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 Caso Cuadernos: empresarios denuncian aprietes para arrepentirse y fiscal intenta blindar el escándalo

Los empresarios Mario Rovella, Carlos Wagner y Aldo Benito Roggio denunciaron extorsiones de Bonadío y Stornelli para declarar en la causa “Cuadernos 3” y pidieron la nulidad de todo lo actuado. La fiscal Fabiana León busca evitar que se derrumbe todo el proceso y dictaminó por el rechazo de esos planteos. Con un tempo preciso, el exmilitar y chofer Oscar Centeno presentó este viernes un escrito para solicitar que se haga el juicio de la causa central con urgencia.

La causa Cuadernos se tambalea cada vez con más fuerza y puede derrumbarse. Tres empresarios denunciaron extorsiones del juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli para arrepentirse o confesar lo que el magistrado quería escuchar y pidieron la nulidad de todo lo actuado. Los planteos se dieron en la causa conocida como  “Cuadernos 3”. El último martes la fiscal de juicio Fabiana León buscó evitar que se derrumbe todo el proceso y dictaminó por el rechazo de esa pretensión. Con un tempo preciso, el exmilitar y chofer Oscar Centeno presentó un escrito este viernes y solicitó que se haga el juicio de la causa central con urgencia.

Las irregularidades en torno a estos famosos anotadores revelan que lejos de una profusa investigación el caso fue más bien una gran maniobra político-mediático-judicial para profundizar la persecución de opositores y extorsionar empresarios. La revelación de los ejecutivos que se conocieron en los últimos días es un nuevo escándalo que vuelve a exponer los hilos de  la operación.

Recordemos: apenas estalló el caso, en agosto de 2018, el chofer Centeno dijo que había quemado los cuadernos, por lo que se usaron fotocopias durante el proceso. Esto obstaculizó un peritaje de la tinta que pudiera exponer el momento en que se escribieron los anotadores. A cuatro días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2019, en las que Mauricio Macri estaba complicado, los cuadernos fueron resucitados de las cenizas y se presentaron en la Justicia. El año pasado, en una causa paralela a la central que tramita en Comodoro Py se realizó un peritaje sobre solo 3 de los 8 cuadernos y se confirmó que fueron manipulados por un policía retirado de la Federal, Jorge Bacigalupo, que hoy está procesado por ese hecho. Esos estudios también arrojaron que algunos de los anotadores fueron escritos de corrido, como si hubiera habido un dictado, y no cual diario de viaje. Ahora empresarios reconocen aprietes y extorsiones por parte del juez del caso para direccionar sus declaraciones, que no fueron grabadas como presupone la ley del arrepentido. Incluso uno, Mario Ludovico Rovella, dejó esto asentado ante un escribano que mentiría para no ir preso. En tribunales circula la versión de que no es el único que se acercó a una escribanía a certificar lo que estaba ocurriendo. ¿Se conocerán más casos al estilo Rovella?

Un escribano certificó el apriete

El 28 de febrero de 2019, en la previa a declarar ante Bonadío, el empresario Mario Ludovico Rovella, de Rovella Carranza Construcciones S.A, se presentó ante el escribano Diego Ignacio de Achaval para certificar que el 1 de marzo siguiente mentiría ante el magistrado para no quedar detenido.

De acuerdo al texto que rubricó en la escribanía, Rovella resaltó que Bonadío “en franca violación a derechos elementales, entre ellos, el de no ser compelido a declarar contra uno mismo procedió a privar ilegalmente de la libertad a distintas personas por el solo hecho de que no reconocieron y confesaron los presuntos delitos que se les atribuye, remitiéndolos detenidos a distintas unidades penitenciarias; en cambio quienes sí reconocen los delitos y validan los dichos de una persona que se adhirió al régimen de la delación premiada, me refiero al Sr. Ernesto Clarens, mantienen su libertad ambulatoria. Ante esa situación, que estimo abiertamente ilegal, y dado que no admito ser privado ilegalmente de mi libertad, me encuentro en el estado de necesidad de tener que reconocer, sin que sean verdad, ciertos hechos al solo efecto de evitar ir a prisión injustamente”. Dijo que los pagos que reconocería en sede judicial “no resultan ser verdaderos”.

El 22 de noviembre de 2022 Rovella fue a retirar el documento que había dejado en la escribanía. La presentó junto a sus abogados Pablo Medrano y Enrique Arce en el Tribunal Oral en lo Federal Nº7 en marzo de 2023 cuando se ofreció la prueba de la causa 13816/2018 de cara al juicio. Se trata del expediente conocido como “Cuadernos 3”. Allí se investiga la asignación de obra pública vial en las condiciones que relató Wagner como "arrepentido".

Con ese documento y diversas argumentaciones Rovella pidió la nulidad de todo lo actuado a partir de su indagatoria.

