Gregorio Dalbón: “Si los fiscales y los jueces no se animan a investigar a Patricia Bullrich, que se pongan un kiosco o vendan flores”
El abogado Gregorio Dalbón, acusa a la Justicia de ser cómplice de la impunidad y exige que se investigue a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su responsabilidad en la represión policial. Con un tono incisivo, advierte que si los fiscales y jueces no cumplen con su deber, deberían dejar sus cargos. Sus declaraciones, cargadas de indignación y claridad, no solo buscan justicia para la niña afectada, sino también exponen la profunda crisis institucional del sistema judicial argentino.
El abogado Gregorio Dalbón no se anda con vueltas. Fiel a su estilo provocador, desafió públicamente a la Justicia argentina, exigiendo que se investigue a Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, por los hechos ocurridos el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde una niña fue gaseada por la policía. Las declaraciones de Dalbón fueron explosivas: “Si los fiscales y los jueces no se animan a investigar a Bullrich, que se pongan un kiosco o vendan flores”.
Esta frase no es solo un desafío retórico; es un reflejo de la frustración de aquellos que, como Dalbón, ven en la Justicia una barrera, no una solución. ¿Cómo es posible que una exministra con un historial tan polémico permanezca al margen de una investigación? Para Dalbón, la respuesta está en el miedo. Un miedo que, asegura, corrompe a las instituciones encargadas de impartir justicia.
Según el abogado, "hay elementos suficientes para llamar a indagatoria no solo a Bullrich, sino también al jefe de la Policía, a la viceministra de Seguridad, al jefe del operativo y al policía que lanzó el gas lacrimógeno directamente hacia la niña". Las imágenes del incidente recorrieron los medios nacionales, y las redes sociales estallaron de indignación. Sin embargo, hasta el momento, no se ha abierto ninguna investigación oficial contra Bullrich ni contra los responsables directos de la represión.
La figura de Patricia Bullrich no es ajena a la controversia. Durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad, varios episodios de violencia institucional quedaron sin respuestas satisfactorias. Dalbón no escatima en recordar los casos más resonantes: "¿Qué podemos esperar que diga la misma ministra que dijo que Santiago Maldonado se ahogó solo, que Rafael Nahuel estaba luchando y le pegaron un tiro de atrás, que borró el celular de Milman?". Sus palabras apuntan directamente al carácter recurrente de estas violaciones a los derechos humanos bajo la supervisión de Bullrich, quien parece estar protegida por un manto de impunidad.
El rol de la Justicia en estos casos ha sido, como mínimo, cuestionable. La inacción frente a hechos graves genera desconfianza en la sociedad y deja la sensación de que las instituciones están secuestradas por el poder político. “La ministra Bullrich no le quiso mentir a la sociedad, le quiso mentir a la Justicia”, señala Dalbón, subrayando que el comportamiento de la exministra no solo es éticamente reprobable, sino también jurídicamente punible.
El silencio judicial frente a estas acusaciones solo alimenta la idea de que en Argentina, quienes ocupan los más altos cargos en el poder político están por encima de la ley. Para Dalbón, la impunidad de Bullrich no es un tema menor; es un símbolo del deterioro del sistema judicial y de la falta de independencia de los poderes del Estado. "Si hay un delito de acción pública y no la investigan porque le tienen miedo a Bullrich, voy a hacerle juicio político a los fiscales y los jueces", advirtió.
El abogado, conocido por su representación en causas de derechos humanos, no es ajeno a enfrentarse con figuras poderosas. En este caso, pone el foco en Bullrich, pero sus palabras tienen un alcance mucho mayor. Dalbón expone una crisis institucional que va más allá de un incidente aislado. Se trata de un sistema que parece haber sido capturado por intereses políticos y que actúa más como un protector de las élites que como un garante de justicia para los ciudadanos comunes.
El hecho de que una niña haya sido víctima directa de la violencia estatal en un espacio público tan simbólico como el Congreso no hace más que intensificar la gravedad del asunto. Es un reflejo del uso desproporcionado de la fuerza y de la falta de preparación de las fuerzas de seguridad, pero también es una metáfora del abuso de poder que caracteriza a muchas gestiones autoritarias, como la que Bullrich representó.
Para Dalbón, la solución es clara: se debe investigar a Bullrich y a todos los responsables involucrados. Cualquier otra postura, argumenta, es una traición a los principios de justicia y equidad que deberían regir en una democracia. Y si los fiscales y jueces no están dispuestos a cumplir con su deber, entonces deberían, como él lo expresó crudamente, “ponerse un kiosco o vender flores”.
El panorama es sombrío. La falta de respuestas por parte de la Justicia no solo deja en la indefensión a las víctimas directas de la represión policial, sino que también pone en jaque la credibilidad de todo el sistema judicial. En un país donde las instituciones deberían ser el último refugio de los ciudadanos frente a los abusos de poder, el silencio de la Justicia es más ensordecedor que nunca.
La figura de Patricia Bullrich seguirá siendo objeto de controversia, pero lo más preocupante es la pasividad de quienes deberían estar investigando. Mientras la impunidad siga siendo la norma, los episodios de violencia estatal se repetirán. Y como Dalbón advierte, la inacción de la Justicia será el verdadero escándalo.
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