Plan C

Capuchetti, Borinsky y Petrone rumbo al Vaticano

Jueces de Comodoro Py se reunirán con el Papa, en una audiencia gestionada por un defensor de genocidas 

El encuentro fue coordinado por el obispo castrense Santiago Olivera, crítico de los juicios de lesa humanidad y la prisión para represores. Borinsky y Capuchetti integran una comisión convocada por el gobierno para elaborar un anteproyecto de reforma del Código Penal.

Irina Hauser

A raíz de una gestión del obispo castrense Santiago Olivera, este lunes —si nada altera los planes— tres jueces de Comodoro Py tendrán una audiencia privada con el Papa Francisco. En el encuentro organizado por el jefe de los capellanes militares, un hombre que critica los juicios de lesa humanidad y suele quejarse y bregar por los genocidas presos, estará la jueza María Eugenia Capuchetti, para quien la semana pasada pidió juicio político un grupo de diputados/as de Unión por la Patria que cuestiona su actuación en la causa sobre el intento magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. La magistrada, todo indica, fue convocada por el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, a quien Olivera había dirigido la carta de invitación, que incluye a otro miembro de ese tribunal, Daniel Petrone. El objetivo, según el texto al que accedió Página/12 es “tratar diversos temas institucionales tales como la reforma del Código Penal, Reforma del Código Acusatorio, entre otros”.

Borinsky y Capuchetti integran, en efecto, una comisión convocada por el gobierno de Javier Milei para elaborar un anteproyecto de reforma del Código Penal. Petrone es miembro de otra que monitorea la implementación del Código Procesal Acusatorio (donde los fiscales ganan protagonismo y el sistema, en teoría, agilidad y oralidad). Borinsky le había dicho a este diario que la reunión había sido gestionada por él mismo. La carta que le envió Olivera con fecha del 12 de junio último dice otra cosa. “Tengo el agrado de dirigirme a usted en referencia a la invitación de que usted junto a los doctores Daniel Antonio Petrone y María Eugenia Capuchetti puedan asistir a una audiencia privada con el Santo Padre”. Ahí le habla del posible temario y el propio obispo le cuenta que había tenido audiencia con el Papa el 25 de mayo y “luego de manifestarle esta inquietud —sigue— desde la Prefectura de la Casa Pontificia, me comunican que el Santo Padre los espera y recibirá el día lunes 19 de agosto de 2024 a las 9 hs en el Palacio Apostólico”. Al final le desea un “fecundo” encuentro.

La semana pasada Borinsky se cruzó con colegas del tribunal en el pasillo y les comentó que el lunes vería “a Francisco” sin dar mayores explicaciones. Después avisó, pudo reconstruir este diario, que le llevaban con Petrone de regalo un plato con la inscripción “Cámara”.

El obispo castrense, cómo queda a la vista, no parece únicamente dedicado a su tarea de dar asistencia espiritual/religiosa a las fuerzas armadas y de seguridad. También interactúa con jueces y en este caso se trata de tres que intervienen en reformas penales. ¿Por qué monseñor Olivera es el que gestiona el encuentro? ¿Qué tiene que ver con su función? En teoría, poco o nada.

Contexto

Estos tiempos de revuelo por la visita de diputados/as de La LIbertad Avanza a represores emblemáticos como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Adolfo Donda, entre otros, alojados en un sector del penal de Ezeiza, le dan a estos buenos oficios de Olivera un cariz particular. Según contó públicamente la diputada Rocío Bonacci, quien formó parte del contingente que fue a la cárcel (aunque dijo que la llevaron engañada) el diputado organizador, Beltrán Benedit, se llevó una propuesta manuscrita por Guglielminetti con ideas para lograr la prisión domiciliaria de los condenados por secuestros, torturas, desapariciones, violaciones y homicidios durante la última dictadura. También desde la unidad 34 en Campo de Mayo, donde hubo visitas de diputados y emisarios del ministro de Defensa, Luis Petri, los detenidos por crímenes de lesa humanidad hicieron llegar ideas para hacer caer las causas y buscar atajos para que los genocidas vuelvan a sus casas.

El 26 de marzo de este año el obispo castrense en esta línea pidió por los militares “enfermos y con años de prisiones preventivas”, que “siguen sufriendo la cárcel y, lo que es peor, siguen sufriendo por causa de miradas parciales e ideologizadas”. Dos días antes, con el enfoque de la “memoria completa”: “el pecado ha hecho estragos en nuestra Patria, tantos años de enfrentamientos; hoy en nuestro país conmemoramos el 24 de marzo, el día de la memoria por la verdad y la justicia y paradójicamente esta memoria la cortamos. Esta memoria que no es toda, es una parte, por más gravedad que tenga una de ellas, queremos negar una parte de nuestra historia de hermanos nuestros que enfrentaron a otros hermanos, secuestrando, poniendo bombas, matando.”

