Violencia de Estado y "perdón" a los genocidas: la impunidad avanza
Con la designación de Vitolo en la subsecretaría de Derechos Humanos el gobierno acelera la amnistía judicial para los represores mientras empodera a las Fuerzas Armadas y amplía recursos para la represión. En paralelo se espiralizan los crímenes policiales con récord de gatillo fácil y torturas en centros de detención. La violencia de Estado como sostén del programa oficial.
El domingo 23 de noviembre, a las 21.00, Samuel Tobares se bajó del colectivo sobre la ruta 38, en Villa Parque Síquiman, en el Valle de Punilla, a unos trece kilómetros de Villa Carlos Paz. Samuel, de 34 años, volvía de trabajar en un hotel de la ciudad turística después de una jornada recargada por el fin de semana largo. Se sentó en una garita a cuatro cuadras de su casa. A los pocos minutos llegó una patrulla del destacamento de Bialet Massé.
Lo que ocurrió fue registrado por el testimonio de varios vecinos. "Puto de mierda", le gritaron los agentes a Samuel mientras lo tiraban al piso de una piña. Guillermo, que vio toda la escena, declaró ante cámaras de televisión: "Vi que lo insultaron, lo agredieron, le pegaron una piña, lo tiraron contra el móvil. Cuando se cayó, no fue suficiente: lo patearon varias veces". Los oficiales se sentaron encima de Samuel "entre 15 y 20 minutos".
"Lo mataron como a un perro", dijo otro vecino. "El chico pedía que no lo golpearan más, y que lo dejaran tranquilo."
Samuel se desvaneció. Los uniformados finalmente los trasladaron al Hospital Domingo Funes, donde constataron su muerte.
El fiscal del Segundo Turno de Carlos Paz, Ricardo Mazzuchi, ordenó la detención de los dos policías que actuaron en el procedimiento: el sargento Guillermo Serafín Arce, de 35 años, y el oficial Franco Sebastián Romero, de 49. Quedaron imputados de homicidio preterintencional, una figura penal que suele funcionar como coartada para los crímenes policiales: morigera la pena al considerar que se mató “sin intención inicial de matar”.
Los datos preliminares de la autopsia confirmaron que el cuerpo presentaba golpes. "Ni siquiera fueron a pedirle los datos. No tiene explicación tanta violencia", declaró Abigail Tobares, hermana de Samuel. "Estamos pidiendo que cambie la carátula porque lo que hicieron es grave."
El colectivo LGBTIQ+ convocó a una manifestación para el sábado 7 de diciembre a las 18 horas en el lugar donde ocurrió el episodio, denunciando que se trató de un crimen de odio por la orientación sexual de Samuel.
Serie de terror
El asesinato de Samuel se suman a una saga macabra que se espiraliza. Cinco días antes, el 18 de noviembre, en Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires, la Policía asesinó a "Treinti", fotógrafa y activista trans. Fue atropellada por un patrullero sin luces. Los agentes la subieron al vehículo, la abandonaron en un centro de salud y se fugaron, según la denuncia difundida por organizaciones de derechos humanos.
Mientras esos dos asesinatos ocurrían en distintos puntos del país, continuaba en los tribunales el juicio por el transfemicidio de Sofía Fernández, mujer trans del conurbano bonaerense que fue detenida de manera ilegal en un "control" policial y después asesinada en la Comisaría 5ª de Derqui, en Pilar. En ese caso, los policías intentaron hacer pasar su muerte como suicidio.
El proceso judicial reveló desde sus primeras etapas un mecanismo de encubrimiento que involucró a la policía, la justicia y el poder político: evidencias que desaparecieron, agentes responsables que recuperaron la libertad a pesar de los hallazgos forenses, funcionarios comprometidos que fueron trasladados a otras dependencias.
La violencia institucional no nació con el gobierno de Javie Milei, pero su gestión ofrece soporte para la impunidad. “Los buenos son los de azul” vociferó días pasados el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como homenaje en la despedida de la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich. Reorientada ahora hacia el Senado, la carrera política de Bullrich acumula un largo historial de crímenes violentos, desde el tendal de la represión en 2001 al disparo contra el reportero Pablo Grillo, pasando por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. En los últimos casos, la propia Bullrich operó como autora intelectual al incentivar la represión salvaje como método de control social. “El que las hace las paga” suele repetir como justificación de la brutalidad. Es el slogan que utilizará para alfombrar su camino hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o una nueva candidatura presidencial, si el experimento Milei se desvanece sin posibilidad de reelegir.
Los números de la violencia institucional
Las cifras confirman el aumento sostenido de la represión estatal. Durante 2025, las fuerzas de seguridad argentinas mataron a unas 600 personas bajo custodia o víctimas del gatillo fácil, según datos recopilados por organizaciones por la CORREPI.
