Ganadores y perdedores: mientras cae el consumo de alimentos y cierran comedores, las alimenticias ganan 1300%
Un informe mostró que en solo siete meses hacer un plato de guiso se encareció 151% y preparar un mate cocido con leche pasó a costar 147% más. Mientras cae el consumo de lácteos, carnes, frutas y verduras, el complejo exportador de granos ganó 4.900% más.
En la actualidad, un salario o una jubilación mínima alcanzan para preparar casi un tercio menos de porciones de guiso que en noviembre pasado (118 platos menos) y tomar una taza de mate cocido con leche y pan demanda ya un 147% extra en el presupuesto familiar. Sin embargo, mientras suben los precios de la mesa argentina, el consumo de alimentos cae dos dígitos en supermercados y mayoristas, y se desmantelan un centenar de políticas agroalimentarias, las empresas del sector aumentan sus ganancias entre 1300% y 4900% más.
Los datos se desprenden de un informe privado que mostró cómo impacta el ajuste implementado por el gobierno nacional en la posibilidad de alimentarse de miles de familias argentinas en un país que, tristemente, lidera el ranking de inflación nominal en alimentos (Banco Mundial) y con el 53% de la población bajo la línea de pobreza. “El conjunto de medidas económicas, políticas, y normativas tomadas por el gobierno argentino desde que asumió, comprometen la posibilidad de alimentarse de millones de personas y la supervivencia de quienes producen la mayoría de los alimentos frescos que consumimos” destacó una investigación realizada por La Fundación Rosa de Luxemburgo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En ese sentido, el documento que remarca que “todo alimento es político” señaló tres tendencias generales que son resultado del plan económico en marcha: “mayor concentración del sistema agroalimentario, eliminación de toda política de apoyo a la agricultura familiar, campesina e indígena y abandono del Estado en la asistencia alimentaria”.
El ajuste al plato de comida
El gobierno de Javier Milei puso en marcha, desde el inicio de su gestión, un plan de ajuste con el objetivo de lograr superávit fiscal, a cualquier costo. Como resultado, el escenario de estos meses estuvo marcado por la recesión de la economía, el aumento del desempleo y pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, así como por la imposibilidad para muchas familias de llegar a alimentarse con lo mínimo e indispensable. “El ajuste lo pagaron quienes ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad: las y los jubilados de la mínima, trabajadores informales, cuidadoras, entre otros. En el primer semestre de 2024 la pobreza creció 11,2 puntos y al menos 5.379.588 personas no llegan siquiera a cubrir la canasta básica de alimentos. Esta situación de deterioro generalizado también impactó en la posibilidad de alimentarse bien”, señaló un informe elaborado por el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA) donde se advierte por el desmantelamiento de las políticas agroalimentarias en el gobierno libertario.
A este contexto se suma la sostenida caída del consumo masivo que, en el caso puntual de los alimentos se redujo, en promedio, un 16% en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas, siendo las bajas más significativas las de bebidas (26%), lácteos (12%), carnes (9%), frutas y verduras (7%), y productos de almacén (6%). Según UNICEF un 52% de los hogares dejó de comprar algún alimento por falta de dinero (11 puntos más que en 2023 y 26 puntos más que en la pandemia). En hogares con AUH y Prestación Alimentar, esta cifra asciende al 67%. Además, un 31% de los hogares recurrió a préstamos o compras fiadas en comercios para adquirir alimentos, y un 41% utilizó sus ahorros para cubrir gastos corrientes. En agosto, más de un millón de niños, niñas y adolescentes se iban a dormir sin cenar.
En ese sentido, cuándo se indaga sobre qué pasó con los precios de esos alimentos se observa que entre noviembre y julio aumentaron un 128%, llegando Argentina a liderar el ranking de inflación nominal en alimentos según el Banco Mundial. Así lo destacó el informe denominado “Rascar la olla” que puso la lupa en la evolución de precios de elaboración de un plato de guiso y de una taza de mate cocido con pan y su relación con el Salario Mínimo, Vital y Móvil y una jubilación mínima.
Los resultados fueron elocuentes: entre noviembre de 2023 y julio de 2024 un plato de guiso se incrementó 151%, dicho de otro modo, con un salario mínimo o una jubilación se compran 118 platos menos que hace siete meses atrás. De igual manera, si el año pasado con una Tarjeta Alimentar alcanzaba para 74 platos, en julio de este año cubrió solo 54.
“La eliminación de normativas orientadas a controlar los precios y el abastecimiento está contribuyendo al alza continua de los precios”, alertaron desde las organizaciones y ejemplificaron que, de acuerdo con datos oficiales, entre diciembre y julio los precios de verduras, tubérculos y legumbres aumentaron 197% en el Gran Buenos Aires, mientras que los de leche, productos lácteos y huevos subieron 165%, las carnes 105%, y las frutas 78%. Los costos de los insumos necesarios para la preparación de alimentos, incluidos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, también aumentaron un 195%. “Estos aumentos de precios contrastan negativamente con los ingresos, ya que las jubilaciones y la mayoría de los programas sociales disminuyeron en términos reales”.
