Plan C

El exinterventor de Puertos en problemas

Un macrista al borde del juicio por un contrato millonario y sin licitación

El fiscal Eduardo Taiano pidió la elevación de la causa de Gonzalo Mórtola por la contratación directa de una consultora para asesorar sobre la ampliación de las terminales para el Puerto. Lo que dijo Mórtola, lo que dice la Justicia y la declaración de los expertos.

Raul Kollmann

El exinterventor en la Administración General de Puertos (AGP) durante la gestión de Mauricio Macri y Guillermo Dietrich quedó al borde del juicio oral por la contratación directa de una consultora por 940.000 dólares más impuestos. Gonzalo Mórtola fue imputado por el fiscal Eduardo Taiano porque en un texto de apenas dos carillas se fundamentó la contratación de Indra porque era la única consultora capaz de proponer los pliegos para la ampliación de terminales portuarias, en especial dos: una de cruceros y otra de contenedores. Convocados por la justicia los expertos de la AGP sostuvieron todo lo contrario. Testimoniaron bajo juramento que existían especialistas mundiales como el Puerto de Rotterdam, la Fundación Valencia Port, pero que también en la Argentina había capacidad de formular los pliegos en la Universidad de Buenos Aires, la Cepal, la Universidad Tecnológica y en empresas privadas como Serman Consultores y IATASA. Con esos elementos, Taiano pidió la elevación a juicio, lo que fue convalidado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y luego por la Cámara de Casación. Para redondear, el juez Daniel Rafecas consideró que la AGP puede ser querellante contra Mórtola.

La denuncia, formulada en julio de 2018, se centra en la elaboración de los pliegos para las dos terminales de expansión del puerto de Buenos Aires. Por un lado, en lo que es una necesidad cada vez más evidente por la existencia de un gran tráfico turístico hacia la Antártida, se planteaba la construcción de una terminal de cruceros. Por el otro, se planteó agregar otra terminal de contenedores que recibió el nombre de Terminal Exterior.

Mórtola, un hombre defendido a ultranza por Dietrich, encabezó -según el fiscal- una maniobra de contratación directa de la consultora que diseñaría los pliegos de ambos proyectos. En un escrito de máxima brevedad, se recomendó la elección de la empresa Indra y su filial argentina porque, supuestamente, tenía amplia experiencia en la materia. En las dos páginas del dictamen no se menciona ninguno de los antecedentes y, sobre todo, se sostiene que es la única consultora capaz de hacer el trabajo. Esto último era un requerimiento de la ley 22.460 de contratación de consultoras, que no permite que se haga de forma directa a menos que sea la única posible.

A partir de esas dos carillas, todos los planetas internos de la gestión Mórtola se alinearon. La dirección de jurídicos se basó en ese informe para aprobar la contratación y lo mismo hizo el auditor interno. El siguiente paso fue que, por resolución del 16 de diciembre de 2016, “apruébese la contratación directa con la firma Indra Sistemas Informáticos S.A. para el estructuración, promoción y concurso para la concesión de las terminales del puerto de Buenos Aires”. El contrato inicial fue de 772.483 dólares, pero luego se amplió a 940.000, más los impuestos. El trabajo debía terminarse en cinco meses, algo con lo que tampoco se cumplió.

Llamados a declarar siete altos funcionarios técnicos de la AGP, todos fueron contestes en que Indra no tenía experiencia en la materia, pero especialmente que había otras consultoras en el mundo y en la Argentina capaces de formular los pliegos y, por lo tanto, en condiciones de participar de un concurso de precios. Cuando Mórtola prestó declaración indagatoria sostuvo que en realidad quien tenía la experiencia no era Indra sino otra consultora asociada, ALG, Advance Logistics Group, pero no pudo fundamentar por qué se hizo la contratación directa, sin tener en cuenta la existencia de otras consultores internacionales y nacionales capaces de hacer el trabajo. En base a las evidencias del expediente, Taiano imputó a Mórtola por incumplimiento de los deberes de funcionario público, delito que contempla una pena que va de un mes a dos años de prisión “para el funcionario público que dictare resoluciones contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Mórtola inició un proceso para impedir el juicio oral, pero la Cámara de Casación confirmó lo actuado por Taiano y el juez Martínez de Giorgi. El exfuncionario luego intentó que la AGP no interviniera en el caso como querellante, pero ese criterio fue rechazado por el juez Rafecas quien sostuvo que la AGP no sólo no constituye ningún obstáculo sino que ayuda a garantizar el interés público. Se supone que ahora sí la causa, que ya cumplió ocho años, irá camino al juicio oral. 

Mórtola es un Newman Boy, por supuesto alineado con Macri y Dietrich, pero que hizo campaña por Patricia Bullrich. Desde que asumió Javier Milei trata de acercarse a La Libertad Avanza, haciendo lobby para ubicar a sus aliados en la AGP. Sabe que él mismo no puede asumir ningún cargo por su situación judicial. En la espinosa cuestión de la Hidrovía hace lobby para la postura paraguaya. 

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