Centro de Estudios Derecho al Futuro criticó la reforma laboral de Javier Milei
“El Gobierno quiere habilitar el abuso”
Tras la media sanción de la nueva norma laboral en el Senado, el espacio de investigación del MDF asegura que sólo busca generar “disciplinamiento” sobre los empleados. La previa a la discusión en la cámara baja.
El Centro de Estudios Derecho al Futuro salió al cruce de la Ley de Modernización Laboral aprobada recientemente en el Senado. La mirada del espacio de investigación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) critica una norma que “de modernización no tiene nada” y que promociona el “abuso y disciplinamiento” de los trabajadores. El análisis pone en valor el rol de los sindicatos y advierte sobre los efectos fragmentadores que esgrime la iniciativa de Javier Milei, cuyo espíritu es “desordenar” la vida de los ciudadanos.
La postura del CEDAF fue expresada por Natalia Villalba Lastra. Politóloga y ex directora provincial de Negociación Colectiva durante la gestión de Mara Ruiz Malec al frente del Ministerio de Trabajo provincial, advierte a Buenos Aires/12 que negar la desigualdad entre empleado y empleador “no es modernizar, es habilitar el abuso, naturalizar las diferencias de poder y tratar al trabajo como una mercancía más”.
Para la autora del documento, la creación del banco de horas, la imposibilidad de determinar los días de vacaciones por parte del trabajador, la reducción en las licencias por enfermedad, la pérdida de variables a computar en las indemnizaciones, el desfinanciamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o el lanzamiento del Fondo de Asistencia Laboral, , son solo algunos ejemplos de cómo La Libertad Avanza corrompe la relación entre el capital y el trabajo a favor de quien cuente con más poder en una negociación mano a mano.
Este cambio en la ecuación, según el texto de Villalba Lastra, “desordena por completo la vida de quien trabaja”. En este punto, subraya que la eliminación de la ultra actividad no es un simple tecnicismo jurídico, por el contrario, es “una decisión política de enorme impacto”. “Sin ultra actividad, los derechos conquistados dejan de ser un piso garantizado y pasan a ser temporarios, frágiles, sujetos a negociación permanente bajo amenaza”, escribió. Es decir, todo puede cambiar de un día para el otro, lo que expone una clara intención de “disciplinamiento”.
En paralelo, las modificaciones a partir de esta nueva mirada en las relaciones laborales, desorganiza a la pequeña y mediana empresa, cuyas cámaras manifestaron varios rechazos a la norma. Como sostenedoras de la mayor parte del empleo del país y la provincia, los convenios colectivos les proveen una herramienta de orden previsibilidad. Fijan pisos comunes, organizan costos y evitan una competencia salvaje basada en bajar salarios o degradar condiciones de trabajo, detalla Villalba Lastra.
“La negociación por empresa no las fortalece a las pymes, las deja expuestas”, remarca en el texto. Sostiene que, en realidad, se benefician las grandes compañías, con espalda financiera y capacidad para absorber pérdidas o trasladar costos. “El resultado es claro: más concentración, más desigualdad y un escenario de competencia desleal que castiga a quienes producen y emplean en serio”, asegura.
Más allá del oscuro panorama que percibe de cara a la posible sanción de la ley en la Cámara de Diputados de la Nación la semana que viene, Villalba Lastra afirma que la medida “seguramente será judicializada”. Y va más allá. Propone que, de asumir la presidencia el peronismo en 2027, debe “derogarla” y avanzar con propuestas de reformas posibles, que “realmente sean modernas y no como esta que en 213 artículos y 26 títulos no habla de la inteligencia artificial ni las nuevas modalidades de empleo o producción”.
El rol de los sindicatos
Villaba Lastra es parte del CEDAF, un espacio que apunta a visibilizar no sólo una producción académica propia, sino la de otros centros con sintonía de pensamiento con el proyecto político que encabeza Axel Kicillof. Así lo detalló a este diario Mara Ruiz Malec, una de las coordinadoras del think tank junto a Pablo Ceriani y Agustín Simone, a la vez que anunció que el lanzamiento oficial del centro será en los días cercanos a la próxima apertura de sesiones de la Legislatura.
