El Presidente creó por decreto la comisión
Criptogate: la funcionaria de Milei encargada de investigar a Milei
María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, fue designada por el Gobierno al frente de la Unidad creada para autoinvestigar la estafa de $Libra. Se trata de quien fue responsable de propiciar el vaciamiento de la CONADI con el fin de entorpecer la búsqueda de los nietos apropiados durante la dictadura.
A la escandalosa decisión de autoinvestigarse por el criptofraude promocionado por el presidente Javier Milei, el gobierno nacional le sumó otra medida insólita: nombró como encargada de las pesquisas y averiguaciones del caso una funcionaria de su propio riñón.
María Florencia Zicavo, la jefa de Gabinete de asesores del Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona será la encargada de investigar a Milei. Así lo dispuso la Casa Rosada a través de la resolución que crea la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), luego de haber anunciado que la Oficina Anticorrupción sería la encargada de esa tarea.
La funcionaria tiene en su curriculum vitae tareas de “relevancia” pública. La última de ellas fue haber sido la encargada de tejer la arquitectura para retirarle a la Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) las facultades que históricamente tenía para acceder a archivos del Estado e investigar los casos de apropiación hijos de desaparecidos durante la última dictadura.
La medida tuvo un freno judicial pero su intención inicial fue impedir que Abuelas de Plaza de Mayo pueda continuar con su tarea de devolver la identidad a las víctimas del terrorismo de Estado. Por eso, la decisión que había sido redactada por Zicavo recibió un amplio repudio de organizaciones de derechos humanos y partidos políticos.
La comisión autoinvestigadora de Milei
Así y todo, la funcionaria quedó al frente de la UTI creada por el gobierno de Milei para determinar si Milei fue responsable de la megaestafa internacional que él mismo promocionó a través de $Libra, la criptomoneda que según la revista Forbes causó pérdidas por 4,6 mil millones de dólares a quienes invirtieron en ella.
La UTI encabezada por Zicavo fue creada para “determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción” que luego serían presentados al Poder Judicial, según reza la Resolución 72/2025 firmada por su jefe, Cúneo Libarona.
La medida indica que “la titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia tendrá a su cargo el dictado de las normas operativas y complementarias previstas” por ese flamante organismo.
Tendrá la tarea de “recabar información relacionada al criptoactivo referido en el considerando precedente, y colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público”.
Para esto, el trabajo de la funcionaria que depende directamente del ministro que a su vez depende directamente del Presidente, será recabar información a funcionarios y organismos de los estados nacional, (e insólitamente) provincial y porteño.
La resolución deja claro que la información que Zicavo obtenga no será pública sino que “deberá ser preservadas adoptando las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inalterabilidad y prevenir su revelación o divulgación”. O sea, públicamente no se sabrá nada; salvo la información que el Gobierno haga trascender por sus canales.
Para esta tarea, la abogada deberá suspender sus tareas como jefa de Gabinete de Cúneo Libarona; luego investigar y finalmente hacer recomendaciones acerca de la viabilidad o no de denunciar al Presidente al que ella responde.
El currículum de Zicavo
Zicavo había sido designada al frente de la Unidad de Gabinete de Asesores del ministro de Justicia el 23 de mayo del año pasado. Es abogada graduada en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se desempeñó como relatora en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I.
Según la poca información pública que hay de ella, tiene una especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública (UBA) y en Derecho Procesal de la Fundesi (Fundación de Estudios Superiores e Investigación).
Entre otras actividades hizo una diplomatura sobre “Migrantes y Protección de Refugiados” (UBA), fue docente en materia de derecho público de CPO (UBA) y jefa de Trabajos Prácticos en la materia “Elementos de derecho administrativo”.
En su rol como funcionaria del Ministerio de Justicia también tuvo a su cargo los cientos de despidos en la dependencia.
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