El panorama en los establecimientos de detención es igualmente grave. En 2024, primer año de la gestión de Javier Milei, se registró un total de 4.745 hechos de torturas y malos tratos que afectaron a 1.198 víctimas en 138 unidades de detención, alcaidías e institutos de menores de los ámbitos federal-nacional y de la provincia de Buenos Aires, según el Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la UBA. La cifra supera el promedio registrado desde 2011, cuando comenzó a realizarse el relevamiento.
Argentina registra hoy la tasa de encarcelamiento más alta de su historia: 286 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, con una situación de deterioro creciente de las condiciones de detención, según el informe del Comité Nacional contra la Prevención de la Tortura presentado ante organismos internacionales.
Los casos documentados incluyen prácticas brutales. En el penal de Piñero, Santa Fe, el 2 de marzo de 2024, se registraron actos de tortura que incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales, según consta en el informe del Comité contra la Tortura de la ONU. La falta de información sobre las investigaciones realizadas al respecto genera preocupación en los organismos internacionales.
Ginebra horror show
Mientras Samuel Tobares moría en una ruta cordobesa, en Ginebra el gobierno argentino ratificaba su aval a la violencia institucional. Entre el 12 y 13 de noviembre, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas recibió información de más de veinte organizaciones de la sociedad civil sobre el creciente aumento de brutalidad policial y represión estatal, entre ellas el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales.
La delegación argentina, encabezada por Alberto Baños, subsecretario de Derechos Humanos, adoptó una estrategia confrontativa. En su exposición ante el organismo internacional, Baños cuestionó el trabajo de las organizaciones argentinas de derechos humanos y rechazó el número de treinta mil desaparecidos por el terrorismo de Estado. Ante los expertos de la ONU, sostuvo que los cuestionamientos internacionales buscaban poner a "la República Argentina de rodillas dando explicaciones sobre lo que no tiene que dar explicaciones". El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, aprovechó para homenajear a los agentes penitenciarios y sostuvo: "Se deben respetar los derechos de los internos, pero el ámbito penitenciario es complejo".
El 28 de noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU publicó su informe final. El organismo internacional señaló una serie de problemáticas graves: la brutalidad en la represión de movilizaciones sociales, personas que permanecen detenidas en comisarías por períodos extensos, conductas abusivas de las fuerzas de seguridad, el crecimiento sostenido de denuncias por torturas y maltrato en establecimientos de encierro, la ausencia de procesos de investigación efectivos, el deterioro en las condiciones carcelarias, fallecimientos bajo custodia estatal y el uso de regímenes de aislamiento.
El Comité alertó sobre "actos de tortura y/o malos tratos, como golpes, amenazas, humillaciones, prácticas violentas de 'bienvenida' e interrogatorios coercitivos, presuntamente cometidos por agentes penitenciarios y de policía". El informe también manifestó "consternación por el desmantelamiento de equipos y programas encargados de investigar y analizar la documentación y los archivos existentes respecto del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar y los recortes presupuestarios a varias instituciones que trabajan en cuestiones de memoria, verdad y justicia".
Otro punto que generó observaciones fue la falta de datos concretos sobre investigaciones en curso por denuncias de excesos de las fuerzas del orden: heridas severas causadas por proyectiles de goma, gases, agua a presión y ataques a periodistas y activistas durante las protestas de marzo de 2025.
Días antes de esa audiencia, la Argentina había votado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra de una resolución que condena la tortura. Los únicos tres países que se opusieron fueron Argentina, Estados Unidos e Israel.
El activista del "perdón"
El 4 de diciembre Alberto Baños fue despedido como subsecretario de Derechos Humanos. Su gestión dejó como saldo la reducción del organismo a un tercio de su tamaño original, el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti —comunicado por WhatsApp y nunca revertido—, la censura de actividades en espacios de memoria, y la presencia de policías federales controlando ingresos en las oficinas de la Subsecretaría dentro del predio de la ex-ESMA. A pesar de haber hecho mérito para permanecer en la gestión libertaria, en el gobierno consideraron que su compromiso con la impunidad resultaba insuficiente para la etapa que viene.
Quien se encamina como reemplazo es el abogado Alfredo Mauricio Vitolo, nombrado hace un mes como Director de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de DDHH. Ex asesor de Claudio Avruj durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2017 fue postulado para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero su candidatura debió ser retirada por el rechazo que generaron sus posturas contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo, entre otras expresiones reaccionarias.
