Plan C

Petri y su cúpula militar libertaria: Un antro de corrupción sin precedentes en democracia

Mientras el gobierno de Javier Milei proclama transparencia y ética, el Ministerio de Defensa enfrenta un aluvión de escándalos que involucran a altas esferas de las Fuerzas Armadas. Desde el espionaje para empresas privadas, el uso indebido de aviones oficiales, las vacaciones pagas con fondos públicos, el robo sistemático de repuestos de aeronaves y el abuso sexual son algunas de las características que configuran la gestión libertaria plagada de irregularidades.

(Por Walter Onorato - @WalterOnorato) La promesa de Javier Milei, en campaña electoral, rozaba el estilo de un pastor evangélico. La ilusión de una supuesta regeneración moral quedaron hoy en día en lo que verdaderamente fue: una mera declamación proselitista.

El Ministerio de Defensa argentino se encuentra en el epicentro de denuncias que desnudan un entramado de corrupción, espionaje ilegal y abuso de poder sin precedentes. Funcionarios de alto rango de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, con vínculos que van desde empresas extranjeras hasta sectores militares locales, están siendo investigados por una serie de delitos que incluyen el espionaje industrial para beneficiario a capitales alemanes, el envío de fondos públicos y el encubrimiento de abusos sexuales.

Mientras se profundizan las investigaciones judiciales, emergen detalles de operaciones clandestinas que ponen en jaque la soberanía nacional y cuestionan la integridad del gobierno de turno. Desde el uso indebido de aeronaves militares para vacaciones familiares hasta la manipulación de recursos estratégicos como el litio, las evidencias revelan un patrón sistemático de saqueo y traición a los intereses nacionales. ¿Hasta dónde llega esta red de corrupción? ¿Y qué papel juegan Luis Petri, Patricia Bullrich (jefa política del ministro) y Javier Milei como autoridades encargadas de supervisar estos delitos?

Una cosa queda clara: lo que parecía una estructura militar dedicada a la defensa nacional, hoy se presenta como una maquinaria al servicio de intereses privados y agendas de emprendimientos privados poco claros.

 

FACTURABAN TRABAJO DE ESPIONAJE PARA EMPRESAS ALEMANAS

La Justicia Federal investiga una compleja red de espionaje ilegal y corrupción en el Ministerio de Defensa de Argentina. Los principales implicados, Francisco Javier Moliterno y Marco Alberto Constenla, funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), habrían utilizado recursos estatales para realizar espionaje a empresas argentinas y bolivianas dedicadas a la explotación de litio. La información obtenida fue supuestamente vendida a empresas alemanas interesadas en monopolizar este mercado clave.

La estrategia denunciada implicaba identificar puntos vulnerables en las firmas nacionales y extranjeras para extorsionar a sus dueños y forzar la venta de sus empresas a capitales alemanes. Moliterno lideraba una facción apoyada por la Armada Argentina y personal militar alemán. Reuniones semanales con oficiales de la Embajada Alemana, encabezadas por el capitán Peter Christian Semrau, facilitaban la entrega de información, incluyendo escuchas y seguimientos. Según la denuncia, Moliterno percibía hasta 250 millones de euros por estas operaciones.

Además del espionaje, los acusados ​​están implicados en envío de fondos públicos destinados a viáticos y racionamiento. Un ejemplo emblemático es el caso de un viaje a Esquel que justificaron como misión oficial, pero que resultó ser unas vacaciones familiares financiadas con fondos estatales. También se reportan contrataciones ficticias y tercerizaciones fraudulentas para apropiarse de dinero público.

La investigación busca determinar si estas acciones responden a directivas del gobierno alemán o si son iniciativas privadas. El objetivo final sería el control del mercado de litio en el norte argentino y Bolivia, un recurso estratégico en la transición energética global.

La denuncia, inicialmente anónima, ha sido ratificada con pruebas documentales, y la Justicia Federal, liderada por el juez Sebastián Ramos, enfrenta el desafío de esclarecer este esquema de defraudación pública, abuso de poder e inteligencia clandestina con posibles repercusiones internacionales.

 

EMPRENDEDORES: LA VENTA DE AUTOPARTES DE AVIONES

Lo que se conoce como el robo de autopartes en el Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento 601, en Campo de Mayo, fue el detonante para que el ladero de Patricia Bullrich se viera obligado a ordenar una auditoría interna.

La misma se llevó adelante por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Presti, donde se detectó irregularidades en la gestión de repuestos de aeronaves del mencionado batallón. La investigación reveló un entramado de corrupción que incluía el robo de autopartes de aviones Twin Otter, las cuales habrían sido vendidas ilegalmente. La respuesta del Ministerio de Defensa ante esta situación fue la suspensión de 16 militares, el relevo del jefe del área y la formalización de una denuncia ante la Oficina Anticorrupción.

Sin embargo, las irregularidades van más allá. El informe también documenta casos de donación irregular de motores de aeronaves a instituciones no autorizadas, eventos sociales no presupuestados y contradicciones en los registros oficiales sobre la recepción de repuestos.

