Javier Milei ascendió por Decreto a su hermana con rango de Secretario de Estado
El presidente Javier Milei otorgó mayor jerarquía a un organismo clave para su gestión, bajo la dirección de su hermana Karina Milei. Críticas por el uso de recursos públicos y el cuestionamiento a la transparencia marcan un nuevo capítulo de concentración de poder. Mientras el ajuste golpea a los sectores más vulnerables, las prioridades del gobierno generan cuestionamientos por nepotismo y privilegios.
(Por Walter Onorato) La gestión de Javier Milei no deja de acumular decisiones polémicas, y el **Decreto 1067/2024** es el último ejemplo de una estrategia que muchos consideran una peligrosa centralización del poder en torno a su figura presidencial. Este decreto, que eleva al rango y jerarquía de Secretario de Estado al titular de la **Subsecretaría de Asuntos Presidenciales**, ha sido justificado con el argumento de la "particular naturaleza" de sus funciones. Sin embargo, detrás de esta disposición se revelan cuestionamientos sobre el uso de los recursos del Estado y el rol de su hermana, Karina Milei, quien preside la Secretaría General desde diciembre de 2023.
La Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, ahora elevada en su rango, se encuentra directamente vinculada a las decisiones del Presidente, consolidando su posición como un organismo estratégico dentro de la administración nacional. Este movimiento no es un hecho aislado: forma parte de una lógica de gestión donde la figura presidencial acumula facultades y fortalece un círculo cerrado de poder, que incluye a familiares directos y colaboradores incondicionales.
Uno de los puntos más críticos del decreto es su impacto presupuestario. Según el texto, los costos que demande esta jerarquización serán absorbidos por las partidas específicas de la Secretaría General, una decisión que genera interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal en un contexto económico adverso. Argentina atraviesa un ajuste profundo impulsado por el mismo gobierno de Milei, con recortes en áreas sensibles como educación, salud y programas sociales. Entonces, ¿es justificable otorgar mayores recursos a una estructura administrativa cuya principal función es “apoyar al Presidente”?
La designación de Karina Milei al frente de la Secretaría General ya había levantado voces de alarma el año pasado, al considerarse una muestra de nepotismo. Con este nuevo decreto, el organismo que lidera su hermana se convierte en una de las piezas más influyentes del Poder Ejecutivo, mientras sectores de la oposición y analistas independientes critican el creciente protagonismo familiar en las esferas de decisión estatal.
La Subsecretaría de Asuntos Presidenciales no solo adquiere un mayor rango, sino también una mayor discrecionalidad en sus acciones. La medida es presentada como un paso necesario para fortalecer las funciones presidenciales, pero las críticas apuntan a que esta jerarquización no se acompaña de mayores mecanismos de control o transparencia. En palabras de expertos, “esto amplía el alcance de un organismo clave sin rendición de cuentas adecuada”.
Al respecto, es inevitable señalar la contradicción entre el discurso de austeridad que Milei promovió durante su campaña y este tipo de decisiones que, en la práctica, parecen garantizar privilegios exclusivos para su entorno más cercano. Este decreto se suma a una lista creciente de acciones que cuestionan el compromiso del gobierno con la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Históricamente, la **Secretaría General de la Presidencia** fue diseñada como un organismo técnico, dedicado a asistir al Presidente en cuestiones administrativas y protocolarias. No obstante, con Karina Milei al mando, su rol ha sido redefinido como un brazo político esencial de la gestión. Desde su asunción en diciembre de 2023, la hermana del mandatario ha sido acusada de manejar esta dependencia como un feudo personal, intensificando las sospechas de que se trata de una estructura montada para consolidar un gobierno centrado en la figura de Javier Milei y su círculo íntimo.
Esta medida también pone en evidencia las contradicciones de la gestión Milei. Mientras los recursos para universidades, hospitales y programas sociales se ven drásticamente reducidos, el Ejecutivo no duda en reforzar su aparato político-administrativo. En un país con casi un 40% de la población bajo la línea de pobreza, resulta difícil justificar estas prioridades.
El Decreto 1067/2024 es más que una simple reorganización administrativa: es un reflejo de la dinámica de poder que Javier Milei ha instaurado desde su llegada a la presidencia. Al otorgar mayor jerarquía y rango a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, el mandatario no solo fortalece su control político, sino que profundiza la percepción de un gobierno que privilegia sus intereses personales sobre las necesidades de la ciudadanía.
Las críticas no se hacen esperar. Desde sectores de la oposición hasta voces independientes, las preguntas son cada vez más incisivas: ¿cuánto más se centralizará el poder bajo este modelo? ¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo de esta estrategia de gobierno? En un país donde las desigualdades y la pobreza son desafíos diarios, estas decisiones son vistas como una peligrosa desconexión de la realidad que atraviesa la mayoría de los argentinos.
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