En una misa oficiada en la iglesia catedral Stella Maris, de Retiro, se refirió a quienes permanecen detenidos sin sentencia en causas por delitos de lesa humanidad y señaló que se constatan “muchas injusticias, y sin duda, lo más parecido a la venganza”.

La misma frase fue utilizada días atrás por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al sincerar que el gobierno quiere mejorar la situación de los represores: “Hay gente de más de 80 años que está enferma, débil, que está en la cárcel y que bien podría estar en otras condiciones de detención. Me parece que estamos afectando el criterio de humanidad de las penas, estamos afectando el criterio de dignidad. Y esto ya no se ha convertido en justicia, sino que se torna en venganza”. A su lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, coincidió y se lamentó por los genocidas que, dijo, están presos en cárcel común con “enfermedades terribles”. Tienen toda la atención que necesitan, pero el gobierno quiere beneficiarlos igual.

Cúneo Libarona integra la comisión reformadora del Código Penal, junto con otros personajes como Fernando Soto (estrecho colaborador de Bullrich e ideólogo de la doctrina Chocobar para que los agentes de seguridad puedan disparar armas de fuego sin sufrir consecuencias penales si matan) y Carlos Alberto Manfroni, jefe de gabinete en el Ministerio de Seguridad. Este último es autor junto con la vicepresidenta Victoria Villarruel del libro Los otros Muertos, de 2014, también inspirado en la teoría de los dos demonios y lo que llaman "las víctimas del terrorismo", en alusión a la guerrilla de los años 70. Manfroni predica en favor de la domiciliaria para los represores.

La periodista Luciana Bertoia informó que en 2019, Olivera participó de un curso internacional para capellanes militares en Roma, donde cuestionó los juicios por crímenes contra la humanidad. Dijo que se hacen violando derechos humanos. “A los militares se los llama ‘genocidas’ o ‘represores’ mientras que a los terroristas y subversivos ‘jóvenes idealistas’”, protestó en alusión a otro libro de Villarruel: Los llaman jóvenes idealistas. A la vicepresidenta el obispo la visitó el 23 de diciembre de 2023 en el Senado. Después escribió:

Después escribió que “fue sin duda una gran alegría, encontré en ella una mujer con una gran vocación de servicio y de entrega por la Patria. Recordamos también que la Dra. Villarruel es hija de un militar, Veterano de Guerra de Malvinas (VGM) y por ello, nos une sin duda la pertenencia de alguna manera a nuestro Obispado Castrense”.

Según Olivera, conocía a Villarruel del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), donde también hizo un vínculo con Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que apareció sin vida un año después. La Cámara de Casación negó que se tratara de un crimen de lesa humanidad. El caso está en la Corte Suprema. Larrabure hijo fue incorporado por Petri a Defensa.

Olivera es el responsable de los procesos de “causas de los santos” por los cuales se reconoce a una persona como santo. Quiere lograr que se declare “santo” a Larrabure y con esa excusa viaja seguido a ver al Papa. Con la actual conducción de la Conferencia Episcopal tiene una relación formal y lejana.

A Olivera, Benedicto XVI lo hizo obispo de Cruz del Eje el 24 de junio de 2008. El 28 de marzo de 2017, el papa Francisco lo nombró obispo castrense. Había sido secretario de monseñor Oscar Justo Laguna, ya fallecido, procesado en una causa por delitos de lesa humanidad, por falso testimonio en el juicio por el asesinato del obispo de San Nicolás, Ponce de León.

Los visitantes

Capuchetti, Borinsky (quien ha firmado sentencias contra genocidas en casos de lesa humanidad) y Petrone llegan a ver al Papa Francisco por las gestiones de Olivera que, queda claro, tiene sus intereses en juego. Habrá que ver qué buscan ellos, que no está igual de claro. Y se abre el enigma de si la reforma penal que están ideando traen cambios en las causas de lesa humanidad en favor de procesados y condenados, y algún refuerzo por medio de una posible ley para proteger a policías u otros agentes que disparan discrecionalmente y por la espalda. Son interrogantes.

Capuchetti está en centro de la escena porque acaba de ser denunciada ante el Consejo de la Magistratura por el daño en el celular de Fernando Sabag Montiel, principal acusado del intento de asesinato de Cristina Kirchner, al romperse la cadena de custodia. Y por otras tantas irregularidades en esa causa.

Borinsky es uno de los jueces que tuvo visitas récord a la quinta de Olivos, donde iba a jugar al tenis y otros deportes, cuando Mauricio Macri era presidente. Aunque explicaba que iba porque estaba, casualmente, en una comisión reformadora del Código Penal. Su colega Petrone firmó junto con Diego Barroetaveña las reaperturas de las causas Memorándum y Hotesur-Los Sauces contra CFK. Revocaron su sobreseimiento para que se la juzgue. 

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