Plan C

Condenó al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares

YPF: la jueza Preska rechazó una presentación para revisar su fallo

La justicia estadounidense rechazó una presentación realizada por una ONG para dejar sin efecto el fallo que obliga a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF.

La postura fue tomada por la jueza federal de Nueva York Loretta Preska, quien consideró que la presentación llegó fuera de tiempo, es decir que no se respetó el plazo de un año que se tenía para hacerse esa objeción.

El pedido fue hecho por la fundación Republican Action for Argentina, que había solicitado a la magistrada que lleva la causa de YPF que anule el fallo por el que condenó al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares a las firmas Burford y Eton Park e investigue a los involucrados en la nacionalización de la petrolera argentina.

La presentación había sido hecha el 17 de febrero último y la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio, según el fallo divulgado por el especialista en este tema Sebastián Maril.

En 2023, Preska condenó al Estado argentino por expropiación a la española Repsol del 51 por ciento de las acciones en YPF, durante el gobierno de Cristina Kirchner. El argumento es que la medida fue tomada sin hacer una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios de la mayor petrolera de la Argentina.

El caso que lleva la justicia neoyorkina se inició en 2015, cuando la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25 por ciento en YPF al momento de la nacionalización y que no tomó parte del juicio en Nueva York.

Burford y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

La jueza citó el caso D`Amato versus Deutsche Bank para fundamentar que una intervención presentada más de un año después del inicio del caso no es válida.

Además, citó Restor-A-Dent Dental Lab’ys, Inc. v. Certified Alloy Prods., Inc., estableciendo que el interés del solicitante debe ser directo y no remoto o contingente.

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