Estas prácticas, que salpican a altos mandos y subordinados por igual, demuestran una “cadena de distracción” sobre el control efectivo en el manejo de los recursos públicos. Concretamente, la venta de material donde participaban y compartían “ganancias” una serie de personas necesarias para poder evadir todos los controles.

De este acto de corrupción, por el momento, fue relevado el comandante de la Dirección de Aviación del Ejército, el coronel Julio Orlando Morillas, junto con 16 militares que fueron suspendidos. Entre los que se encuentran sargentos, coroneles y tenientes. Todos se vieron involucrados en el supuesto robo de motores de los helicópteros Twin Otter para luego revenderlos.

La suspensión incluye al coronel Edgardo Suigo, los tenientes Daniel Márquez y Ángel Quintana; los mayores Diego Mancilla, Romina Toso; el teniente primero Maximiliano Maldonado; los sargentos mayores Raúl Salamone, Aldo Villalba, César Britos; el sargento director Diego Benítez; los sargentos ayudantes Jorge Díaz, Alexis Freddo; la sargento Marcela Mastronardo y el cabo Matías Copi.

Recordemos que el Ministerio de Defensa, bajo el mando de Luis Petri, ha intentado reaccionar con medidas contundentes, pero las respuestas hasta ahora se parecen más a estrategias dilatorias que a medidas concretas y ejemplares. La creación de auditorías internas y la remisión de casos a la Oficina de Transparencia ya la Justicia Federal son acciones necesarias pero insuficientes en un contexto donde las instituciones militares aparentemente se asociaron con rapidez a la idea de liberarlo todo.

 

DOBLE FALTA: EL ENCUBRIMIENTO DE ABUSO SEXUAL

Por otro lado, según fuentes oficiales, las denuncias contra el brigadier mayor Fernando Luis Mengo incluyen el abuso sexual. La misma fue presentada por una mujer de las FAA, pero que fue sistemáticamente "cajoneada" por la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM). Esta oficina, encabezada por Marco Alberto Constenla, mantenía una estrecha amistad con Mengo y, presuntamente, actuaba para frenar cualquier avance judicial en su contra. El caso de las denuncias de abuso sexual dejaron expuesta una verdadera red de protección dentro de la Fuerza Aérea. Lo que se conoce con el nombre de pacto de silencio. La misma práctica utilizada por los militares sobre la ubicación de los cuerpos de los desaparecidos de la última dictadura y el paradero de los bebés secuestrados.

Ahora bien, detengámonos un instante en la figura de Marco Alberto Constenla, quien es un comodoro retirado de la Fuerza Aérea, que asumió en la dirección nacional de Inteligencia Estratégica Militar por designación del actual Ministro de Defensa, Luis Petri. Esta persona tiene bajo su mando a todas las unidades de inteligencia de las cuatro fuerzas armadas: Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Estado Mayor Conjunto.

El director de Inteligencia Estratégica Militar es muy conocido por los viejos radicales, partido de donde proviene Luis Petri. Es que Constenla participó del alzamiento carapintada de Villa Martelli, en el año 1988. Este militar, es un reconocido admirador del teniente coronel Aldo Rico. Pero además también participó de la toma del Aeroparque Metropolitano formando parte de los comandos tácticos de la Fuerza Aérea. Esta acción se llevó adelante en apoyo del líder de aquella sublevación, el coronel Mohamed Alí Seineldín. Constenla terminó siendo juzgada en el fuero civil y el militar e indultado luego por el gobierno de Carlos Saúl Menem.

Pero el prontuario de Constenla no termina aquí, sino que volvió a las noticias en el año 2014 cuando asumió la titularidad del escuadrón de Inteligencia Aérea y Técnica del Litoral con operación en los campos de la base aérea de Paraná. En aquel momento fue denunciado por el suboficial Javier Alejandro Duré, quien aseguró que Constenla le había ordenado realizar inteligencia interna. El suboficial Duré no sólo se negó sino que, además, lo denunció a la Justicia Federal que lo juzgó por los delitos de coacción y usurpación de autoridad.

 

TURISMO RECREATIVO: LA UTILIZACIÓN DE AERONAVES PARA VIAJES

Si bien el acoso sexual lo podía mantener cajoneado por un tiempo, la situación se tornó insostenible una vez que salieron a la luz pruebas contundentes, como los videos de seguridad donde se podía ver a Mengo y sus allegados utilizando helicópteros oficiales.

Los mismos fueron empleados para realizar viajes recreativos a Entre Ríos, donde disfrutaron de reuniones sociales y actividades no relacionadas con su trabajo militar. Se tienen registrados más de 30 vuelos de aviones militares que fueron utilizados para uso familiar. Sí, decilo, “con la tuya contribuyente”.

También, existen acusaciones de usar aviones oficiales para trasladar amigos y familiares a destinos turísticos, un acto expresamente prohibido. Según señaló INFOBAE, el militar utilizó recursos del organismo para traer y llevar a su pareja, que también es castrense, de la ciudad de Paraná a Buenos Aires.

