30 de enero de 2025

El Gobierno pretende utilizar a las Fuerzas Armadas para "combatir el narco"

Un show al estilo Trump desde la triple frontera

Bullrich y Petri buscan trasladar a cientos de militares hacia el límite con Brasil y Paraguay para reforzar controles. La reforma de la Ley de Seguridad Interior, clave.

Irina Hauser


Los ministerios de Seguridad y de Defensa preparan el terreno para un nuevo show que emule la política de militarización de las fronteras de Donald Trump, uno de los caballitos de batalla que exhibe como parte de su política contra los migrantes desde que llegó a la presidencia estadounidense. Después de anunciar la construcción de una "cerca" de 200 metros en la frontera entre Aguas Blancas (Salta) y Bolivia, ahora el gobierno nacional dejó trascender que diseña un operativo para aumentar controles en la Triple Frontera y otros pasos en los que amaga con dar participación a las Fuerzas Armadas. Tampoco está claro que irían a hacer allí los militares, donde ya hay fuerzas de seguridad y agentes de inteligencia: hay quienes hablan de asignarles tareas de adiestramiento y logística, otros alegan funciones de seguridad. La posibilidad de darles intervención en asuntos de seguridad interior era un viejo objetivo de la ministra Patricia Bullrich, y una opción que finalmente quedó habilitada en diciembre con la publicación de dos decretos que modificaron la Ley de Seguridad Interior y la de Defensa Nacional.

Al celebrar aquellos decretos, el ministro de Defensa Luis Petri, había dicho que "ahora las Fuerzas Armadas podrán intervenir no solo ante amenazas de otros Estados, sino también frente a actores no estatales como organizaciones terroristas y transnacionales" y podrán tener "despliegue en zonas fronterizas para proteger a nuestra Nación donde más se necesita". Esto último es lo que empiezan a instalar en estos días como imitación de la agenda de Trump. Según los trascendidos habrá una mesa de trabajo de ambos ministerios que definirá cuántos efectivos serán enviados y a qué lugares estratégicos. En principio mencionan la Triple Frontera y zonas como Bernardo de Irigoyen (en Misiones) y Salvador Mazza (en Salta).

Bullrich multiplicó sus anuncios después de la instalación del alambrado en Salta y los contextualizó en el llamado Plan Güemes (que se supone que apunta al contrabando, al narcotráfico y la trata de personas). Habló de que intervendrán todas las fuerzas y usarán tecnología (drones más puntualmente) adquirida durante el gobierno de Mauricio Macri. Vale aclarar que buena parte de las compras de tecnología y armamento que se hicieron en la gestión de Bullrich durante el macrismo fueron cuestionadas con dureza en un informe de noviembre último de la Auditoría General de la Nación por irregularidades millonarias y el posible perjuicio al erario público, algo que también habían denunciado la Oficina Anticorrupción y la gestión de Sabina Frederic en Seguridad. En muchos de los decretos sobre seguridad e inteligencia del gobierno de Javier Milei se vislumbran grandes negocios en la adquisición de tecnología.

"El hecho de que estén copiando la agenda de Trump muestra que no están pensando en la realidad argentina sino que trasladan mecánicamente esas propuestas en una versión berreta: lo del alambrado de 200 metros entre la aduana y la terminal de ómnibus es una ridiculez. Lo que sucede es que no dan cuenta de cuál es el problema, cuál es la evaluación de la situación de inseguridad que el gobierno analiza que obligaría a movilizar tremenda cantidad de efectivos ya habiendo muchos de ellos", advierte la exministra Frederic. En función de datos que conoce, explica que en cada zona hay "diferentes realidades". "El contrabando que seguramente debe haber en la frontera con Bolivia y Paraguay se debe a que hay mucho movimiento de compra en esos países y venta y reventa en Argentina", dice.

Como ya informó Página/12 en 2024 quedaron implicados por lo menos 40 gendarmes en ese tipo de hechos (en esencia por recibir sobornos y/o participar en el armado de tours de compras, pero esta es la parte que el gobierno no cuenta, igual que pasa por alto el episodio del exsenador Edgardo Kueider ingresando con 200 mil dólares a Paraguay. En la frontera de Salta con Bolivia todavía flota la duda sobre cómo actúa y sobre quién la Gendarmería, cuyo papel --por ejemplo-- en la muerte de un bagayero, todavía no está claro. En Bernardo de Irigoyen, sigue Frederic, "están escandalizados porque no hay ningún tipo consulta de parte del Gobierno sobre qué se puede hacer para controlar cierto contrabando y no entorpcer las relaciones binacionales y culturales. Dicen, por ejemplo, que tienen una aduana desastrosa en comparación con la de Brasil. En lugar de llevar militares lo que habría que hacer es mejorar la aduana".

