Melella denunció una intervención encubierta sobre toda la provincia de Tierra del Fuego
El gobernador fueguino, Gustavo Melella, presentó una medida cautelar para declarar inconstitucional la intervención federal sobre el Puerto de Ushuaia. El mandatario denunció una apropiación territorial por parte de la administración Milei y un desfinanciamiento de la provincia.
El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur denunció una intervención federal indirecta sobre la provincia a partir de la intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en el Puerto de Ushuaia. El mandatario presentó una medida cautelar para declarar inconstitucional la resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación del pasado 21 de enero. El texto presentado por Melella constituye una advertencia para el conjunto de los gobernadores y gobernadoras del país al señalar el avasallamiento del federalismo por parte de la administración Milei.
En la cautelar se incluyó la deposición del empleado de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Adrián Néstor Bleuer, quien denunció ante la Prefectura que a partir de la intervención federal quedaron sin control los sistemas vinculados al derrame de hidrocarburos, incendios y escaneo de los vehículos que circulan por las instalaciones. Una zona liberada.
La intervención federal se dio en el contexto de la llegada de una comitiva de congresistas de los Estados Unidos – de los cuales todavía se desconoce su identidad – y las sospechas por parte de los funcionarios provinciales, como es el caso de Roberto Murcia, presidente de la DPP, de una entrega futura de dichas instalaciones al “Comando Sur de los Estados Unidos”.
Camuflar una intervención federal
Luego de varios días de concretada la intervención del Puerto de Ushuaia, el gobernador Melella decidió actuar con la presentación de una medida cautelar en la que se describieron “las argucias administrativas” invocadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación con la intención de camuflar la intervención federal a la provincia fueguina.
El Puerto de Ushuaia se encuentra regido por un régimen jurídico provincial propio, integrado por el convenio de transferencia Nación – Provincia del 25 de septiembre de 1992; la Ley provincial número 69 (creación de la Dirección Provincial de Puertos); la normativa provincial reglamentaria y complementaria que regula la administración, explotación, financiamiento y control de los puertos provinciales.
“Este plexo normativo configura un sistema cerrado, coherente y autosuficiente, mediante el cual la provincia ejercer de manera plena sus competencias constitucionales sobre un bien integrante de su dominio público provincial”, puede leerse en el texto presentado por Melella. Es decir, Nación avanzó directamente sobre la provincia y no simplemente un puerto.
“La Dirección Provincial de Puertos (DPP) administra el Puerto de Ushuaia por delegación legal interna, como órgano especializado pero no sustituye a la Provincia como sujeto constitucional, motivo por el cual no puede ser dictada una ´intervención administrativa´ sobre el Puerto sin afectar a la DPP como ente administrador, y a sí mismo a la provincia, como si el puerto de Ushuaia se tratara de un ente ajeno al Estado provincial”, enfatizaron los letrados Fossatto y Cassagne. Y agregaron: “De esta manera, una intervención administrativa dispuesta por un ente descentralizado nacional sobre la actividad que lleva a cabo un ente descentralizado provincial se erige como puerta de entrada para una intervención federal indirecta”.
La captura de la renta portuaria
La intervención del Puerto de Ushuaia se concretó el 21 de enero a las 0.07 de la madrugada, cuando se hicieron presentes en las instalaciones de la provincia Cristian Regueiro, gerente de coordinación de la Unidad Ejecutora de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y Gustavo Ferrero, gerente de asuntos jurídicos. La excusa de la medida utilizada por la administración Milei fue el desvío de fondos.
La provincia había aprobado una ley para redirigir recursos del Puerto hacia la obra social de los trabajadores del Estado fueguino pero que nunca se ejecutó. El único movimiento financiero fue un préstamo del puerto al gobierno provincial, utilizando intereses generados por plazos fijos (no capital del Puerto), el cual se paga con intereses y constituyó –según la gobernación – en una inversión rentable para la institución. Estas fueron las “argucias” señaladas en la medida cautelar presentada ante el juzgado federal de Ushuaia.
Para Melella, según se interpreta del texto de la denuncia, el fondo de la cuestión sería otro: “La ocupación de territorio provincial por autoridades nacionales en un establecimiento provincial de dominio público”. También la captación de la renta, en una clara violación al federalismo.
El primer efecto concreto de la intervención no fue la adopción de medidas técnicas ni la realización de auditorias ni la implementación de un plan de adecuación en función de la denuncia administrativa impulsada por Juan Avellaneda, secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario (persona que quedó a cargo del Puerto) sino la toma de control de la facturación, la recaudación y la disposición de los ingresos portuarios. Lo que se intervino no fue su infraestructura sino su renta.
