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Exclusivo: CGT y patronales se unen contra la reforma laboral

Una reunión secreta de dos triunviros de la CGT con las autoridades de la Cámara de Comercio, la CAME y la metalúrgica Adimra dio inicio a una estrategia conjunta para debilitar el proyecto ante gobernadores y legisladores. Los une el fin de las cuotas extraordinarias y la habilitación de las negociaciones por empresa. 

La CGT y tres cámaras patronales acordaron unir esfuerzos contra la reforma laboral de Javier Milei. Lo hicieron en un encuentro reservado de sus máximas autoridades la semana pasada, para luego dar inicio a una campaña por ahora en paralelo de gestiones con gobernadores y bloques legislativos destinada a restarle fuerza a la iniciativa del oficialismo. De esa negociación surgió la nota que difundieron por separado la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) en contra de cinco artículos del proyecto y que El Destape reveló en exclusiva la semana pasada.

El encuentro tuvo como protagonistas a dos de los secretarios generales de la CGT, Jorge Sola y Cristian Jerónimo; a los titulares de la CAME, Ricardo Diab, y de Adimra, Elio del Re, y a un abogado de la CAC por la ausencia de Mario Grinman. Fue en la sede del sindicato de empleados de la industria del vidrio (Seivara), que lidera Jerónimo, luego de que los representantes empresarios les hicieran saber a los dirigentes sindicales su interés por conversar acerca del proyecto de reforma laboral. Tras la reunión acordaron sondear una foto conjunta para los próximos días en la previa al inicio del debate parlamentario.

El punto de contacto inicial entre patronales y sindicalistas es la vigencia de las denominadas “cláusulas obligacionales” que contienen los convenios colectivos y consagran aportes extraordinarios acordados entre las partes. Para las cámaras mercantiles es el 0,5% del salario inicial de cada empleado con destino al Instituto de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap) mientras que en el caso de Adimra representa el 1% del sueldo de cada operario y financia su estructura. El espejo de esos aportes es la “cuota solidaria” que buena parte de los sindicatos obtiene de los mismos convenios colectivos de los trabajadores no afiliados y que para un sector de la CGT también peligran con el proyecto oficial.

También acuerdan ambas partes en la necesidad de bloquear los acuerdos por empresa que la iniciativa libertaria prevé impulsar con prioridad por sobre los de actividad con alcance nacional. Es lo que se conoce como “orden de prelación” y que en la legislación vigente constituye la viga maestra del modelo sindical argentino, con un gremio único por cada actividad a cargo de las negociaciones y con todas las garantías legales. De igual forma es el punto que les otorga a las patronales de representación nacional la potestad de negociar por las de menor nivel.

La confluencia de intereses se plasmó en la reunión en Seivara. Allí los dirigentes se comprometieron a una labor coordinada para esmerilar la reforma laboral ante gobernadores y legisladores. La nota consensuada entre las tres patronales trascendió –y fue expuesta por este medio- tras una reunión que la CAME mantuvo con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

El acuerdo patrono-sindical hasta ahora era tácito. La mayoría de los dirigentes empresarios se había manifestado en sintonía con algunos aspectos de la reforma laboral que para el Gobierno eran una bandera clave, como la de la denominada “industria del juicio” pero la caída de las cláusulas obligacionales y la reformulación del esquema de negociaciones los convenció de abandonar una postura tradicionalmente antiperonista, sobre todo por parte de las entidades mercantiles.

El acercamiento inicial corrió por cuenta de los voceros empresarios que le hicieron saber a la nueva conducción de la CGT que debían explorar puntos en común para debilitar el proyecto oficial. Reconocieron, además, que la central obrera cuenta con más volumen y capacidad de gestión para bloquear parte de la reforma aunque los sindicalistas les sugirieron levantar el perfil para discutir políticamente y hasta propusieron una foto conjunta, todavía pendiente de concreción.

La nota empresarial que dio a conocer El Destape y que representa un torpedo en la línea de flotación argumental del proyecto explica su rechazo a cinco puntos de la reforma. En el 126 se explica que “limita la ultraactividad (vigencia de los acuerdos más allá del vencimiento de su plazo de vigencia hasta tanto no se renegocien) de los convenios colectivos vencidos únicamente a las cláusulas normativas y excluye las cláusulas obligacionales” y alega que de ese modo “desnaturaliza el convenio colectivo de trabajo como un instrumento integral; rompe el equilibrio entre las partes; debilita la autonomía y la libertad de negociación colectiva, y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral”.

También objeta el artículo 128 que, en igual sentido, explicita que “los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en las convenciones colectivas de trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales”. Y agrega que aquellas que están vigentes (como sucede con las del Inacap o la que financia a Adimra) “tampoco resultan obligatorias para los empleadores que no sean socios o asociados a las asociaciones o cámaras beneficiarias de estos créditos”.

Las entidades empresarias cuestionan a continuación los artículos 130 y 131 contemplados en la reforma y que invierten el orden de importancia de las unidades de negociación. En la actualidad las negociaciones y acuerdos firmados entre sindicatos y cámaras patronales de alcance nacional tienen preeminencia por sobre los de menor nivel, ya sea regionales, provinciales o por empresa. Es el sostén principal del modelo sindical argentino al darle fortaleza y centralización a cualquier debate y evitar su atomización. Y que al mismo tiempo le da robustez también a las representaciones patronales de mayor nivel.

La nota sostiene que esos artículos “alteran el natural sistema de articulación y prelación entre convenios colectivos de trabajo, porque eliminarán la función ordenadora del convenio colectivo de actividad ya que le otorgan prevalencia a los convenios de ámbito menor o de empresa, aun cuando el convenio de ámbito mayor sea posterior”. “Un esquema como el propuesto fragmentan el marco normativo de una misma actividad y habilitaría a: diferencias salariales y de condiciones laborales injustificadas, entre otras, afectando claramente el principio constitucional de -igual remuneración por igual tarea-. Por lo dicho y a nuestro entender, no cabe dudas que la aprobación de estos artículos traería aparejado conflictividad jurídica y social”, advierte.

El último ítem que rebaten las cámaras es el artículo 132 “que faculta a la autoridad administrativa (en la actualidad, la Secretaría de Trabajo) a convocar la renegociación de convenios vencidos y a suspender (incluso de oficio) los efectos de su homologación cuando sus cláusulas se mantengan vigentes por ultraactividad, amparándose bajo el fundamento de conceptos absolutamente amplios e indeterminados”. Advierte que su objetivo “es desnaturalizar el principio de ultraactividad, otorgando una discrecionalidad excesiva al Estado, afectando la autonomía colectiva y generando un escenario de marcada inestabilidad e incertidumbre tanto para empleadores como para trabajadores, creando inseguridad jurídica y consecuente conflictividad”.

El Destape