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Milei disolvió la Administración General de Puertos (AGP): El puerto de Buenos Aires pasará a manos privadas

El gobierno de Javier Milei, en un movimiento que intensifica la entrega de activos estatales, cerró la AGP sin previo aviso a sus empleados. Este hecho, que afecta a cientos de familias, también implica el control extranjero sobre la Vía Troncal de Navegación, eje del comercio exterior argentino.

(Por Santiago Ríos) La madrugada en que los trabajadores de la Administración General de Puertos (AGP) llegaron a sus puestos de trabajo y encontraron las puertas cerradas con candados quedó grabada en la memoria como un símbolo de la precariedad y el desprecio hacia quienes sostienen las instituciones del Estado. “Ni siquiera nos dejaron sacar nuestras pertenencias”, denuncian los empleados afectados. El cierre fulminante de la AGP, ordenado por el gobierno de Javier Milei, es mucho más que un despojo laboral: es la entrega de la soberanía nacional.

La AGP, una institución clave en la administración portuaria y la gestión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, dejó de existir con un decreto publicado en el Boletín Oficial. El puerto de Buenos Aires, la arteria principal del comercio argentino, pasó a manos privadas sin consulta ni debate público. “Esto representa un retroceso histórico”, afirman desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Y es que, tras la disolución de la AGP, el cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense ya se encuentra instalado en la región, listo para operar uno de los tránsitos más estratégicos del país.

El impacto de esta medida trasciende lo simbólico. La Vía Troncal de Navegación concentra el 80% de las exportaciones argentinas y también es, según un informe de la Universidad de Utrecht, una de las principales rutas del narcotráfico hacia Europa. Sin la AGP, el Estado pierde su capacidad de cobrar peajes a las embarcaciones extranjeras y de controlar el dragado, balizamiento y seguridad de las rutas fluviales. El negocio estimado en 9.000 millones de dólares anuales ahora queda a merced de intereses foráneos y de empresas multinacionales como Vicentín y Bunge. 

Un ataque a la soberanía nacional

El capitán fluvial Oscar Verón, referente de la CTA Autónoma, no duda en calificar esta maniobra como una “gravísima entrega de la soberanía”. Según el dirigente, el gobierno de Milei ha consumado una transacción que no solo precariza a los trabajadores, sino que también pone en peligro los recursos naturales y la autonomía económica. La creación de la AGP había sido una conquista del movimiento popular durante la gestión de Alberto Fernández. “Pasamos de recaudar 300 millones de dólares anuales a depender de decisiones extranjeras. Esto es un retroceso inaceptable”, denuncia Verón.

La entrega de la AGP también evidencia la subordinación del Estado argentino frente a las presiones del capital transnacional. Los acuerdos que posibilitaron esta cesión del puerto de Buenos Aires no solo despojan al país de una de sus principales herramientas de regulación económica, sino que refuerzan la dependencia estructural hacia potencias extranjeras. Según Verón, esta dependencia no es accidental, sino el resultado deliberado de una política neoliberal que prioriza el desmantelamiento del aparato estatal.

La situación también refleja la falta de regulación sobre el impacto ambiental en las rutas fluviales. Los puertos instalados en la costa de Rosario, pertenecientes a multinacionales chinas, francesas y estadounidenses, ya han alterado el equilibrio ecológico de la región. Las inundaciones, incendios y el cambio climático son evidencia de un modelo extractivista que prioriza el lucro sobre el bienestar colectivo. Este modelo no solo genera devastación ambiental, sino que también compromete los derechos de las comunidades locales, quienes deben enfrentarse a la contaminación de sus aguas y tierras sin ningún tipo de compensación o control efectivo.

En este contexto, organizaciones ambientalistas han denunciado la creciente privatización de las funciones estatales en el manejo de recursos naturales. “Estamos frente a un saqueo institucionalizado”, afirma un activista de Greenpeace. El dragado excesivo y el uso indiscriminado de agroquímicos en las zonas costeras, facilitados por la falta de control estatal, han acelerado la degradación del ecosistema del Paraná. Estas prácticas se desarrollan bajo un manto de impunidad, donde las multinacionales operan sin restricciones y el Estado actúa como un espectador impotente. 

El ajuste como política de Estado

Los trabajadores despedidos no solo enfrentan la pérdida de sus empleos, sino también una humillación que los coloca en una situación de indefensión total. Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de ATE Nacional, subraya la crueldad de las medidas: “Muchos empleados tienen más de diez años de antigüedad. Fueron despedidos sin notificación, sin la posibilidad de recuperar siquiera sus pertenencias”.

El desmantelamiento de la AGP se enmarca en un ajuste feroz que favorece al capital privado mientras desmantela las instituciones que atienden las necesidades populares. Las únicas dependencias del Estado que han visto incrementados sus presupuestos bajo el gobierno de Milei son las relacionadas con la seguridad y el aparato represivo. Para los trabajadores despedidos, esta situación recuerda a los días más oscuros del neoliberalismo durante la gestión de Fernando de la Rúa.

En este contexto, la lucha de los gremios y las organizaciones populares es crucial para frenar el avance de un modelo que destruye la soberanía nacional y condena al pueblo a la precariedad. La CTA, junto a otros sindicatos, ha iniciado acciones legales y prepara movilizaciones masivas para visibilizar la gravedad de lo ocurrido.

Sin embargo, el panorama no es alentador. Provincias como Santa Fe y Entre Ríos, que deberían liderar la resistencia, se mantienen en un preocupante silencio. La falta de una oposición contundente abre la puerta a que medidas como estas se repliquen en otros sectores estratégicos. Mientras tanto, las familias afectadas esperan respuestas y soluciones que tardan en llegar.

La disolución de la AGP no solo representa una pérdida económica para el país, sino también un ataque directo a su capacidad de autogestión y soberanía. Frente a este panorama, queda claro que la entrega de recursos al extranjero no es solo una cuestión de negocios, sino una decisión política que condena a generaciones enteras a un futuro incierto.

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