23 de noviembre de 2023

Milei genera alarma entre sindicatos estatales por posible caída del aguinaldo

Declaraciones del presidente electo despiertan preocupación en trabajadores del Estado ante la incertidumbre sobre el pago del aguinaldo. Sindicatos advierten sobre impacto en condiciones salariales y derechos laborales.



Las recientes declaraciones del presidente electo Javier Milei han encendido las alarmas entre los trabajadores del Estado, generando incertidumbre sobre la garantía del pago del aguinaldo. En medio de una entrevista con Telefé Noticias, Milei dejó entrever la posibilidad de recortes, afirmando que "recortarán lo que tengan que recortar" en relación al gasto público, incluyendo potencialmente el medio aguinaldo.

La incertidumbre se ha propagado entre los sindicatos estatales, especialmente la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general adjunto, Rodolfo Aguiar, expresó su preocupación. Alertó sobre las implicaciones de las palabras del presidente electo, ironizando sobre su referencia al pago dentro de la ley mientras señalaba que el Sueldo Anual Complementario está contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo.

Las palabras de Milei, que insinúan la posibilidad de ajustes en el aguinaldo, han generado una fuerte respuesta de los sindicatos. Aguiar enfatizó que el no pago del SAC sería una violación a un derecho de orden público establecido por ley, cuestionando la priorización de recortes en los trabajadores mientras se omite el pago a otras entidades.

ATE y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) participarán en una audiencia convocada por el gobierno para discutir las condiciones salariales de la administración pública. Aguiar demanda un incremento salarial que supere la evolución de los precios, buscando asegurar que los ingresos del sector público estén por encima del costo de la canasta familiar en medio de una economía afectada por la inflación.

Las críticas hacia Milei han arreciado, con sindicatos y representantes de trabajadores advirtiendo sobre el riesgo de impacto en las condiciones laborales y salariales bajo su futura gestión, señalando la incompatibilidad de las medidas propuestas con los derechos laborales establecidos por ley.

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