Plan C

El default de Los Grobo, el Vicentin del gobierno de Javier Milei

El rol de los fondos de inversión en la crisis de uno de los mayores grupos económicos vinculados al agro, que dejó un tendal de deudas entre obligaciones negociables, transportistas y productores asociados. La especulación y el sobreendeudamiento

Cristian Carrillo.

El holding Los Grobo Agropecuaria enfrenta un grave sobreendeudamiento y declaró la interrupción de pagos a fines de 2024. La crisis del grupo, controlado por el fondo de inversión Victoria Capital Partners, profundiza la fragilidad de la cadena de pagos, afecta especialmente a los productores más pequeños, transportistas y asociadas. El derrotero comenzó con un proceso de “financiarización” de sus operaciones, con menor proporción en el segmento de producción agrícola y foco en la venta de agro-insumos, apalancado además sus inversiones con colocaciones en el mercado.

“El caso de Los Grobo no es aislado, sino parte de un proceso de endeudamiento y crisis que ya afectó a otras grandes empresas del agro”, señala el informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP). El caso tiene una fuerte semejanza, por los motivos de que llevaron a la empresa al default, con la escandalosa quiebra de la cerealera Vicentín.

El paralelismo con el caso Vicentin es inevitable. Se trata de otro gigante del agro que colapsó bajo el peso del sobreendeudamiento y la financiarización. En ambos casos, se observa un modelo de negocios que privilegió el acceso a financiamiento rápido y el uso intensivo de instrumentos bursátiles, dejando en segundo plano la estabilidad productiva y la relación con los actores más vulnerables de la cadena.

“En los últimos años Los Grobo Agropecuaria redefinió su estrategia de negocio, con menor proporción en el segmento de producción agrícola y foco en la venta de agro-insumos. Si bien su posicionamiento se fortaleció, las elevadas necesidades de capital de trabajo para financiar a los productores en un contexto de altas tasas de interés erosionan fuertemente la rentabilidad y la capacidad de generar flujo”, detalló la calificadora de riesgo FIX semanas después de que el grupo comunicara el default de sus vencimientos.

El sendero hacia el default

En 2020, bajo la conducción de Gustavo Grobocopatel, la empresa profundizó su crecimiento gracias a la integración vertical, alianzas estratégicas y su ingreso en mercados internacionales. Esta expansión se basó en gran medida en un modelo de financiamiento externo y endeudamiento, que, a la postre terminó por desestabilizarla. Si bien el quiebre definitivo llegó en 2017, cuando el fondo de inversión Victoria Capital Partners asumió el control del grupo tras una cesión de acciones de la familia fundadora, en un contexto de crisis financiera agudizada por devaluaciones y aumentos de costos.

“Este fondo, con sede en Vancouver, Canadá, representa el paradigma de la financiarización extrema en el sector: su prioridad en la gestión estuvo más orientada a garantizar retornos para los inversores que a fortalecer el modelo productivo de la empresa”, explica el informe que realiza la IPyPP. En la actualidad, la familia Grobocopatel apenas conserva una participación minoritaria, sin capacidad real de decisión sobre el destino de la compañía.

A partir de 2014 la empresa comienza a trabajar con fideicomisos mediante los cuáles financiaba el sostenimiento de un proceso previo de enorme y rápida expansión dentro y fuera del país.

Dentro del sector, el default no sorprendió, aunque para la Comisión Nacional de Valores (CNV) no emitió una solo alerta. El sobreendeudamiento había quedado reflejado en ratios alarmantes: su endeudamiento total supera 24 veces el patrimonio neto, con gran parte de sus pasivos denominados en dólares, lo que la hace especialmente vulnerable a las devaluaciones. Se sumaron resultados operativos negativos –especialmente en los últimos dos años—, pérdida de rentabilidad y una liquidez insuficiente para cumplir con sus compromisos a corto plazo.

El resultado fue la cesación de pagos sobre obligaciones negociables y pagarés bursátiles por casi 30 millones de dólares, argumentando problemas de iliquidez y condiciones de mercado adversas. Hasta abril del año pasado el grupo continuaba con la colocación de obligaciones negociables –realizó una emisión de 80 millones de dólares—pese a los pésimos resultados operativos del grupo. Fueron precisamente vencimientos de esta colocación que menos de un año después no pudo afrontar.

El efecto cascada

Esta crisis no solo afecta a la empresa en sí misma, sino que tiene un impacto directo y profundo en los productores, transportistas y socios comerciales que forman parte de su cadena de valor. Los productores, muchos de los cuales entregaron granos sin documentación formal y bajo acuerdos informales, se encuentran ahora en una situación de incertidumbre, temiendo perder tanto sus ingresos como los insumos depositados en las plantas de Los Grobo.

El sector, que ya viene acuciado por cuestiones climáticas, por fijación de precios en mercados internacionales, por política cambiaria local y por creciente importancia que adquieren las inversiones financieras en los resultados de las firmas. “Cuando las inversiones son exitosas proveen ganancias extraordinarias y cuando son adversas generan crisis muy graves y, en algunos casos, la quiebra”, explica el informe IPYPP). A fines del año 2024 varias empresas agropecuarias comenzaron a tener serios problemas de solvencia que se agravan a medida que avanza este año.

Al default de Los Grobo, se sumó la cesación de pagos de Surcos S.A., Agropecuaria Avanzada S.A., Rizobacter S.A. y Bioceres.

El 14 de enero último, ante la falta de respuesta, un conjunto de productores bloqueó el ingreso a la planta de San Miguel del Monte y comenzó un acampe. Esa protesta abrió un canal de diálogo con la empresa. Luego de unos días, se llegó a un acuerdo con esos pocos productores que estaban dispuestos a continuar con la protesta de que se llevaran los granos que habían depositado (se trata fundamentalmente de trigo).

En ese momento, ingresaron al conflicto los numerosos transportistas que también tenían cuentas pendientes (estiman una deuda de 500 millones de pesos); por lo que la firma debió incorporarlos a la negociación y acercarles una oferta. Recién el día 21 de enero se concretó un acuerdo por el cual los transportistas comenzaron a recuperar parte de los pagos atrasados y unos pocos productores recuperaron su producción. 

El Destape