Plan C

La venta encubierta de la soberanía: Fabricaciones Militares en manos extranjeras

La transformación de Fabricaciones Militares en Sociedad Anónima y la inminente incorporación de capitales extranjeros, especialmente de Estados Unidos, ha encendido las alarmas en los gremios y sectores políticos. ATE denuncia un avance sin precedentes de intereses foráneos en una de las áreas más sensibles del Estado, mientras el gobierno de Javier Milei busca imponer su modelo económico a costa de la soberanía y el control nacional sobre la producción bélica.

El paso a Sociedad Anónima y la llegada de capitales estadounidenses en Fabricaciones Militares desatan una tormenta de críticas y temores sobre la pérdida de control estatal y la erosión de la soberanía nacional.

El pasado reciente de Fabricaciones Militares está marcado por un punto de inflexión: la transformación de la empresa en Sociedad Anónima (S.A.), un cambio que aunque no es una privatización directa, allana el camino para que capitales privados tomen control de sectores clave de la producción bélica argentina. Este movimiento, impulsado por el gobierno de Javier Milei, ha despertado preocupación y rechazo en diversos sectores de la sociedad, principalmente en los gremios y organizaciones políticas que ven en esta maniobra una cesión de soberanía en favor de intereses extranjeros.

La preocupación se intensifica con la noticia de que, a partir de septiembre, la división metalmecánica de la planta de Río Tercero podría quedar en manos de empresas estadounidenses. La visita de una delegación del Departamento de Defensa de Estados Unidos en junio fue un anticipo de lo que vendría: un interés palpable en hacerse con el control de la producción de municiones y otros materiales bélicos. Sin embargo, lo más alarmante es el silencio del gobierno argentino, que no ha ofrecido explicaciones claras sobre el alcance y las condiciones de esta incursión extranjera en un área tan estratégica para la defensa nacional.

Río Tercero no es cualquier planta; es un símbolo de la capacidad bélica argentina y, al mismo tiempo, un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando se juega con fuego. En 1995, una explosión devastadora en la planta dejó un saldo trágico de siete muertos y cientos de heridos, además de innumerables daños materiales. La justicia determinó que el incidente fue intencional, una maniobra para encubrir el contrabando de armas durante la gestión de Carlos Menem.

Esa herida aún abierta hace que cualquier cambio en la estructura y control de la planta genere temores legítimos entre los trabajadores y la comunidad local. David Salto, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Río Tercero, no oculta su preocupación: “No sabemos si la producción bélica va a ser para abastecer al Ejército Argentino o para que se lo lleven las potencias extranjeras, y tampoco sabemos cuáles van a ser las condiciones”. Sus palabras resumen el sentimiento de incertidumbre y desconfianza que reina en la localidad.

El gobierno de Javier Milei ha dejado en claro su intención de reconfigurar el Estado argentino según los preceptos del liberalismo económico. La conversión de Fabricaciones Militares en Sociedad Anónima se inscribe en esa lógica: adelgazar el Estado, reducir su participación en la economía y abrir las puertas al capital privado. Pero, ¿a qué costo?

El achicamiento de la planta ya es un hecho. El ciclo de retiros voluntarios y recortes de personal dejó a 240 empleados fuera de la compañía, que ahora se enfrenta a una estructura más pequeña, con menos costo pero también con menos control estatal. El gobierno justifica estas medidas como necesarias para hacer la empresa más competitiva, pero lo cierto es que detrás de esta estrategia se esconde una realidad más cruda: la entrega del control de la producción bélica a intereses foráneos.

Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba, fue contundente en su rechazo: “No podemos permitir que el Departamento de Estado de Estados Unidos haga pie en Córdoba, va en desmedro de esa soberanía y democracia que supimos construir”. Su advertencia no es menor. La presencia de capitales estadounidenses en Fabricaciones Militares podría convertir a la planta en una simple extensión de los intereses de Washington en la región, alejando cada vez más a Argentina de la posibilidad de mantener un control soberano sobre su propia defensa.

Aunque el gobierno de Milei insiste en que la conversión a Sociedad Anónima no implica una privatización, la realidad es que se trata de un paso intermedio que facilita la entrada de capitales privados y, eventualmente, el control extranjero sobre áreas clave. Este modelo ya ha sido implementado en otras empresas estatales, siempre bajo la misma justificación: hacerlas más eficientes y competitivas. Pero la historia reciente de Argentina demuestra que la eficiencia y competitividad muchas veces son excusas para justificar la entrega de los bienes del Estado al mejor postor.

La pregunta que surge es inevitable: ¿qué sigue después? Si se permite que Fabricaciones Militares pase a manos extranjeras, ¿qué otros sectores estratégicos correrán la misma suerte? La soberanía nacional no puede estar en venta, y menos en áreas tan sensibles como la producción bélica. Pero parece que el gobierno de Milei está dispuesto a sacrificar cualquier principio en aras de su visión de un Estado mínimo, sin importar las consecuencias a largo plazo.

Lo que está en juego es más que la simple transformación de una empresa. Fabricaciones Militares es un símbolo de la capacidad del Estado para defender su soberanía y proteger sus intereses. Entregar ese control a capitales extranjeros es renunciar a una parte fundamental de esa soberanía. Y aunque desde el gobierno se insista en que esto no es una privatización, los hechos demuestran lo contrario: se trata de un proceso de entrega paulatina de recursos estratégicos a manos privadas, con el consiguiente debilitamiento del Estado y la pérdida de control sobre sectores clave.

La falta de transparencia en este proceso es otro motivo de alarma. Los trabajadores y la comunidad tienen derecho a saber qué está ocurriendo con una planta que forma parte de la historia y el patrimonio industrial del país. Pero hasta ahora, las respuestas han sido escasas, y las decisiones parecen tomarse en despachos lejanos, sin consultar a quienes más se verán afectados por ellas.

En resumen, el futuro de Fabricaciones Militares está en peligro. Lo que comenzó como una conversión a Sociedad Anónima podría terminar siendo la entrega de un sector estratégico de la defensa nacional a manos extranjeras, con todas las implicancias que ello conlleva. El gobierno de Javier Milei está jugando un juego peligroso, en el que la soberanía y el control estatal son las piezas en juego. Y los argentinos, una vez más, podrían ser los grandes perdedores en esta partida.

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