Vicentín muy cerca de pasar a manos de sus acreedores, entre los que se encuentra Estado Nacional
El viernes pasado, el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, tomó una decisión procesal que ha generado un gran impacto en el caso del gigante cerealero Vicentin. Esta medida acerca significativamente a la empresa a pasar a manos de sus acreedores, entre los cuales se encuentra el Estado Nacional, representado por los bancos estatales que son acreedores de la compañía.
La acción que tomó el juez Lorenzini fue la de rechazar la propuesta de acuerdo presentada por Vicentin en conjunto con sus acreedores. Cabe señalar que entre estos acreedores se encontraban empresas que están estrechamente vinculadas a la propia firma, actuando prácticamente como satélites.
Este rechazo marca el inicio de un proceso conocido como "cram down," un mecanismo contemplado en la legislación de quiebras y concursos que sienta las bases para que los acreedores asuman el control de la empresa que ha incumplido con sus obligaciones financieras.
El fallo emitido establece que la fecha de apertura del Registro de Oferentes será el 18 de septiembre de 2023, y se otorga un plazo de diez días hábiles judiciales para que se presenten ofertas, hasta el 29 de septiembre de 2023. Este plazo relativamente corto sugiere la celeridad con la que se espera que se resuelva el futuro del grupo empresarial.
En una resolución que consta de 27 páginas, el juez Lorenzini dedica los últimos párrafos a ofrecer sus reflexiones y conclusiones sobre el caso. En estas palabras finales, plantea la posibilidad de que en situaciones de crisis empresarial como la que estamos presenciando, se requiera un sistema eficiente de alertas tempranas, un mayor control y supervisión del Estado en empresas o sectores considerados estratégicos, y la implementación de medidas preventivas para el saneamiento patrimonial, incluso con el objetivo de evitar la cesación de pagos.
El juez Lorenzini rechazó las impugnaciones y el plan presentado por Vicentín y ordenó la apertura del período de concurrencia (cramdown o salvataje) para acreedores y trabajadores.
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