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Capital Humano: Desvío masivo de alimentos en los días previos al allanamiento con camiones privados

Un entramado de irregularidades y acusaciones rodea la gestión del Ministerio de Capital Humano. La justicia investiga el desvío de miles de kilos de alimentos destinados a comedores populares y las inconsistencias en los inventarios.

(Por Santiago Rios) Los más de cinco millones de kilos de alimentos almacenados en dos depósitos en las provincias de Buenos Aires y Tucumán siguen sin ser repartidos, generando un escándalo que expone al gobierno bajo la lupa judicial. La administración actual, en su afán por esquivar las órdenes judiciales, no advierte que incumplir con la cautelar dictada por el juez Sebastián Casanello y ratificada por la Cámara Federal equivale a una virtual confesión del delito investigado: incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el centro de este embrollo, una nueva versión ha comenzado a tomar fuerza, aunque aún no ha sido comprobada ni incluida en el expediente judicial. Se especula que en los días previos a los allanamientos ordenados el sábado 1 de junio por Casanello, a instancias de la fiscal Paloma Ochoa, salieron seis camiones “privados”, cada uno custodiado por dos vehículos particulares, desde el galpón de Villa Martelli con rumbo a Saladillo, en la provincia de Buenos Aires.

Estas afirmaciones, aunque no confirmadas, han sido recogidas por las querellas, Juan Grabois y la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, quienes aseguran haber escuchado relatos similares. Se menciona que los camiones no pertenecen a organismos oficiales ni a empresas transportistas conocidas, sino a contrataciones informales. Se trata de fleteros independientes a los que se les montó la carga, se les acompañó hasta cercanías de Saladillo y, tras 48 horas de espera, se les pagó y devolvió sus vehículos vacíos.

La gran pregunta que surge es: ¿existieron realmente estos camiones? Y si es así, ¿qué transportaban?

Voceros del gobierno insisten en que durante los allanamientos no se encontraron alimentos vencidos, un intento claro de desviar la atención de las inconsistencias más graves. La investigación continúa analizando los ingresos y egresos del depósito de Villa Martelli, y hasta ahora se han detectado discrepancias significativas entre los listados de alimentos almacenados que Capital Humano consignó en el expediente y el inventario resultante del allanamiento.

El canal de noticias C5N ha informado sobre la desaparición de 157 mil kilos de comida. Según la Ley de Tránsito 2449, los camiones semirremolques o con acoplados no pueden superar un peso total de 45 toneladas. En seis camiones podrían caber hasta 270 mil kilos, lo que abre la posibilidad de un desvío masivo de alimentos, aunque aún no está claro qué y cuánto se ha perdido realmente entre lo declarado y lo que efectivamente estaba guardado.

El artículo 255 del Código Penal estipula penas de entre un mes y cuatro años de cárcel para quien "sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente". Si el autor es el depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo. Esta normativa no distingue entre particulares y funcionarios públicos, pero si se trata de un funcionario, el escándalo es mayor.

La cautelar que ordena repartir la comida fue dispuesta en el marco de una causa iniciada en febrero por Juan Grabois, debido a que el gobierno no abastecía a los comedores populares donde millones de argentinos dependen de una comida diaria. El Ministerio de Capital Humano, según la denuncia, incumple con un deber esencial, dando lugar a una causa judicial en la que se ha comprobado la razón de Grabois.

Ante los requerimientos de la Fiscalía, el Ministerio de Capital Humano de la Nación no ha contestado sobre la entrega de alimentos durante diciembre de 2023 y los primeros meses de 2024. En cambio, se limitó a describir irregularidades sin ofrecer pruebas documentales, testimoniales o analíticas que las respalden. El 9 de abril, Capital Humano presentó un escrito afirmando que no existe normativa que determine los procesos de distribución de alimentos, sugiriendo que la entrega se hacía a demanda de las organizaciones y bajo la definición política de la autoridad.

Sin embargo, después del fallo de la Cámara que ordenó presentar un plan de distribución en 24 horas, el Ministerio informó que la leche en polvo sería distribuida por la Fundación CONIN, del controvertido pediatra Abel Albino, dentro del Plan Nacional Argentina contra el Hambre y Emergencia Alimentaria Nacional. Esta contradicción expone una admisión tácita de que al menos dos planes de distribución existían y se aplicaron, pese a negar su existencia previamente.

El fallo de la Cámara Federal, particularmente el voto del juez Eduardo Farah y algunos indicios de Martín Irurzun, sugieren que en Comodoro Py se empieza a percibir una sensación de fragilidad en el gobierno. La administración anunció que las cinco toneladas restantes de alimentos se distribuirían en "escuelas vulnerables", pero no especificó cuáles, dónde están ubicadas, con qué criterios serán seleccionadas ni cuándo comenzará la distribución.

Para determinar si un funcionario público incumple con su función, es necesario probar el "dolo", es decir, la intención deliberada de no cumplir con sus deberes a sabiendas. El Código Penal, por ahora, no castiga la ineptitud, pero este caso podría marcar un precedente significativo.

remarquemos que la información de esta nota fue obtenida de un artículo del periodista Néstor Espósito para el portal Tiempo Argentino. La trama de corrupción y negligencia gubernamental en la distribución de alimentos destinados a los más vulnerables sigue desvelándose, mientras la justicia avanza en una investigación que promete sacudir los cimientos del actual gobierno.

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