¿Porque se conoció este escrito ante escribano en los últimos días, luego de una publicación del periodista Néstor Espósito en el diario Tiempo Argentino, si se presentó en la justicia en 2023? Porque el tribunal lo tenía guardado y recién ahora le dio trámite al planteo de Rovella. Hasta estos días ni siquiera se había digitalizado la presentación de ese empresario pidiendo la nulidad. Al darle trámite al planteo,  el tribunal corrió vista a las partes, que se expresaron. Entonces aparecieron las voces de otros empresarios que dieron cuenta de las extorsiones para declarar en su propia contra y de los gobiernos kirchneristas.

Bonadío a Roggio: “El que avisa no traiciona”

El 16 de febrero el empresario Aldo Benito Roggio adhirió al planteo de nulidad de Rovella. Los abogados defensores, que son Jorge Valerga Aráoz  y su hijo que lleva su mismo nombre, resaltaron “el contexto ilegal" en que declaró Roggio y dijeron que su defendido "se había visto compelido a declarar del modo en que lo hizo porque, de lo contrario, quedaría detenido”.

En esa línea recordaron que al terminar el primer tramo de la declaración indagatoria de su defendido, el 14 de agosto de 2018, el juez dispuso un cuarto intermedio. Entonces “al igual que lo expresan los Dres. Medrano y Arce (defensores de Rovella), tanto él como nosotros tuvimos la absoluta convicción de que si negaba los hechos consultados más allá de ser o no ciertos, no se convalidaría el acuerdo y consecuentemente terminaría preso. Esa convicción estuvo avalada por el dato objetivo e irrefutable a la luz de la realidad vivida durante esos días: antes que nuestro asistido habían declarado 17 empresarios, de los cuales 6 quedaron detenidos y 11 fueron liberados; los 6 detenidos no se acogieron a la ley del arrepentido, y los 11 liberados previa homologación del acuerdo por parte del Juez, sí se acogieron a ella”.  

Según los letrados, Bonadío había dispuesto el cuarto intermedio “inmediatamente de que nuestro defendido negó la existencia de supuestos ‘retornos’ en el pago de subsidios al transporte”. “Inocultablemente (el juez) persiguió que él (por Roggio) asumiera que la homologación del acuerdo le aseguraba permanecer en libertad, al punto que el juez concluyó su intervención manifestando textualmente, en un tono audible por todos los presentes: ‘… el que avisa no traiciona’, dejando en claro cuál era la condición impuesta para poder hacerlo (asumir que se habían hecho los pagos indebidos por los que se requirió)”.

Ocho días preso antes de arrepentirse

El 22 de febrero pasado, el empresario Carlos Wagner también adhirió al planteo de nulidad de Rovella y allí detalló que sufrió aprietes similares por parte del juez. Sus abogados Zenón Ceballos y Federico Ceballos remarcaron que Rovella fue sometido a una “coacción psicológica” con “el único objetivo de arrancarle una confesión para evitar la prisión” y que su defendido pasó por un derrotero similar. Aunque resaltaron algunas diferencias. Por ejemplo, destacaron que “la colaboración que ‘voluntariamente’” prestó Wagner “para acogerse a la Ley 27.304 se produjo luego de haber pasado 8 días en tres dependencias carcelarias distintas hasta su destino final en el penal de Marcos Paz, condición que, de por sí, hace presumir el estado de alteración emocional y psicológica que estos deliberados traslados procuraron generar en el ánimo” de su defendido. También marcaron como diferencia que la “homologación del acuerdo de colaboración del Ing. Wagner ante el juez fue llevada a cabo inmediatamente después de la audiencia en la fiscalía, lo que conspiró contra cualquier análisis genuino” de cómo fue la declaración del empresario. Es decir, de si hubo presiones o no para que declarase como lo hizo.

Las presiones de Stornelli sobre los empresarios acusados fueron públicas. Llegó a hablar de que no había “sortijas” para todos en clara referencia a que no aceptarían a todos como arrepentidos por lo que varios quedarían tras las rejas. El rol de los arrepentidos era clave para esta pesquisa que estaba endeble de pruebas fidedignas. Por eso se multiplicaron las presiones sobre los empresarios y sus declaraciones no se registraron mediantes medios técnicos idóneos como establece la ley sino que solo se dejó constancia escrita de lo relatado.

Ante este cuadro de situación, la defensa de Wagner señaló que “ante la falta de un registro idóneo de dicha audiencia, se obturó cualquier vía para poder, en un futuro, conocer lo verdaderamente ocurrido, y la forma en que el imputaod tomó la decisión de ‘colaborar’ delatando a terceras personas, única finalidad que perseguían los funcionarios judiciales y condición excluyente para la concesión de la libertad”.

