Plan C

Catálogo de las mentiras que marcaron la gestión de la ministra

El show represivo de Patricia Bullrich sólo cierra con denuncias falsas y papelones

El largo historial de la funcionaria va desde acusar de terrorista a un peluquero hasta justificar el gas lacrimógeno sobre una nena. Oda a la violencia y la excusa de la guerra contra el narco.

Irina Hauser

Llevaba pocos días en su segundo tiempo como ministra de Seguridad, esta vez del gobierno libertario, cuando Patricia Bullrich hizo uno de sus primeros grandes anuncios: las fuerzas de seguridad habían desarmado una supuesta célula terrorista al detener a tres extranjeros sospechosos de haber ingresado al país para cometer un atentado. Difundió a viva voz que estaban vinculados entre sí, aseguró que llegaron en distintos vuelos, esperaban un paquete de Yemen e irían a un hotel a dos cuadras de la embajada de Israel. Todo era falso. Uno es un profesor de ping-pong de origen sirio-libanés; otro, un peluquero de Avellaneda; y el otro es un excéntrico que se las daba de mercenario y agente de la embajada estadounidense. Fue el primer papelón de Bullrich, para quien se volvió costumbre dar noticias truchas capaces, a menudo, de afectar la vida y la libertad de las personas. Este viernes decidió cerrar el año en la misma tónica y a todo trapo: simuló la inauguración de una cárcel federal en Coronda, Santa Fe, que no está terminada. Para la puesta en escena llevó presos de otro lugar, que luego devolvió. En la semana había festejado un operativo brutal en Salta como si fuera un golpe de Gendarmería al narcotráfico pero fue escenario del asesinato de un bagayero. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué? ¿No hay consecuencias? ¿Mejora la seguridad?

El acting del viernes en Santa Fe, epicentro de la agenda de seguridad que Bullrich aprovecha, tuvo todos los condimentos de las novedades falsas que suele multiplicar. Compartió en la red "X" un video con música de película de superacción que exhibe a los presos ingresando esposados al penal. "Primer detenido que entra a la cárcel federal de Coronda", dice ella misma con una gorrita penitenciaria mientras le sostiene la puerta. Puede ser el primero que entra, pero no que se queda, porque el penal aún no está apto para funcionar. El intendente Ricardo Ramírez deschavó: "Trajeron presos a las 6 AM, no sé bien de dónde, dicen que eran de Buenos Aires, los llevaron a las celdas y los sacaron. La ministra dice que habla con las autoridades locales, con nosotros jamás. Dijo que será una cárcel para presos de alto perfil, pero no tiene las condiciones. Tampoco hay reclutamiento de gente de la ciudad para trabajar ahí", le dijo a Página/12. Un dato no menor: el gobernador Maximiliano Pullaro no asistió al evento.

El historial de fake news de la ministra en su primer año mileísta evidencia su obsesión por rendir pleitesía y alinearse con Estados Unidos e Israel --algo ya conocido-- pero además fue marcando el camino para justificar lo que esta semana se decidió por decreto, sin discusión legislativa: que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en cuestiones de seguridad interior, con la excusa de la protección de sitios u "objetivos" que el Presidente u otros funcionarios consideren de "de valor estratégico". O sea, pueden militarizar lo que quieran --un gran retroceso en un país que logró un proceso de desmilitarización pos dictadura-- si alegan la existencia de algún peligro que atribuyan a "fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional, durante períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior". Todo cabe en esa bolsa.

Por descabellado que sea (y contrario a los estándares internacionales de derechos humanos) el Gobierno ha intentado calificar a la protesta social como terrorismo. Lo hizo abiertamente el día de que se votaba la Ley Bases en el Senado y hasta consiguió un fiscal, Carlos Stornelli, que se hizo eco. Bullrich usa el término "terrorismo" cada vez que puede y mezcla narcotráfico y narcoterrorismo, otro fenómeno con un fuerte componente violento ligado a los grandes capitales del país del norte (ver aparte). Como parte de su marketing y el del gobierno quiere el endurecimiento de las normas bajo la idea nunca probada de que eso es lo que baja el delito y presiona por una ley "antimafia" que, si se llegara a votar con la letra del proyecto oficial, no contemplaría los circuitos financieros, de corrupción y lavado indispensables para desarmar organizaciones mafiosas, sino que --la historia de siempre-- apunta a las las pandillas y castiga a sus miembros por igual, sin importar su función en el grupo. También quiere justificar la compra de equipamiento para reprimir y espiar.

