El nuevo subsecretario de Derechos Humanos
Un subsecretario con los peores vicios de la casta
Joaquín Mogaburu pasará del tribunal que juzga a CFK a ser subsecretario de Milei, que se jacta de haber decidido que la líder del peronismo estuviera presa. Con un comportamiento propio de la casta que el Presidente dice combatir, Mogaburu no quiere prescindir de su sueldo como judicial.
Mogaburu es secretario del TOF 7. El 8 de mayo pasado, la Corte Suprema firmó la resolución 671, a través de la cual le concedió seis meses de licencia sin goce de sueldo para que fuera a desempeñarse como funcionario de Luis Petri. No se conoce mucho de su actividad en el edificio Libertador, salvo que deambuló por cuarteles con un seminario sobre “verdad completa”.
La licencia venció en noviembre. En el Ministerio de Defensa comentaron a Página/12 que Mogaburu había renunciado para volver a su anterior cargo, donde ganaba mejor. Según fuentes del Consejo de la Magistratura, el salario básico de un secretario de primera instancia supera los 4 millones de pesos, a lo que debe sumarse la antigüedad —que, en el caso de Mogaburu, ronda los 20 años—.
Al mediodía del 10 de diciembre —horas antes de que el Ministerio de Justicia lo anunciara como reemplazante de Baños en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH)—, Mogaburu presentó una nota ante el presidente del TOF 7, Enrique Méndez Signori, en la que pedía la adscripción para cumplir funciones en el Poder Ejecutivo. Ser adscripto implica llevarse el cargo y el sueldo que se tiene. En su presentación, Mogaburu insistía en que la adscripción era el régimen que mejor armonizaba su intención de prestar funciones en el gobierno y, al mismo tiempo, ser el sostén económico de su grupo familiar.
En la Cámara Federal de Casación Penal no cayó bien el pedido de Mogaburu. Algunos recordaban que ya había intentado llevarse su sueldo a Defensa, pero que la Corte le había indicado que debía tomarse licencia sin goce de sueldo. Ahora, volvía a la carga con una solicitud muy típica de la “casta” que el Presidente dice combatir.
Lo que más molestó fue la actitud de los integrantes del TOF 7. Los jueces enviaron una nota prestando conformidad para que su secretario pase a desempeñarse como funcionario de Milei en los términos que él había solicitado. Es decir, no veían un problema en el borramiento de la división de poderes ni en que el Poder Judicial le pague su remuneración a un funcionario del Poder Ejecutivo.
Además, los integrantes del TOF 7 sostenían que prestaban su conformidad con la “condición” de que la Casación y la Corte les dieran un cargo equivalente y otras cinco designaciones que venían pidiendo desde hacía meses. Por supuesto, los magistrados invocaron la causa de los cuadernos y recordaron que estaban enjuiciando a CFK y al exministro de Planificación Federal Julio de Vido.
“En esta situación, el TOF 7 no puede prescindir de ningún empleado, menos de un secretario, que está supuestamente formado”, explicó un juez que recibió con estupor la noticia de la puerta giratoria entre los tribunales de Comodoro Py y la administración de La Libertad Avanza (LLA).
Los pedidos de Mogaburu y del TOF 7 posiblemente sean tema de discusión en la próxima reunión de superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal, prevista, a priori, para el próximo martes. “Se debería rechazar porque es antirreglamentario”, dicen en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py.
La Cámara Federal de Casación Penal ya les había tirado de las orejas a los jueces del TOF 7 —Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero— porque habían comenzado el juicio de los cuadernos con una única audiencia por semana y de modo telemático. Como la Casación se metió para acelerar el proceso, hubo una protesta del colectivo de abogados Mario Bosch, que hacía tiempo venía pidiendo algún envión para las causas de lesa humanidad.
Hasta que no se resuelva su situación en Comodoro Py, Mogaburu no podrá asumir. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, se atribuyó la elección del nuevo subsecretario de Derechos Humanos. Amerio también es funcionario judicial: está de licencia sin goce de sueldo en la Corte Suprema, donde se desempeñaba como prosecretario letrado.
Mogaburu es parte de la familia judicial. Su padre, Bernardo Mogaburu, fue juez de responsabilidad penal juvenil de San Martín. Como magistrado recibió cuestionamientos por parte de Abuelas de Plaza de Mayo. En 2008, Bernardo Mogaburu fue blanco de críticas del entonces ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, después de que se conociera que había otorgado salidas transitorias a un joven de 21 años condenado por homicidio y que, tras no regresar al instituto donde estaba alojado, terminó involucrado en otro asesinato.
Mogaburu (hijo) estudió Derecho e Historia en la Universidad Católica Argentina (UCA). Tiene estudios de posgrado en la American University y en la Universidad de Navarra, ligada al Opus Dei. Es un activo militante contra el aborto.
Mogaburu fue el segundo director de Derechos Humanos de Petri. El primero, Lucas Miles Erbes, salió eyectado después de que el Ministerio dispusiera la baja de 23 represores condenados por crímenes de lesa humanidad. La activista Cecilia Pando fustigó la medida y dijo que podía esperarla del kirchnerismo, pero no de una administración libertaria.
Durante la gestión de Mogaburu en el Ministerio, Petri firmó la resolución 680/2024, que oficializó la eliminación de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) que funcionaban en Defensa para aportar documentación en las causas por crímenes de lesa humanidad. Antes, el ministro había echado a los expertos que integraban esos grupos de trabajo a los que calificó como “nefastos”.
Mientras estuvo en el Ministerio de Defensa, Mogaburu trabajó codo a codo con Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal. Ambos son hijos de militares muertos durante los años 70 y participan en las denominadas organizaciones de “memoria completa”. Los dos activistas se manifestaron a favor de que los represores salgan de las cárceles.
Mogaburu visitaba liceos con Larrabure e Ibarzábal para llevar el seminario de “verdad completa”. Ante un pedido de información de este diario, Mogaburu no precisó cuáles eran los contenidos que se impartían ni qué bibliografía se empleaba. Solo respondió que se basaba en el testimonio de Larrabure e Ibarzábal —asesores de Petri en derechos humanos— y que dejaba un mensaje de “concordia política y perdón que emociona a los interlocutores y es digno de destacar”.
En redes sociales, Larrabure e Ibarzábal —que el jueves pasado estuvieron de visita en la exESMA— celebraron la designación de Mogaburu. Otro que se sumó a las salutaciones fue Guillermo Madero, jefe de Gabinete de Carlos Presti, quien destacó la impronta de “memoria completa” que Mogaburu llevará a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
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