Plan C

Página/12 accedió al acta donde la Policía Federal omite todos los detalles de la agresión El falso informe policial sobre la represión a la jubilada Beatriz Blanco A pesar de que los videos muestran claramente cómo le tiraron gases y la golpearon, el parte del comisario Romualdo Coronel relata que simplemente una señora "se encontraba tirada en el suelo" con un corte en la cabeza. Irina Hauser

Cuando Beatriz Blanco se desplomó después de recibir un golpe en la cabeza de parte de un agente de la Policía Federal en la movilización de los jubilados del 12 de marzo, a otro efectivo de esa fuerza que estaba en el lugar no le quedó otra opción que pedir una ambulancia y labrar un acta de lo ocurrido para reportar a la fiscalía de flagrancia de la Ciudad de Buenos Aires. El uniformado, sin embargo, hizo un informe donde se ahorró la mayor cantidad de detalles posible, pese a que las reglas procesales le exigen individualizar a los culpables, impedir que el hecho genere otras consecuencias y juntar pruebas, incluso testigos. "En el día de la fecha, en la intersección de la Avenida Rivadavia y Entre Ríos siendo las 16.55 horas aproximadamente, se encontraba tirada en el suelo una señora de 87 años de edad, de nombre Beatriz Blanco la cual poseía corte en el cuero cabelludo, es así que se solicitó la ambulancia del SAME…”, dice el escueto sumario que entregó para abrir una causa penal. La denuncia que, por otro carril, presentó la propia Blanco, es contundente. Describe que aquel miércoles a las 16.10 estaba cerca de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia, del lado del edificio del Congreso, cuando fue "rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA). "Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA recibí --relata-- un golpe en la cabeza, con un elemento que creo que se denomina tonfa, lo que provoca mi caída al piso. Fui derivada al Hospital Argerich, donde se me diagnosticó traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conciencia (tengo para mí que en realidad sí perdí el conocimiento y por un tiempo prolongado), herida cortante el la región occipital (que mereció sutura) con irritación ocular 'secundaria a gas pimienta'". Que el ataque provino de efectivos de la PFA es algo que quedó registrado en filmaciones periodísticas y que incluso asumió como un hecho en función de esa evidencia la fiscalía porteña Especializada en Violencia Institucional e Integridad Policial (FEVIIP). La omisión de identificar y mencionar a los autores de la agresión en el acta policial fue señalada en una resolución en la que la jueza porteña Karina Andrade se declaró incompetente en la causa sobre las lesiones sufridas por Blanco. Por estar involucrados agentes federales mandó el caso a Comodoro Py, donde ya había otra causa iniciada por la Procuraduría de Violencia Institucional que actúa a nivel federal, que aludía tanto a la agresión a Blanco como al disparo recibido por el fotógrafo Pablo Grillo, quien sigue en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía. A este expediente se sumaron organismos de derechos humanos, la propia Blanco --representada por los abogados Adrián Albor y Daniel Llermanos-- y la familia de Grillo. Por la reconstrucción que logró hacer el colectivo Mapa de la Policía, se sabe que al joven le disparó un gendarme, que sería el cabo primero Guerrero. El material fílmico, analizado por peritos fue entregado por la familia de Grillo a la jueza Servini quien, sin embargo, sostuvo que ella no era competente en el expediente después de que paseara por el fuero ordinario y pasara por el juzgado de Ariel Lijo, quien le devolvió todo a la magistrada. A juzgar por el texto de la jueza Andrade, se desprende que por lo ocurrido a Blanco no sólo deberían quedar en la mira los policías agresores, quienes dieron las órdenes y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich --como pidió la jubilada herida-- sino quien labró un acta incompleta y todos los policías que estaban junto a él. En las imágenes se advierte que son varios. La pelea de competencia llegó este martes a la Cámara Federal y será resuelta por su presidente, Mariano Llorens. Podría demorar hasta el viernes o pasar a la otra semana. Servini, entretanto, decidió ordenar las medidas de prueba más urgentes destinadas obtener cámaras de la zona, que se podrían perder con el tiempo. Datos elocuentes Quizá parezca un enredo, pero lo que aquí ocurrió es que había causas que tramitaban por Grillo y por Blanco en los tribunales porteños --ya que los hechos ocurrieron en la Ciudad y también intervenía la