De larga data

Bullrich ya sobreactuaba la lucha contra el terrorismo en la época del gobierno de Mauricio Macri. Cuando faltaban pocos días para que empezara la reunión del G-20 en la Ciudad de Buenos Aires, hizo alarde de la detención de los hermanos Kevin Gamal y Axel Ezequiel Abraham Salomón, de la comunidad musulmana en Argentina que fueron acusados falsamente de pertenecer a Hezbollah. La Policía Federal se los llevó después de hacer un allanamiento a toda orquesta en Flores el 13 de noviembre de 2018. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) había hecho una denuncia en la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal casi diez meses antes con un e-mail anónimo que vinculaba a los hermanos con un entrenamiento militar en el Líbano y la tenencia de un arma AK 47. El exjuez Rodolfo Canicoba Corral descartó conexiones terroristas y mandó el expediente al fuero ordinario por posible tenencia ilegal de armas (guardaban, cual reliquia, un arma de un abuelo), pero fue devuelto a Comodoro Py.

El juez Sebastián Ramos los apresó y tardó 22 días en liberarlos y cinco meses en sobreseerlos. Los hermanos Abraham Salomón dijeron que les habían arruinado literalmente la vida. Al momento de la detención Bullrich decía tener “mucha información internacional de agencias de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá”, que quedaba en secreto. Es el mismo argumento que usó para explicar la supuesta célula del profesor de tenis de mesa, el peluquero y el mercenario: que tenía "una conjunción de elementos tanto de Estados Unidos como de Israel como información que recibió un miembro de Gendarmería formado en antiterrorismo". A los 15 días la jueza María Eugenia Capuchetti firmó un fallo donde decía no tener nada que incriminar al trío. El show de Bullrich había recibido felicitaciones del vocero presidencial Manuel Adorni. Contrariaba lo recomendable ante sospechas de terrorismo: mantener bajo perfil. La verdadera historia de los protagonistas fue contada por Raúl Kollman en este diario.

La niña gaseada

El 12 de junio el Ministerio de Seguridad mandó a atacar con ferocidad a quienes protestaban contra la Ley Bases invocando el Protocolo antiprotestas que convierte cualquier manifestación en delito. Fueron detenidas 33 personas. Nada más gráfico que la represión para aplicar ajuste y beneficiar a unos pocos. Aquí la fake salió de la cuenta de "X" de la Oficina del Presidente, que felicitó a las fuerzas por reprimir a quienes describió como "grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas" que "intentaron perpetrar un golpe de Estado". El dislate fue desarmado con el correr de los meses por la jueza María Servini. Quedó claro que la gran mayoría de los detenidos manifestaban tranquilos/as, o vendían empanadas o choripanes o no estaban haciendo nada. Pero el daño estaba hecho. Bullrich defendió el operativo en términos insólitos: “Las fuerzas de seguridad estuvieron excelentes, con profesionalidad, con prudencia, pero también sin dudar cuando hay que ir a atacar y no dejar que te tomen el Congreso”. "No hubo pasividad frente a una violencia inusitada", dijo en una entrevista. ¿Alguien vio una toma del Congreso? Es como cuando Javier Milei cuestiona al "comunismo", un enemigo imaginario, por inexistente, pero eficaz para su relato.

Esta ofensiva anti-protesta fue mutando. El 11 de septiembre Fabrizia, una niña de 10 años que estaba con su mamá en la movilización contra el veto presidencial a la ley de Movilidad Jubilatoria, fue rociada con gas pimienta en los ojos, a menos de un metro de distancia, por un policía federal. La imagen y el llanto de esa nena recorrieron redes, canales y portales. También el video del policía tirándole gas. Pero el gobierno difundió un video fake para decir que quien había gaseado a la nena era una manifestante vestida de naranja. Bullrich le echó la culpa del video al jefe de la Policía Federal, Luis Rollé, y quedó expuesta su viceministra, Alejandra Monteoliva. Pero la ministra se paseó por estudios de televisión para repetir la falacia: que el gas había sido arrojado por "militantes", "un grupo de naranja que son kirchneristas".

Ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, insistió entre abucheos: "El policía no gasea a la niña, está mirando para otro lado, la niña ya estaba gaseada por un gas naranja". Otro recurso fue acusar a la mamá, Carla Pegoraro, quien hizo una denuncia penal y es querellante. Denunció al policía que habría rociado a su hija, al jefe del operativo y a Bullrich como presunta encubridora. Esta semana dio su testimonio en el expediente. Gregorio Dalbón, su abogado, dijo que "es evidente que al prestarle los votos a Milei, Bullrich canjeó impunidad, si no, no podría mentir tanto a la sociedad argentina". "Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, represiones a jubilados", ejemplificó, y recordó que impulsa la demanda civil en su contra por adjudicar al gobierno de Alberto Fernández un pedido de coimas al laboratorio Pfizer por la vacuna contra el covid.

Narcos, asesinatos y terrorismo

En sus discursos, sus redes, donde puede, Bullrich mezcla narcos, terrorismo y repite el slogan "el que las hace las paga". El 6 de octubre celebró en "X": "Un hombre intentó burlar un control en Mendoza, llevando más de 2 kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia. Pero la Gendarmería rápidamente gracias a su nerviosismo y actitud sospechosa. ¡La seguridad de nuestro país va un paso adelante de los delincuentes! Las hace, las paga". El título del posteo era: "Mucho talco, poco Eficient-e". Sin embargo, un estudio forense reveló que la cocaína de Bullrich no era droga, era efectivamente talco para los pies y los gendarmes no eran ningunos genios. El marplatense Ariel Acosta pasó 21 días preso por la falsa acusación.

Esta semana siguió con sus peculiares festejos al aplaudir un operativo cerca de Orán, Salta, en el paso fronterizo con Bolivia: acusó a "narcos violentos" de "atacar a Gendarmería porque no soportan que se les terminó el negocio", tuiteó, y destacó que los efectivos incautaron "22 bultos sospechosos". Lo que no dijo es que en medio del procedimiento murió asesinado un bagayero de 27 años, Fernando Martín Gómez, un trabajador de frontera, pasador de hojas de coca, algo de lo que viven numerosas familias. Otros cuatro trabajadores fueron heridos. Familiares y compañeros de Gómez cortaron la ruta 50 para pedir justicia y denunciar que las personas agredidas no son narcos. Con el espectáculo, la ministra camufla la violencia y el hecho de que este año al menos 39 gendarmes fueron imputados (varios de ellos detenidos) en Salta, Tucumán y Jujuy, por cobrar coimas para tours de compras tanto a Chile como Bolivia y contrabandear desde ropa hasta granos. También se investiga el tráfico de drogas.

Hay que sumar el extraño video que difundió sin investigación previa el Gobierno a principio de mes y que, según un comunicado, había llegado al Ministerio de Seguridad y al Gobierno de Santa Fe. Se veían cuatro personas encapuchadas, tres con trajes blancos, y armadas. Una de ellas hablaba: trataba a Bullrich y al gobernador Maximiliano Pullaro de mafiosos. Los responsabilizaba por un "arreglo para que se calme Rosario" y asesinatos de "gente inocente". "Vamos a empezar a dejar muertos por toda la Capital de Buenos Aires y Santa Fe", advertía. Quienes investigan narcos en Rosario sostienen que la forma de hablar no se parece a las de las grandes bandas Los Monos y el clan Alvarado. En un tramo hacían un reclamo casi sofisticado: "haga algo para los chicos, que no salgan delincuentes, hagan trabajo, escuelas, dejen de hacer política con los presos”. El comunicado de la Casa Rosada aseveraba que era “una clara amenaza terrorista que pretende infundir terror en la población y en las autoridades electas democráticamente”, que se trataba de una "organización narco terrorista no identificada". Agregaba que en Rosario bajaron un 80% los homicidios. La jueza María Servini ordenó la detención de tres sospechosos en Puerto San Martín, en Santa Fe. Hasta ahora, según fuentes judiciales, no se hallaron nexos con alguna organización. 

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