La Corte Suprema tiene que definir la cuestión de fondo
El CECIM busca evitar la derogación de la Ley de Tierras
Desde el colectivo de ex combatientes de La Plata visitaron a Cristina Fernández de Kirchner y esperan que el máximo tribunal se expida estos días sobre la medida cautelar interpuesta contra el DNU 70/23. "Los hermanos Milei quieren desguazar la Argentina", remarcan.
“La Corte Suprema tiene en sus manos la Vuelta de Obligado”, sostiene Jerónimo Guerrero Iraola. Abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) encabeza el freno a la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el DNU 70/23 y espera que en estos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre la cuestión de fondo.
Según cuenta a Buenos Aires/12, el expediente que mantiene la medida cautelar que imposibilita la aplicación del artículo 154 del demoledor decreto firmado por Javier Milei al comenzar su gestión, tuvo “mucho movimiento” en los últimos días. Esto, explica, motiva a pensar que la definición de la Corte está al caer.
El recurso motorizado por Guerrero Iraola encuentra, entre sus principales motivos, la contradicción que envuelve a los ex combatientes. “El Estado nacional los mandó a pelear una guerra para defender la integridad territorial y resulta que ahora firma un DNU para hacer lo inverso y atentar contra la soberanía nacional”, explica.
Desde su mirada, “el gobierno de los hermanos Milei tiene un plan sistemático de entrega de soberanía”. Para ello, advierte, le resulta estratégico echar por tierra la Ley 26.737 o Ley de Tierras, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Precisamente, y antes de partir en un viaje a las Islas Malvinas, los comisión directiva del CECIM, mantuvo un encuentro con la expresidenta en su domicilio de San José 1111, Capital Federal, donde en las próximas horas cumplirá cien días de prisión por la injusta condena de la Corte Suprema.
En lo que respecta a la norma promulgada durante su la primera presidencia de CFK, tiene como objetivos frenar la extranjerización de la propiedad de la tierra rural. Para ello, estableció límites, como el de hasta mil hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo o la prohibición de “tierras ribereñas a cuerpos de agua importantes y de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera”.
Por eso, Guerrero Iraola habla de que el gobierno nacional abrió las puertas a una “batalla por la soberanía” y toma como bandera la gesta de Juan Manuel de Rosas y las cadenas para frenar a la marina británica y francesa en defensa de la entonces Confederación Argentina.
“La Corte tiene en sus manos la decisión de encadenar y evitar que grandes compradores privaticen nuestro territorio para convertirlo en un activo financiero y quitarle su rol como motor de crecimiento”, subraya. Remarca que la decisión es más política y jurídica, porque si se convalida el criterio de Milei, se convalida el “desguace” de Argentina.
El nuevo commoditie
La pelea que está dando el CECIM contra la voluntad política de La Libertad Avanza por entregar principios soberanos no es la primera. El año pasado, luego del discurso presidencial de 2 de abril, el colectivo que preside Rodolfo Carrizo pidió el juicio político para Milei porque, aquel día, actuó en contra de los mandatos constitucionales del país al invocar. el principio de autodeterminación para los habitantes de las Islas Malvinas.
“Fue un quiebre al principio de integridad territorial”, detallaron en hace más de un año. Esta condición vuelve a estar presente en este proceso que lleva varios pasos judiciales en la mochila. En primer término, el juez federal Ernesto Kreplak validó el recurso de amparo presentado por Guerrero Iraola y ordenó una medida cautelar contra el artículo 154 del DNU 70/23 que deroga la Ley de Tierras. Pero luego, Alberto Recondo, titular del Juzgado Federal N°4 de La Plata lo desestimó.
Ante esta decisión, el CECIM apeló y la Cámara Federal de La Plata concedió la cautelar y sostiene que el Poder Ejecutivo no está facultado para derogar la Ley del Régimen de Protección al Domino Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Consideró que “no hay cuestiones de necesidad ni de urgencia para hacerlo”, detalla el abogado.
De esta manera, por impulso de la organización de ex combatientes platenses, la Ley de Tierras sigue en pie porque la cautelar está viva. Ahora, producto de las acciones del gobierno nacional, es la Corte Suprema quien tiene la potestad de resolver sobre la cuestión de fondo.
“La Corte tiene una causa central para garantizar el principio de integridad territorial, poniendo un freno en la vocación de extranjerización de la tierra”, dice Guerrero Iraola. “Hay una mirada oligárquica de commoditizar la tierra, ya que como con otros recursos naturales, vamos hacia un contexto de escasez, por lo que se buscará comprar a bajo costo y antes de que empiece a escasear”, explica.
“Si convalidamos la deuda de Caputo, la entrega de empresas hidroeléctrica, de reactores nucleares, o si generamos las condiciones para que instale una base militar recibiendo a la Jefa del Comando Sur, mientras se mata la ciencia, lo que vemos son eslabones de entrega de soberanía y un vaciamiento del Estado para permitir que estas cosas sucedan”, advierte.
Según su lectura, las banderas de justicia social e independencia económica no deben escindirse de la tercera que brega el peronismo: soberanía política. “Consolidar la soberanía, el qué hacer con nuestro territorio, es central para construir los pilares de las tres banderas”, sostiene.
Pagina 12
No hay comentarios:
Publicar un comentario