policía porteña-- y otras en los tribunales federales. La del fotoperiodista fue girada con rapidez a Comodoro Py. La de Blanco quedó demorada por una discusión sobre qué juzgado de la Ciudad debía actuar. Por eso recién llegó el viernes al edificio de Retiro, donde por sorteo le tocó a Lijo, que subroga el juzgado 12. Antes de declarar su incompetencia, Andrade analizó el material disponible y ahí fue que encontró lo que la Policía Federal le había mandado (y eludido) al auxiliar fiscal. El comisario Romualdo Coronel fue quien confeccionó el parte que decía que había simplemente una mujer tirada en el piso con un corte en la cabeza en Rivadavia y Entre Ríos y que su nombre es Beatriz Blanco. El horario consignado era 16.55. Avisó a la fiscalía de flagrancia casi dos horas después: a las 18.39. La fiscalía le indicó a la Policía de la Ciudad que continuara con las actuaciones para investigar el delito de "lesiones". Debían ir al lugar, pero esto no ocurrió. La declaración como testigo de Leonardo Tomás Núñez, Jefe de Servicio de la Comisaría de Intervenciones Judiciales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, aportó un dato tragicómico: la orden de servicio 659/2025 para el despliegue en las inmediaciones del Congreso estaba identificada con el nombre "porque hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados" (sic). Núñez describió que se encontraba en la zona la Unidad Judicial Móvil de la Comisaría de Intervenciones Judiciales y que había gran cantidad de manifestantes de organizaciones sociales, jubilados, integrantes de asociaciones gremiales e hinchas de diversos clubes de fútbol argentino, con actitud pacífica y cantando frases alusivas a la protesta. Al referirse a Blanco, relató que entre las 16 y 16.30 lo llamaron para que se acercara ya que "una señora de nombre Beatriz Blanco de 87 años de edad (su abogado indica que Beatriz tiene 81 años, no 87) se encontraba tendida en el suelo con un corte en el cuero cabelludo". Habían mandado la ambulancia del Hospital Churruca-Visca (el hospital de la policía) y la llevaron al Argerich con diagnóstico “corte en cuero cabelludo, sin pérdida de conocimiento, y sin riesgo de vida”. El subinspector Núñez declaró que intentó "mediante frecuencia en reiteradas ocasiones" que acudiera la policía porteña pero "no se hicieron presentes". Deberes policiales La resolución de Andrade, a la que accedió Página/12 remarca que "del sumario policial incorporado a la causa (...) si bien surge la lesión que tenía la Sra. Blanco, no se desprende información alguna que permita establecer la autoría o existencia de un presunto delito. En efecto, no se deja asentada la causa de la lesión, tampoco si fue producto de un accidente o de una acción provocada por un tercero, menos aún si pudo haber sido consecuencia del accionar de un individuo que participaba en la movilización o de personal policial". Desde la Coordinación del Ministerio Público Fiscal ponderaron el material audiovisual público y que vinculaba a agentes de la Federal con las lesiones a la mujer. Comenzó a intervenir Violencia Institucional y su titular, Lorena San Marco, evaluó que era "prueba contundente respecto de la presunta autoría del hecho" y la causa debía pasar al fuero federal, por estar implicados agentes federales. La jueza Andrade sugirió que la investigación en Comodoro Py debería tener en cuenta "las obligaciones que las fuerzas de seguridad federal tienen al momento de actuar en un procedimiento en flagrancia" según las normas procesales: primero denunciar los hechos delictivos, impedir que "sean llevados a consecuencias ulteriores", "individualizar a los culpables", "reunir las pruebas para dar base a la acusación". Cuando la intervención sea en la vía pública las actas deben contener "en lo posible": "la identificación del/la imputado/a; la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación; los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las diligencias practicadas y toda otra prueba del hecho". Como está a la vista, casi nada de esto se cumplió pese a la elocuencia de la imágenes que circulaban por todos lados. Las actas en cuestión deben ser remitidas a la fiscalía, de inmediato, en especial si hay personas aprehendidas. La policía y fuerzas de seguridad deben cuidar "que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique" y "cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias". A trece días de la represión, como está a la vista, en tribunales hay más preguntas que respuestas, o incluso más interrogantes que medidas de prueba e investigación. Pagina 12