Ritondo: Lavado de dinero, sociedades offshore y un patrimonio que plantea más preguntas que respuestas
Cristian Ritondo, uno de los hombres fuertes de la oposición macrista y figura cercana al oficialismo de Javier Milei, está en el ojo de la tormenta tras una serie de investigaciones periodísticas y judiciales que exponen un entramado de bienes y sociedades offshore vinculados a su esposa. El silencio en el ámbito político contrasta con la gravedad de las denuncias y sus implicancias éticas.
(Por Santiago Ríos) Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados, atraviesa una tormenta mediática y judicial que amenaza con revelar los secretos de una de las figuras más visibles del macrismo. Las denuncias, encabezadas por la diputada Mónica Frade de la Coalición Cívica y respaldadas por investigaciones periodísticas de alto impacto, revelan un complejo esquema de sociedades offshore y propiedades millonarias vinculadas a su esposa, Romina Diago.
El punto de partida de esta historia es una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y elDiarioAR, que destapó conexiones de Diago con fideicomisos en Florida y sociedades en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas. Según los documentos filtrados, Diago sería beneficiario final de estas estructuras financieras que incluyen propiedades de lujo y cuentas bancarias en el exterior.
La existencia de sociedades offshore no constituye un delito per se, pero el problema radica en su opacidad. ¿Fueron declarados estos bienes ante las autoridades fiscales argentinas? Frade apunta a una posible omisión deliberada, señalando inconsistencias en las declaraciones juradas de Ritondo desde 2021. Según la diputada, las cifras no cuadran: ingresos elevados y una red empresarial que incluye una constructora fundada junto a su padre y una empresa uruguaya cuya función sigue siendo un misterio.
Además, llama la atención el despliegue inmobiliario de Emprendimientos Rivadavia, la primera sociedad de Ritondo, que controla 72 unidades funcionales sólo en la Ciudad de Buenos Aires. El pedido de Frade para que la Unidad de Información Financiera (UIF) investigue estos bienes responde a un patrón recurrente: el uso de estructuras legales para ocultar patrimonio.
Más alarmante aún es el silencio que rodea a estas denuncias. Ni Ritondo ni sus compañeros de bancada han dado explicaciones claras. Incluso desde el gobierno de Javier Milei, donde Ritondo actúa como un aliado clave, el tema ha sido ignorado. Este vacío de respuestas no es sólo una omisión política, sino una señal de complicidad estructural en un sistema donde la transparencia es un lujo que pocos se permiten.
La propia Frade califica este silencio como “hipócrita”, subrayando la contradicción de un espacio político que se autoproclama republicano mientras ignora escándalos de esta magnitud. En sus palabras, no se puede “mirar para otro lado” cuando un funcionario público no puede justificar su patrimonio.
Más allá de los detalles legales, el caso Ritondo tiene implicancias profundas para el sistema político argentino. En un país donde el 40% de la población vive en la pobreza, la imagen de un diputado gestionando bienes millonarios a través de paraísos fiscales es un golpe a la credibilidad institucional.
La conexión de Ritondo con el oficialismo de Javier Milei agrega otra capa de complejidad. El gobierno libertario ha prometido “terminar con la casta”, pero su asociación con figuras envueltas en polémicas patrimoniales refleja la misma dinámica de poder que dice combatir.
El caso de Cristian Ritondo no es sólo un problema para el PRO o la Coalición Cívica. Es un espejo que refleja las contradicciones de un sistema político atrapado entre la retórica del cambio y las prácticas del pasado. Javier Milei, quien ha basado su discurso en la transparencia y la lucha contra la corrupción, enfrenta un desafío crítico: ¿cómo justificar la cercanía con un aliado cuya ética está en duda?
Mientras tanto, la justicia argentina tiene la última palabra. El avance de las investigaciones, tanto en la UIF como en los tribunales, determinará si las denuncias se convierten en una nueva página de impunidad o en un ejemplo de rendición de cuentas.
EN ORSAI
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