Militares en seguridad interior

Los decretos de diciembre que habilitaron a que ahora el gobierno haga alharaca con la posible actuación de las Fuerzas Armadas en las fronteras son dos. Ambos abrieron las puertas a su participación en seguridad interior y que fueron considerados como una intromisión en facultades legislativas.

* El decreto 1107 dice que existen "objetivos de valor estratégico" que definió como “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia seguridad de la Nación, limitando, posponiendo o impidiendo su desarrollo”. Establece que para custodiarlos el Ministerio de Seguridad puede convocar a las Fuerzas Armadas para que intervengan como apoyo a las de seguridad. Es un modo de habilitar la militarización de lo que el gobierno quiera, ya sea la Plaza de Mayo, los puertos , la Ciudad de Buenos Aires, lo que sea que quiera meter en la definición de "objetivos de valor estratégico".

*El decreto 1112 modifica la última reglamentación de la Ley de Defensa, que limitaba la actuación de las Fuerzas Armadas ante agresiones externas. La vieja norma de los tiempos de la gestión de Nilda Garré en Defensa hablaba de agresiones externas de otros Estados. Ahora se establece que tienen que intervenir ante ataques externos de cualquier tipo, lo que podría abarcar a la criminalidad organizada o lo que se quiera incluir en las llamadas "nuevas amenazas", otra doctrina con la impronta de Estados Unidos, que permite involucrar a los militares en cuestiones ajenas a sus propósitos y su formación. La idea es correrlos de las tareas de defensa y darles funciones policiales en asuntos como el llamado narcorterrorismo.

De hecho, aunque Petri dijo en su momento que todo esto es para jerarquizar y fortalecer a las Fuerzas Armadas, no todos los militares lo ven con ese optimismo. Muchos no quieren ser policías o cumplir sus funciones, no estudiaron para eso y se quejan en la comparación de sus salarios. La vicepresidenta Victoria Villarruel se opone a esta intervención militar en las cuestiones internas. "La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles", dijo.

Un plan difuso

Desde las carteras de Seguridad y Defensa reafirman la decisión de llevar Fuerzas Armadas a las fronteras y dicen que en cierta medida los decretos eran para eso. Dicen que podrían desempeñar actividades de “adiestramiento operacional, brindar apoyo logístico al sistema de seguridad interior, realizar acciones de apoyo a la comunidad y prestar asistencia ante catástrofes naturales o emergencias”. Aunque también hablan de su participación en el control fronterizo. ¿Qué harían? ¿Darían vueltas vigilando la zona? A la hora de dar precisiones, no las tienen. Por lo pronto, es evidente que quieren mostrar que Argentina es buena alumna y mezcla las cuestiones de seguridad con las migratorias para darle un infaltable toque xenófobo a la cuestión.

"El propósito del gobierno fue suplantar vía decreto las prohibiciones de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas actúen en esa materia. Mandaron una ley que no tuvo acuerdo en el Congreso, sacaron un decreto y ahora muestran la militarización de las fronteras como si fuera un buena alternativa de control. Es el nuevo intento de Bullrich de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior para las cuales no están habilitadas por ninguna ley, solo para copiar la política anti-inmigratoria de Trump", señala el exministro de Defensa Agustín Rossi. "De todos modos no está claro qué es lo que podrían ir a hacer a la frontera. Tampoco creo que las Fuerzas Armadas se pongan a actuar si no tienen una ley específica. Si hay algún incidente la culpa será de los militares, que no querrán eso", agregó.

"Habrá que esperar precisiones para realizar un análisis serio, pero en primera instancia y leídas en conjunto en conjunto con el anuncio del alambrado, las ideas aparecen como propuestas marketineras que buscan sintonizar con la estética Trump", coincide Angela Oyhandi, del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. "Las declaraciones de la propia Bullrich, al señalar que 'están evaluando cuáles serían los puntos estratégicos' para los operativos --analiza-- le quitan seriedad al asunto: tienen la política pero no el territorio sobre el cual aplicarlo. Cuando es claramente conocido que cada territorio tiene sus especificidades, actores y tramas".  

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