A su vez, quienes trabajan en comedores o merenderos comunitarios enfrentan cada vez más obstáculos para brindar alimentos. Por ejemplo, preparar una taza de mate cocido con leche pasó a costar 147% más entre noviembre y julio, solo la leche en polvo aumentó un 166% en el mismo período. La Tarjeta alimentar alcanza para un 25% menos de tazas de mate cocido con leche que a fines del 2023. Un aspecto no menor tiene que ver con que, además, esos espacios comunitarios, “están siendo desfinanciadas y criminalizadas por el gobierno” ya que “la discontinuación de programas alimentarios comunitarios, junto con el congelamiento de los apoyos económicos que percibían las mujeres que sostenían estos espacios, ha reducido la cantidad de comedores y merenderos en funcionamiento”. Según un relevamiento de la organización Barrios de Pie, cerca de 15.000 espacios de contención alimentaria dejaron de operar y se ha reducido la cantidad de días y comidas que estos lugares lograr ofrecer.
Desmantelamiento estatal
De noviembre de 2023 a julio de 2024, se desmantelaron 111 políticas públicas relacionadas con la producción, consumo y acceso a los alimentos. Así lo afirma el informe al que accedió este medio, donde se enumera en detalle la situación de las políticas ya existentes y el impacto de las nuevas medidas del Ejecutivo nacional. “Las políticas implementadas profundizan un modelo agrario concentrado y extranjerizado. Son desregulaciones que precarizan el trabajo agrario, desprotegen las economías regionales (yerba, azúcar, oliva, vid) y encarecen los insumos de producción, lo que contribuye a la pérdida de soberanía alimentaria y disminuye las oportunidades de desarrollo económico para las provincias”, indicaron desde el CELS. Un ejemplo concreto es el de la yerba mate: por la apertura comercial y la desregulación se evidenció una caída superior al 50% en los precios de la hoja verde, es decir, del precio que se le paga al productor, sin embargo, los precios al consumidor aumentaron un 111% entre noviembre y julio, perjudicando a consumidores.
Entre las medidas cuestionadas se enumeró: la eliminación del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), del Instituto Nacional de la Yerba Mate, de la ley de Compre Nacional, la Ley de Compre Argentino, así como de la mayoría de las políticas dirigidas a la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI), del Pro Huerta (incluía distribución de insumos, capacitación y apoyo técnico para el desarrollo de huertas familiares, escolares y comunitarias), se suma la eliminación del Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO); de la Dirección Nacional de Agroecología; de la Ley de Política Vitivinícola Nacional; de la Ley de la Corporación Nacional de Olivicultura y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Ley de Emergencia Territorial.
Asimismo, el informe destacó el perjuicio generado para la alimentación de la población, debido a la intervención del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y la desarticulación de la Dirección Nacional de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE), que buscaba coordinar y ejecutar créditos internacionales destinados a programas de desarrollo rural. En cuanto a instrumentos de control de precios se mencionó que, desde la Secretaría de Comercio, se derogaron y eliminaron 69 resoluciones y disposiciones relacionadas con el control de precios, abastecimiento y requerimientos de información al consumidor y se reemplazó el Consejo Federal de Comercio (COFEC), que tenía una intervención a nivel provincial en temas de precios, abastecimiento, competencia desleal, y publicidad.
Entre las medidas que sí se promovieron aparece las importaciones de alimentos lo que “podría tener un impacto negativo en la producción y la soberanía alimentaria del país”, mientras que se lanzó el Programa Precios Claros, “que consiste únicamente en la publicación de listas de precios en una página web, sin mecanismos de control efectivos”. Se agregan la autorización de tres eventos transgénicos de soja y maíz, la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la prohibición de investigaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre temas como “cambio climático”, “sustentabilidad”, “agroecología”, “género”, “biodiversidad” y “huella de carbono”.
Quiénes ganan y quiénes pierden
El informe puso el ojo en el impacto negativo para las economías regionales en la medida en que “se eliminaron políticas dirigidas a la agricultura familiar, campesina e indígena, y esto profundiza un modelo de producción y acumulación altamente concentrado y extranjerizado”.
Como consecuencia “quienes producen alimentos sanos y quienes trabajan en espacios comunitarios de distribución de alimentos enfrentan cada vez más obstáculos para hacer su trabajo: la participación del productor en el precio final pasó de un 12% en marzo de 2023, a entre un 5% y un 8% en junio de 2024”, establece el informe.
En la vereda de enfrente, se advirtió que las empresas alimentarias incrementaron sus ganancias en un 1300% y el complejo exportador de granos un 4900%, entre noviembre del año pasado y julio de este año, siendo claros ganadores del modelo actual.
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