En su paso por la administración pública bonaerense, transitó las negociaciones paritarias y vínculo con los sindicatos durante la pandemia. Sobre las posturas que critican a la CGT, señala que “no se le puede pedir a la dirigencia lo que las bases no quieran”. “Si llamás a un paro y el acatamiento es pobre, quedás debilitado”, advierte.
Por eso, como dice el Martín Fierro, “el fuego para calentar tiene que venir de abajo”. “Lo que tenemos que hacer, y es algo que tenemos que hacer todos, es no solo charlar con los laburantes sobre los efectos negativos de la reforma, sino convencerlos de que se puede frenar y que hay otros caminos”, sostiene.
De todas maneras, considera que los trabajadores registrados ven una clara amenaza sobre sus derechos. “Tienen esperanza de que no avancen”, dice. Resalta que, tanto la CGT como la CTA hicieron buenas campañas de concientización, pero que el problema está en convencer al 43 por ciento que continua en la informalidad. “En realidad, el 30 por ciento de informalidad no se perfora desde 1988”, sostiene.
Ante la consulta sobre los festejos de funcionarios como Diego Santilli, ex candidato a gobernador bonaerense del PRO, hoy ministro de La Libertad Avanza, que tuitearon sobre “el fin de la industria del juicio”, para Villalba Lastra es “una falsa promesa”. Por el contrario, dice, “se van a acelerar la cantidad de juicios”.
Toma datos de la Justicia Laboral de 2024. Ante 46 millones de personas que viven en Argentina, 20 millones lo hacen en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, es decir, el 44 por ciento. La población ocupada formal e informalmente son 21 millones de personas. Replicando el 44 por ciento, estima que 9 millones de personas ocupadas vive en PBA y CABA.
Los juicios iniciados en la Justicia del Trabajo a nivel nacional apenas superan los 55 mil casos, de los cuales 24 mil son por accidentes de trabajo, es decir, ART. En lo que respecta a la Justicia laboral de la provincia de Buenos Aires, son 107.800 juicios iniciados, de los cuales 7 de cada 10 son por ART, no contra el empleador. La síntesis de estos números arroja que menos del 2 por ciento de la población ocupada, ya sea forma o informalmente, hace un juicio, lo que dilapida el brutalismo conceptual de una industria del juicio.
De todas maneras, Villaba Lastra no descarta que hay que hacer modificaciones. Por eso pone en valor, por ejemplo, el proyecto de ley para crear la Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (ICLOP) en la provincia de Buenos Aires, impulsado por el actual ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. Esta iniciativa busca establecer una etapa obligatoria de conciliación previa al juicio laboral para resolver conflictos individuales, descongestionar los tribunales y acelerar acuerdos.
Trabajadores vs. trabajadores
La integrante del CEDAF remarca que, a nivel provincial, la legislación sobre los empleados nucleados en la Ley N° 10.430 y el resto de los regímenes estatutarios, lo que incluye a los docentes, no verán afectadas sus licencias, vacaciones o consideraciones que ataca la reforma de Milei.
Más allá de estas garantías, Villalba Lastra apela que se encuentre un puente discursivo con aquellos segmentos sociales que no gozan de los mismos beneficios que los trabajadores formales y sindicalizados, a los que hoy tildan de “privilegiados”. “Ahí pone el discurso el gobierno nacional, para que los trabajadores se peleen entre ellos y busquen nivelar para abajo”, dice.
Asegura que es necesario comprender que muchos trabajadores nunca tuvieron un trabajo en relación de dependencia, les resulta ajeno, lo que puede llevarlos a avalar la informalidad que legitima la nueva ley. “Es importante comprender las nuevas dinámicas laborales, como los precarizados de las aplicaciones o en la gastronomía, que necesitan un Estado que hoy no los ampara”, apunta.
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