Desde 2013, Vitolo integra la sociedad del estudio jurídico Nicholson & Cano, una de las firmas más importantes del país. Entre la cartera de clientes del bufete figuran Ledesma y Acindar, compañías cuyos directivos fueron procesados por colaboración con el terrorismo de Estado. Vitolo ingresó al estudio tras la fusión con la firma de Emilio Jorge Cárdenas, quien representó a Argentina ante Naciones Unidas durante la presidencia de Menem y escribía en La Nación caracterizando los procesos por crímenes de lesa humanidad como un "vehículo de la venganza".
El trabajo más difundido de Vitolo lleva por título "La posibilidad de perdonar a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad". En esas páginas, el abogado impugna el criterio de la Corte Suprema que descarta las amnistías e indultos para condenados por atrocidades, considerando que los parámetros internacionales aplicados son mero "precedent shopping".
Vitolo escribió: "Ello no puede hacernos perder el rumbo, ni llevarnos a transformar la noble causa de la lucha por los derechos humanos y por hacer del mundo un lugar más justo, en una cruzada vengadora (o reparadora), cuyo resultado será, cuanto menos, incierto". Y agregó: "Son estos los momentos donde se advierte la grandeza de los hombres y lo que lleva a diferenciar a los estadistas de los simples gobernantes".
El artículo forma parte del libro "La Nación dividida. Argentina después de la violencia en los años '70", editado en 2019 bajo la coordinación de Alberto Crinigan, integrante del Batallón de Inteligencia 601 que enfrenta actualmente un juicio en La Plata por delitos de lesa humanidad. Entre los autores del volumen aparece también Victoria Villarruel.
El desembarco de Vitolo ocurre en un momento clave. En septiembre pasado, la Corte Suprema dictó el fallo "Castillo", en el que Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sugirieron que podría haber irregularidades procesales en causas de lesa humanidad cuando los acusados superan los tres años de detención preventiva. Tras ese fallo comenzaron a aparecer pedidos de represores que buscan ser liberados.
Carlos Guillermo Suárez Mason es uno de ellos. El Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires le había pedido a la Subsecretaría de Derechos Humanos que contactara a las víctimas de Suárez Mason para consultarles sobre su posible liberación. La Subsecretaría informó al tribunal que "el requerimiento efectuado a los fines de notificar a las víctimas excede los recursos y capacidades actuales de esta Subsecretaría". Para eso, precisamente, se vació vía despidos a la subsecretaría: para evitar que prestara colaboración en los procesos en curso. Esa clase de comunicaciones quedarán ahora bajo la batuta entusiasta de Vitolo.
La custodia del saqueo
El incremento de la violencia de Estado no es un fenómeno aislado del proyecto económico. Al contrario: es indivisible del plan de hambre y saqueo que ejecuta el gobierno nacional. Jubilados y trabajadores estatales sometidos desde hace dos años a la pauperización de ingresos. Trabajadores con salarios pisados, obligados a multiplicar empleos para pagar servicios y canastas de bienes que aumentan por encima de la actualización salarial. Comunidades sometidas a un boom de la explotación minera sin consulta ni licencia social. Empresas que mueren como moscas y comercios que cierran por dos años de caída en las ventas.
Es de esperar que, más temprano que tarde, los múltiples colectivos agredidos reaccionen con protestas y reclamos públicos contra las políticas que los afectan.
En sesiones extraordinarias, el gobierno intentará consolidar como modelo estructural su plan de saqueo y transferencia regresiva de ingresos. La construcción represiva que se acelera hace pie en el presente pero apunta al futuro inmediato.
La modificación de leyes clave como el Código Penal y la Ley de Inteligencia para dotarlas de herramientas persecutorias, el respaldo oficial a la brutalidad policial y el blindaje a los genocidas constituyen el pilar represivo que sostiene la restauración conservadora en curso. En la misma línea hay que anotar la elevación de un general activo —hijo de un múltiple acusado de crímenes de lesa humanidad— a ministro de Defensa. "Las Fuerzas Armadas son partícipes del proyecto de país que impulsa el presidente" dijo el general Carlos Presti, protagonista de una severa ruptura al pacto democrático que regía en la Argentina tras la última dictadura cívico-militar: mantener a las FFAA al margen de la vida política y partidaria.
El sábado por la mañana el propio Javier Milei abonó la partidización de las Fuerzas Armadas posando como piloto de los antiguos F-16 que el país adquirió a Dinamarca como parte de las concesiones carnales que el gobierno ofreció a los Estados Unidos. La aeronave donde posó el presidente tenía grabada la figura del "león libertario" con los colores de la bandera patria.
Frente a una oposición pasteurizada y una sociedad agotada, la militarización de la narrativa oficial y el blindaje a la violencia institucional avanzan.
Todo marcha de acuerdo al plan.
El Destape
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