Entre las medidas de prueba requeridas por Wagner está la citación de abogados y exabogados que intervinieron en la causa. Entre ellos menciona a Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia de la Nación, quien defendía al empresario Sergio Taselli. Cúneo Libarona dijo en los medios: “Taselli está detenido que no sé la verdad por qué”. Acto seguido contó que en la indagatoria a Taselli se le empezó a preguntar de diversas cosas que no tenían que ver con el objeto del proceso como el paso de su defendido por área de Transportes. “Me preocupa que esto tenga que ser así: tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente vas preso. Me dio esa sensación y me alarmó cuando me fui. Hay que ir y confesar sino quedás preso y no me gusta”, indicó en su momento en declaraciones a Radio La Red. “Si queda preso va a tener que inventar algo y confesar. Involucrar a alguno. Si no sale en libertad en breve lapso, va a mentir y va a involucrar a alguno”, afirmó entonces el ahora ministro y graficó cómo se operó en la causa de los Cuadernos.

A estos testimonios se suma el de Ricardo Scuncia que se manifestó en un sentido similar.

Estos relatos describen hechos que chocan con el artículo 296 del Código Procesal Penal, que establece que al un imputado “en ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir verdad ni se ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión".

La fiscal busca contener el escándalo

Ante este escándalo, la fiscal de juicio Fabiana León busca contener el desmoronamiento del caso.En un dictamen que firmó el pasado 5 de marzo le solicitó al tribunal que no acepte los pedidos de nulidad. Y hasta trató de “tramposos” a los abogados defensores.

Para León, el planteo de Rovella “ya fue suficientemente definido en este expediente” en otras presentaciones que daban cuenta de coacciones. Dice que “no es un planteo novedosos”. Y señala que “se parte de una premisa discutible (contexto de coacción por aplicación de un procedimiento de detención) y de otra normativamente desacertada (cuestionamiento de su propio acto de defensa material)”.

La novedad de lo planteado por Rovella es que concurrió a una escribanía para certificar que mentiría para no quedar preso. La fiscal busca desacreditar ese movimiento: “Sólo resta añadir la intrascendencia probatoria o procesal del depósito de un documento por ante el escribano, pues amen de sólo certificar una fecha y una acción, ello nada dice ni prueba sobre la ‘coacción psicológica’ que alega haber sentido ante aquella citación”, respondió León. Y concluyó que la indagatoria de Rovella cumplió los recaudos exigidos por la ley.

Fue tal el impacto que produjo la declaración de Rovella ante un escribano que la fiscal al cierre de su dictamen se despachó con que “nuestro sistema de justicia se rige por los principios de la ética y de buena fe en el pleito” y que “nadie puede variar de comportamiento injustificadamente, ni mucho menos oponer o contradecir actos propios anteriores con acciones oportunistas, volubles y/o sorpresivas, que afecten la confianza depositada en el acto jurídico”.

León es la misma fiscal que ya buscó blindar el caso Cuadernos cuando en una causa paralela se conoció, a través de un peritaje oficial, que los cuadernos habían sido manipulados por el policía de la Federal (retirado) Jorge Bacigalupo. León entonces intentó sacarle el expediente al juez de primera instancia de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi que lleva ese caso. Por ahora no pudo.

Según el relato oficial, Bacigalupo era un amigo de Centeno al que el exmilitar entregó los cuadernos en custodia por temor a que lo investigaran. El expolicía es quien se los acercó al periodista de La Nación Diego Cabot, quien los escaneó y se los llevó al fiscal Stornelli para luego publicar el contenido de los anotadores. En el interín, supuestamente, Bacigalupo devolvió los cuadernos a Centeno.

Centeno pide que el juicio se haga ya

Este contexto, al parecer, provocó apuro en más de un interesado en que este caso avance y no se desmorone. Este viernes 8 de marzo se presentó el exmilitar y chofer Oscar Centeno en la causa principal de Cuadernos a pedir que se acelere el proceso para que se haga el juicio.

El defensor público Sergio Steizel presentó un escrito en el que señaló que se entrevistó con Centeno y este le “manifestó su preocupación por la falta de avance de la causa”.

El exmilitar “hizo saber que hace seis años que se encuentra bajo el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación, lo que le ha producido innumerables restricciones económicas, laborales, ambulatorias y, particularmente, en la relación con su familia, con las consecuencias y los perjuicios que ello conlleva”. También resaltó que “mientras la totalidad de los restantes imputados de la presenta causa se encuentran en libertad” él ve sus derechos restringidos. “De tal modo el horizonte que mejor considera para solucionar el dilema es la pronta realización del debate oral y público”, escribió.

Al día de hoy no hay fecha de inicio para el debate oral y público. En la causa central no se peritó ningún cuaderno, por ejemplo.

EL DESTAPE