Gobierno Argentino Desenmascara Fraudes en la Venta de Tierras e inicia acción legal para recuperar Lago Escondido
El Gobierno argentino ha emprendido una acción legal sin precedentes para recuperar más de 10.800 hectáreas en poder de la empresa británica Hidden Lake, propiedad de Joe Lewis. La resolución del Ministerio del Interior destapa una serie de actuaciones fraudulentas en la adquisición de estas tierras, protegidas por su estatus como Áreas de Frontera. El dueño de Hidden Lake, Joe Lewis, se encuentra actualmente bajo arresto en Estados Unidos por fraude financiero. Este enfoque legal plantea un desafío significativo a las decisiones anteriores y resalta el compromiso del Gobierno con la protección de los recursos nacionales.
En una medida sin precedentes, el Gobierno argentino ha anunciado su determinación de recuperar las 10.823 hectáreas actualmente en posesión de la empresa británica Hidden Lake, propiedad del ciudadano inglés Joe Lewis. Este extenso terreno se ubica en la región cordillerana de la provincia de Río Negro, en las cercanías de El Bolsón. La resolución 1063/2023 del Ministerio del Interior, suscrita por el secretario del Interior, José Lepere, ha declarado como "lesivas al interés nacional" las autorizaciones otorgadas para la compra de estas tierras, las cuales gozan de una protección legal especial al ser consideradas Áreas de Frontera.
Con el fin de lograr este objetivo, el Gobierno ha dado inicio a una "acción judicial de lesividad" dirigida contra Hidden Lake, con el propósito de declarar nulas las autorizaciones de previa conformidad otorgadas a esta subsidiaria de la corporación multinacional británica Tavistock Group. Esta figura legal, conocida como "Lesividad", faculta a los estados nacionales a demandar la nulidad de un acto administrativo basado en fraudes y falsedades que, no obstante, ha generado derechos.
La Resolución del Ministerio del Interior, detallada en una minuciosa exposición de cinco páginas, enumera una serie de actuaciones fraudulentas e irregularidades administrativas que facilitaron a la empresa británica adueñarse de las tierras alrededor del Lago Escondido desde 1996.
El fundamento principal de esta resolución radica en la comisión de actos fraudulentos con el fin de ocultar la nacionalidad extranjera de los compradores de tierras ubicadas en una zona de Seguridad de Fronteras, de acceso restringido a ciudadanos argentinos con permisos especiales. Esta compra fraudulenta fue descubierta por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en 2012 y notificada a la Procuración del Tesoro, que en 2016 solicitó la declaración de lesividad y recuperación de las tierras.
Actualmente, el propietario de Hidden Lake, Joe Lewis, se encuentra bajo arresto en los Estados Unidos, acusado de 18 casos de fraude financiero, lo cual agrega un matiz significativo a esta resolución.
La decisión del Ministerio del Interior data del 23 de septiembre y plantea un desafío para el senador nacional y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien ha defendido los intereses de la multinacional británica desde 2011.
La denuncia que condujo a esta resolución fue presentada hace más de un año por la exsenadora Magdalena Odarda y los abogados Ernesto Mentecino Odarda y Juan Martín Palumbo. Odarda también ha liderado una batalla legal desde 2005 por la apertura de un acceso público al Lago Escondido a través del camino de Tacuifí.
El Gobierno Nacional busca recuperar este territorio para el patrimonio nacional, garantizando el acceso libre y seguro de todos los argentinos a esta fuente de agua dulce que ha estado restringida durante 27 años debido a presuntas compras fraudulentas. Odarda anunció su intención de establecer una Comisión Investigadora de Tierras al asumir su banca en diciembre, con el objetivo de investigar y, si es necesario, presentar denuncias penales respecto a negocios inmobiliarios con tierras rionegrinas que involucran a funcionarios y empresarios extranjeros. Después de casi cuatro años de gestión y en vísperas de elecciones, el Gobierno nacional ha tomado la decisión de abordar este asunto, que aún enfrentará un prolongado proceso administrativo y judicial.
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