El brigadier mayor Fernando Luis Mengo, quien fue designado jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea por el propio Milei el 2 de enero de 2024. Mengo, un oficial con una extensa trayectoria que incluyó roles diplomáticos y de mando, fue destituido en menos de un año por graves denuncias que incluyeron el uso de aviones estatales para multas personales y supuestos casos de acoso y abuso sexual. La remoción de Mengo, anunciada por el ministro de Defensa Luis Petri a través de la red social X el pasado 21 de noviembre, marca un punto álgido en una crisis de confianza hacia las Fuerzas Armadas.

 

TURISMO RECREATIVO II: EL DINERO DE ALIMENTOS PARA CIVILES Y MIEMBROS DE LA FUERZA GASTADA EN VACACIONES FAMILIARES

Otro caso de corrupción que involucra a las fuerzas armadas libertarias es la investigación que lleva adelante la Justicia sobre el destino de fondos públicos para uso particular, específicamente vacaciones familiares, junto a la creación de contratos de personal que directamente no existían. Según publicó Noticias Argentinas e InfoNews, la presentación penal quedó a cargo del Juzgado Federal número 2 de Sebastián Ramos.

La denuncia involucra a Francisco Javier Moliterno quien se había desempeñado como director de la DNIEM pero con el gobierno de Javier Milei pasó a ocupar un cargo menor pero con mucho poder, ya que algunos dicen que "opera tras las sombras". "Forma parte de la planta permanente del Ministerio desde el año pasado, pero ahora no está operativo. Lo tienen “guardado”, remarcaron las fuentes consultadas por Noticias Argentinas.

Las fuentes mencionadas señalan que "el mecanismo de fraude consistía en realizar pedidos de viáticos de fondos públicos para ser utilizados por Moliterno para su personal, entre otros, vacaciones familiares junto a su esposa Rocío Soledad Canaves e hijos menores de edad".

Canaves, justamente "habría ingresado como miembro de planta permanente en el DNIEM, pero jamás habría concurrido a cumplir funciones laborales ni se le habría asignado tarea alguna a realizar desde su domicilio". En uno de los pedidos, Moliterno solicitó 139.140 pesos por costos de desplazamiento y viáticos por 27.828 pesos cada día para un viaje a la ciudad chubutense de Esquel junto a su esposa en una misión oficial que iba del 21 al 25 de agosto de 2023.

Las mismas fuentes detallan que “en fotos subidas a redes sociales, el denunciado se mostró junto a su pareja ya sus dos hijos menores de edad disfrutando del paisaje y realizando actividades en grupo, en lo que finalmente eran vacaciones familiares. Por otra parte, otra de las denuncias presentadas radica "en un mecanismo que se complementaría con la creación de contratos de personal que directamente no existiría y de la tercerización de servicios que tampoco existirían, lo que permitiría el cobro de dichos fondos y su utilización con multas particulares".

También consta en la denuncia penal, citando como un ejemplo del modus operandi, una nota de autorización de retiros de fondos de febrero de 2024 firmada por Moliterno, por la suma de 13.365.083,22 pesos, la cual una empleada sacó del Banco Nación. .

 

UN GOBIERNO CÓMPLICE DEL DESCONTROL MILITAR

Los escándalos de corrupción en las Fuerzas Armadas no solo evidencian un entramado de irregularidades, abusos de poder y saqueo de recursos públicos, sino también la falta de compromiso de los máximos responsables políticos. El ministro de Defensa, Luis Petri, no solo exhibe una preocupante incapacidad para controlar a las fuerzas bajo su mando, sino que además responde con medidas cosméticas y tardías. Sus auditorías internas y derivaciones a la Oficina Anticorrupción no han sido más que maniobras para ganar tiempo y desviar la atención.

A su vez, la jefa política de Petri, Patricia Bullrich, mantiene un silencio que resulta ensordecedor. Mientras los jerarcas militares desvían fondos y utilizan aeronaves oficiales como si fueran aviones privados, el discurso de Bullrich, basado en una supuesta ética de “orden y justicia”, se desmorona frente a los hechos.

En el vértice de este sistema, Javier Milei, presidente de la Nación, parece mirar hacia otro lado. Su prédica libertaria, que promete liberar al Estado de sus ataduras, termina justificando el descontrol y la connivencia entre la política y los sectores corruptos de las Fuerzas Armadas. Lejos de garantizar la transparencia, el gobierno de Milei ampara un modelo donde las instituciones que deben garantizar la seguridad y el orden son utilizados para el enriquecimiento personal de sus cúpulas.

El litio, los helicópteros y los fondos públicos desviados no son solo ejemplos de delitos; son la evidencia de un sistema político que legitima el saqueo y el abuso de poder. Mientras tanto, el gobierno de Milei se hunde en la misma maraña de corrupción que prometió erradicar, dejando a la ciudadanía con una certeza: en esta administración, el descontrol no es un error, es el modelo.

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