El gobierno de Milei aprobó la misión científica del RRS James Cook en el mar argentino
El Consejo Federal Pesquero autoriza la presencia de un buque británico en aguas argentinas, reavivando acuerdos que perpetúan la usurpación y expolian los recursos nacionales. Mientras provincias como Chubut y Buenos Aires se oponen, el silencio del gobierno de Tierra del Fuego y la permisividad del Estado nacional demuestran la incapacidad para defender la soberanía en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.
En una decisión que rezuma complicidad y retroceso, el Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobó la misión del buque británico RRS James Cook para realizar investigaciones científicas en aguas argentinas entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Bajo la aparente neutralidad de una misión de relevamiento oceanográfico, se esconde una traición flagrante al reclamo argentino por la soberanía en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Este acto no solo legitima la presencia británica en territorio nacional, sino que también facilita la explotación de recursos pesqueros que enriquecen a los kelpers, habitantes de las islas ocupadas.
La misión del RRS James Cook, promovida bajo el paraguas de proyectos científicos como el Atlantic Meridional Transect (AMT) y COSSMoSS, está destinada a mapear y evaluar los recursos pesqueros del Atlántico Sudoccidental. Pero lejos de ser una iniciativa inocua, este operativo proveerá información estratégica que refuerza las economías locales de los ocupantes ilegítimos en las Malvinas, consolidando su control sobre los recursos migratorios de origen argentino.
El aval del CFP a este operativo deja en evidencia la debilidad estructural del Estado argentino para defender su soberanía. Chubut y Buenos Aires, únicas provincias que alzaron la voz en contra de esta medida, destacaron el daño ambiental que implica el uso de cañones sísmicos en hábitats de especies clave como la ballena franca austral. Sin embargo, el gobierno de Tierra del Fuego, jurisdicción directamente vinculada a la disputa por las Malvinas, mantiene un silencio que resulta ensordecedor. Esta falta de postura no solo es alarmante, sino que roza la complicidad frente a un acto que debilita el histórico reclamo argentino contra el colonialismo británico.
Esta aprobación no surge en el vacío. Forma parte de una serie de medidas que, desde el gobierno de Carlos Menem en los años 90 hasta la gestión de Mauricio Macri con el acuerdo Foradori-Duncan, han socavado la posición argentina en el Atlántico Sur. Aunque los gobiernos de Néstor Kirchner y Alberto Fernández lograron revertir algunos de estos avances, el retorno de estas prácticas bajo la administración de Javier Milei representa un nuevo capítulo en la historia de concesiones al imperialismo británico.
La estrategia del Reino Unido es clara: consolidar su dominio en el Atlántico Sur mediante acuerdos que, disfrazados de iniciativas científicas, les permiten explotar recursos naturales mientras Argentina queda relegada a un rol secundario. Y en este contexto, las autoridades argentinas parecen más dispuestas a facilitar que a resistir.
El CFP intentó justificar su decisión argumentando que se exigirá la entrega de datos científicos al Estado argentino antes de su publicación. Sin embargo, esta promesa suena vacía en un marco de subordinación que históricamente ha demostrado que los compromisos británicos rara vez benefician a los intereses nacionales. La presencia de un observador de la Armada Argentina y de investigadores de la Universidad de Buenos Aires no disimula el hecho de que esta misión refuerza la legitimidad británica sobre las aguas en disputa.
El RRS James Cook, una de las embarcaciones científicas más avanzadas del mundo, representa un símbolo del poderío tecnológico que sostiene la ocupación británica. Equipado con sistemas de hidroacústica, muestreo de agua y aire, y laboratorios móviles, este buque no solo documentará el estado de los recursos marinos, sino que generará datos que alimentarán la maquinaria colonial en las Malvinas.
La autorización de esta misión plantea preguntas urgentes sobre la dirección del gobierno de Javier Milei en materia de política exterior y defensa de la soberanía. ¿Cómo puede un gobierno que se jacta de su autonomía económica y política justificar un acto que cede terreno en una de las disputas territoriales más sensibles del país?
El reclamo por las Malvinas es un emblema de la lucha contra el colonialismo en América Latina. Sin embargo, decisiones como estas diluyen su relevancia, minan la posición argentina en foros internacionales y envían un mensaje de debilidad ante las potencias extranjeras.
Es imperativo que las provincias, las organizaciones civiles y la comunidad internacional condenen esta medida y exijan una revisión inmediata de la autorización. Cada concesión en el Atlántico Sur no solo afecta los recursos presentes, sino que compromete el futuro de la soberanía argentina en la región.
EN ORSAI
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