Plan C

Sospechan que el Gobierno desvía dólares de programas sociales

Avanza en el Congreso la hipótesis de que la Casa Rosada subejecuta programas sociales financiados por organismos internacionales para retener los fondos en el Tesoro. Hay US$33.000 millones en juego y una denuncia penal en ciernes contra funcionarios del Ejecutivo. 

No son solo los dólares del Tesoro de los Estados Unidos. El gobierno de Javier Milei estaría usando para apuntalar su política cambiaria miles de millones de dólares otorgados a la Argentina por organismos internacionales que debían ser utilizados para prevención de enfermedades, inclusión educativa y obras de infraestructura social. Es la hipótesis que gana terreno en el Congreso, a partir de la notoria subejecución de esos programas y a la reticencia de la Casa Rosada a informar el destino final del dinero.

Son unos 200 programas de crédito por casi 33.000 millones de dólares, de los que casi la mitad ya ingresaron en la Argentina. Hoy no hay precisiones sobre el destino de esos dólares. El Gobierno no informa. La oposición sospecha. 

La requisa de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas empezó hace más de cinco meses, a partir de informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) que mostraban “numerosos casos con demoras de plazos y subejecuciones significativas”. Así se lo señaló Miguel Pichetto, presidente de la comisión, al ministro de Economía, Luis Caputo, en una nota que le envió el 14 de mayo. Transcurridos cinco meses, la información que aportó el Poder Ejecutivo es insuficiente, por lo que crecen las dudas en los bloques opositores.

Los préstamos tienen una ejecución que ronda el 20%, señaló Pichetto. “Las demoras y las subejecuciones conllevan costos financieros por los fondos no utilizados en tiempo y forma, y el desaprovechamiento de recursos que deberían orientarse al desarrollo económico del país”, agregó. Entre los programas con mayor subejecución figuran uno de Fonplata, un banco de desarrollo integrado por países de América del Sur, destinado a la prevención de la enfermedad del chagas, con una ejecución del 19,4%; uno del Banco Mundial, para la inclusión en educación secundaria y superior, con una ejecución del 4,5%, y otro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la inclusión financiera, con una ejecución del 10,1%.

¿Qué pasa con los fondos que no se ejecutan? ¿Los retiene el Tesoro? Los integrantes de la comisión encontraron una pista de lo que podría estar pasando. En agosto del año pasado, se anunció el Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal y el Crecimiento, un crédito del BID por US$647 millones, que se nutre de cinco programas subejecutados que fueron cancelados o reducidos: uno para la mejora del ferrocarril San Martín, por US$400 millones; otro para fortalecer los servicios de sanidad agropecuaria, por US$80 millones; otro para infraestructura de transporte, por US$80 millones; otro para apoyo a MiPymes, por US$56 millones, y otro para promoción del turismo, por US$31,5 millones.

“La hipótesis que tenemos es que esos dólares que llegaron de organismos como el BID, la CAF y otros, que suman unos US$ 32.900 millones y que ya llegaron US$ 14.600 es que quedaron en las arcas del Tesoro para sostener este modelo de valorización financiera y de bicicleta financiera para los amigos de Caputo”, dijo a El Destape Mariano Recalde, vicepresidente de la comisión. Ante sucesivas consultas al Jefe de Gabinete, en su último informe ante el Congreso Guillermo Francos detalló que en 2025 se llevan ejecutados 140 programas por apenas unos US$300 millones de dólares. ¿Y el resto?  

El ministro respondió la nota de la comisión el 27 de junio. Pero dejó más dudas que certezas. Advirtió que los niveles de ejecución ya eran deficientes al momento de iniciar la gestión, comunicó que el Gobierno había decidido cancelar programas no alineados con sus prioridades y listó siete que habían sido dados de baja. La comisión envió una nueva nota a Economía el 9 de septiembre, en la que solicitó información complementaria. Pero el pedido no fue respondido. 

Ese mismo día fue citado a la comisión el representante argentino ante el BID, Miguel Braun, secretario de Comercio durante el gobierno de Mauricio Macri. Debía concurrir el 8 de octubre, pero no fue y ni siquiera se molestó en responder la nota. Van a volver a citarlo, bajo apercibimiento de denunciarlo por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Mientras espera respuestas, la comisión instruyó a la AGN para ampliar los controles. El plan de acción del año que viene incluye 50 proyectos de auditoría sobre 39 programas financiados por organismos internacionales.  

El Destape