevarlo a normas contables por así decirlo. Soy externo a la obra social, nunca fui interno, y el trabajo una vez que se terminaba se presentaba ante el Directorio”.
Por último, volvió a testificar María Guadalupe Burgos, quien hacía las veces de tesorera de la Obra Social: “En el sector de Tesorería no se toma ninguna decisión sino que se ejecutan órdenes, no se decide qué se cobra y ni qué se paga, todo pasa por las áreas previas donde se controla”, se defendió.
“Nosotros lo que visualizábamos eran los saldos bancarios a la fecha y teníamos un historial de los ingresos y los egresos, con eso se podían llegar a calcular los remanentes y si se podían afrontar o no los gastos”, completó.
En el último encuentro de la comisión, realizado hace dos semanas, había expuesto el exdirector de la Ospjn Aldo Tonon, quien había sido desplazado de su cargo meses atrás.
En su declaración, Tonon evitó dar precisiones sobre su gestión al frente de esa obra social, amparado "en el artículo 18 de la Constitución Nacional para no autoincriminarse", debido a las acciones judiciales que se tramitan en su contra en dos juzgados, según argumentó.
La comisión lo había citado en tres oportunidades para exponer sobre las denuncias de irregularidades en esa obra social, pero el exfuncionario recién asistió tras ser notificado por el juez Ariel Lijo de que debía comparecer en ese cuerpo.
Además, la comisión resolvió hoy aceptar la ampliación del juicio político impulsado por el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, al considerar que en esos casos el máximo tribunal resolvió dos causas "con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en cuestiones de jurisdicción local".
De acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento de la comisión, se deberán evaluar las pruebas para determinar si se declara admisible ese pedido.
La ampliación del juicio político a los integrantes del máximo tribunal había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, tras el fallo de la Corte que suspendió las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán por la presunta imposibilidad de los actuales mandatarios para buscar su reelección.
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