Plan C

Reestructuración, ajuste y disoluciones

El topo Milei avanza en su promesa de destruir el Estado: desguace en el INTI y el INTA

Un extenso decreto dispuso que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial pase a ser una unidad dentro de Economía. Sturzenegger justificó que ahora sus tareas “podrían ser prestadas por el sector privado, que se ha visto desplazado por la competencia que ejerce el organismo público". Con el INTA sucederá algo similar. Otros organismos directamente fueron disueltos.

Para aprovechar el último día de las facultades delegadas que le otorgó el Congreso y con las que hace un año viene destruyendo el Estado, el gobierno nacional reestructuró, en algunos casos disolvió, y en otros achicó y restó capacidad de intervención a siete organismos clave para el control de calidad, seguridad, salubridad para la población y promoción de la producción para los sectores más pequeños.

Se trata de dependencias reconocidas internacionalmente durante décadas por su calidad y excelencia, pero a las que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, descalificó como entes “ineficientes”, cuyos “controles terminaron obstaculizando” el desarrollo.

La ofensa del funcionario apuntó particularmente contra el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), cuyo nivel de exigencia dejará de pesar sobre productos elaborados por empresas privadas de distintos rubros.

Pero la desautorización también fue dirigida al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Los argumentos que utilizó el gobierno de Javier Milei para disolver funciones, responsabilidades y controles de esos organismos se reducen a dos palabras: están “sobredimensionados” y son “ineficientes”.

La decisión fue tomada a través del extenso decreto 462/2025 publicado en el Boletín Oficial en el que expone una serie de descréditos y desautorizaciones sobre las siguientes dependencias:

INTI

Se transformará en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Con el fin de desacreditar a su personal, el Gobierno habla de un “sobredimensionamiento” de empleados durante los últimos años y les echa en la cara el verdadero objetivo de Sturzenegger: sus tareas “podrían ser prestadas por el sector privado, que se ha visto desplazado por la competencia que ejerce el organismo público como oferente de servicios en condiciones de mercado mucho más ventajosas que un privado”.

INTA

Pasará a la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Para justificarlo, el Gobierno apeló a su consabido fundamento macartista: el INTA “se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial”.

También sostuvo que el nuevo rol de ese organismo pondrá foco en la “investigación, la creación de tecnologías y bienes públicos tecnológicos para profundizar la base científica”. Pero no especifica ni explica de qué se trata esa generalidad.

Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)

A tono con el discurso persecutorio y en sintonía con el ideario ignorante de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en esa materia, el Gobierno sostuvo que la creación de ese organismo “no ha demostrado una contribución efectiva para los objetivos para los que fueron creados”. Por lo tanto, la entidad que promovía y regulaba la utilización del cannabis para cuestiones sanitarias perderá su rango, se transformará en una mera dirección nacional y dependerá de la Secretaría de Comercio. Prácticamente quedó desmembrado.

La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) regulará el uso de la flor de cannabis y sus derivados con destino medicinal, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía regulará el cáñamo industrial, excluyendo la flor. Y finalmente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca regulará el uso de la semilla, según explicó el comunicado oficial.

Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indigena (INAFCI)

El Gobierno ya había anunciado la disolución de esta área que se encargó de promover y proteger a quienes no entran en la categoría de pequeños productores. Esta tarea quedará en bajo la órbita de Agricultura, Ganadería y Pesca, que históricamente marginó la agricultura familiar y dedicó su función a aumentar la incidencia de las grandes empresas.

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

El organismo quedó disuelto y sus tareas también fueron transferidas a Agricultura, Ganadería y Pesca, que está bajo la órbita del Ministerio de Economía. El argumento es que la regulación de semillas debe perder peso estatal y no entorpecer la utilización y propiedad intelectual que sobre ellas tienen pocas multinacionales privadas.

Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)

Se mantendrá pero concentrará la certificación vitivinícola en el ámbito del comercio exterior. Perderá su actividad fiscalizadora en la cadena productiva dentro del país e insólitamente sólo ejercerá funciones por el pedido voluntario del productor.

Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI)

Dependerá de la Secretaría de Comercio y sus tareas de registro de protección de la propiedad insólitamente “dejarán de contar con personería jurídica ni patrimonio propio”, concluyó el comunicado.

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