“La Nación asume por una vía administrativa y sin sustento constitucional facultades fiscales y financieras que no posee, apropiándose de recursos cuya titularidad corresponde a la provincia. La intervención opera como un mecanismo de transferencia forzada de fondos provinciales al Estado nacional, encubierta bajo el ropaje de una supuesta potestad de control. La asunción por parte de la ANPYN de la recaudación, administración y disposición de los ingresos del Puerto de Ushuaia constituye la manifestación más clara y contundente de una intervención total, que excede cualquier facultad de fiscalización o seguridad”, denunció Melella.
La intervención federal del Puerto (y la provincia) está en línea con el plan de Milei de desfinanciar la jurisdicción, ahogarla económicamente. El presupuesto anual de la DPP ronda los 20.000 millones de pesos anuales. ¿Será todo parte de un plan para despoblar con el objetivo de entregar los recursos naturales provinciales y el acceso a la Antártida?
El riesgo a un desastre natural
El texto de la cautelar presentado por el Gobernador Melella contiene la exposición de Adrián Néstor Bleuer, empleado de la Dirección Provincial de Puertos, formulada ante un oficial de la Prefectura Naval el pasado 26 de enero. Allí quedaron registradas una serie de irregularidades surgidas a partir de la intervención del Poder Ejecutivo Nacional. En las palabras de Bleuer se aprecia un riesgo inminente:
- Desde el momento de la intervención se desconoce quiénes son los oficiales de protección de instalaciones portuarias, dado que los oficiales designados por la DPP no estarían ingresando al puerto.
- Se desconoce el funcionamiento actual del sistema de control de ingreso, el sistema de cámaras y el sistema general de alarmas de incendios y hombre al agua, ya que tampoco se permite el ingreso de personal técnico de la dirección de informática y comunicaciones.
- Tampoco se realizan porcentajes de escaneo y revisación de vehículos establecidos en el plan de protección.
- En lo referente al plan de emergencia para derrame de hidrocarburos y mercancías peligrosas del puerto, dicho certificado posee la misma característica en lo referente a la titularidad de la operación de puerto, a lo que se le debe sumar la gravedad de que el personal de control de derrames que opera el equipamiento en caso de emergencia tampoco está autorizado a ingresar, con la gravedad que se siguen operando mercancías peligrosas como la carga de millones de litros de gas oil a los grandes cruceros, la extracción de residuos oleosos y otros tipos de residuos que pueden producir derrames.
La opacidad detrás de la visita de los congresistas
El rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Mariano Hermida, fue uno de los académicos que participó en una de las reuniones protagonizadas por los siete congresistas que llegaron desde los Estados Unidos. De acuerdo a lo manifestado durante un reportaje en el programa Palo y Zanahoria que conduce Mariano Martín por El Destape, el encuentro versó sobre el interés de los visitantes en las investigaciones que se venían desarrollando en la provincia sobre el cambio climático.
"Recibimos un correo de invitación de parte de la agregada científico-tecnológica de la embajada de EE.UU en Argentina, el 8 de enero, en el que nos invitaban a una reunión con una comitiva bipartidista de 7 congresistas de Estados Unidos para dialogar sobre temas de cambio climático e investigaciones al respecto en términos de ambiente", sostuvo Hermida.
"Les contamos sobre el desfinanciamiento sobre la agenda de Ciencia y Tecnología en la Argentina en los últimos dos años, las discontinuidades y también al cierto grado de negacionismo que es común con respecto a la agenda del cambio climático tanto en Argentina como por algunos miembros gubernamentales de Estados Unidos", agregó el académico.
Los “visitantes” realizaron varias reuniones, ante cierta opacidad informativa. El mismo Hermida sostuvo que desde la Embajada les habían recomendado no dar aviso a la prensa. Los congresistas también visitaron la planta de glifosato y urea ubicada en “Estancia La Violeta” que pertenece a la empresa Tecnomyl. El predio de esta empresa se encuentra frente al terreno que compró una empresa china para el desarrollo de una usina eléctrica.
“Claramente vinieron a tantear las inversiones chinas en la provincia”, sostuvo en diálogo con El Destape, Daniel Guzmán editor del portal Agenda Malvinas.
La identidad de los congresistas, sus asesores e integrantes de la Embajada norteamericana en todo el recorrido realizado en Tierra del Fuego y Vaca Muerta aún permanece en la opacidad, salvo por el nombre del senador Morgan Griffin.
El Destape
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