El impacto del fallo contra los aranceles. La interna con Villarruel
La justicia de EE.UU le pone límite a Trump
El dictamen pone en cuestión el equilibrio del acuerdo bilateral firmado con Washington. Villarruel cuestionó a Milei por la apertura importadora. Se reaviva la interna en el oficialismo.´
El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró ilegales los aranceles impuestos por Donald Trump bajo la ley de emergencias económicas abrió un interrogante central para la Argentina. En este contexto se reavivó la interna oficialista. La vicepresidenta Victoria Villarruel utilizó la decisión de la justicia norteamericana para cuestionar la apertura importadora impulsada por el Gobierno y marcar diferencias con la Casa Rosada. “Para Trump primero está Estados Unidos; para mí, primero está la Argentina”, afirmó, y advirtió que “sin industria nacional, se termina dependiendo de la China comunista”. La referencia al freno judicial a los aranceles del exmandatario republicano funcionó así como argumento para reivindicar una mirada de nacionalismo productivo y poner en discusión el esquema de liberalización comercial que promueve el oficialismo.
¿Qué justificación subsiste para el país mantenga intactas concesiones estructurales que fueron otorgadas precisamente para evitar esos aranceles? La pregunta, formulada por el diputado Guillermo Michel, pone en discusión el equilibrio del acuerdo bilateral firmado con Washington y obliga a revisar el alcance real de los beneficios obtenidos.
Adoptada por 6 votos contra 3, la sentencia determinó que el Ejecutivo norteamericano se excedió al aplicar gravámenes generalizados sin aval parlamentario. Pero más allá del impacto institucional en Estados Unidos, la consecuencia inmediata para Buenos Aires es la posible pérdida de la principal concesión obtenida: la reducción del arancel recíproco del 10 por ciento a 0 para 1.675 posiciones arancelarias.
La Cámara de Exportadores de la República Argentina señaló que ese arancel recíproco es precisamente el que fue declarado ilegal, lo que deja sin sustento jurídico el beneficio arancelario que había sido presentado como el núcleo del acuerdo. Según la entidad, el texto del entendimiento comercial pierde así su principal incentivo en materia de acceso a mercados, aunque la cuota de carne bovina de 80.000 toneladas métricas, negociada por fuera del esquema general, no estaría alcanzada por la decisión judicial.
Desde el plano académico, el doctor en Relaciones Internacionales Esteban Actis sostuvo que la caída del IEEPA implica que más de 1000 posiciones que pasaban de 10 a 0 hubieran terminado reduciéndose de todos modos si el Congreso intervenía. En esa lectura, el diferencial conseguido por la Argentina frente a otros países se diluye, porque la herramienta que permitía imponer o negociar esos aranceles deja de estar disponible en su formato original.
El impacto sectorial es desigual. En el caso de la carne, fuentes del sector remarcan que la ampliación de la cuota no forma parte del esquema recíproco invalidado por la Corte, por lo que no debería verse afectada. Distinto es el panorama para rubros industriales que habían quedado dentro del régimen del 10 por ciento recíproco. Allí, la ventaja comparativa frente a competidores regionales como Brasil podría perder fuerza si Washington redefine su política comercial bajo un criterio más uniforme.
Michel planteó además que Argentina concedió normas técnicas, sanitarias, digitales, de propiedad intelectual y en materia de servicios y compras públicas con el objetivo de evitar aranceles adicionales. Si esos aranceles son considerados ilegítimos, el equilibrio del acuerdo cambia. La discusión no es sólo arancelaria sino estratégica, porque involucra compromisos estructurales asumidos en áreas sensibles.
Recién en este contexto cobra dimensión la decisión del máximo tribunal estadounidense. En la opinión mayoritaria, redactada por el presidente de la Corte, John Roberts, se estableció que la ley de emergencias económicas no habilita al Presidente a crear impuestos de alcance general. El fallo obliga al Ejecutivo a desactivar o rediseñar el esquema de gravámenes que había sido utilizado como herramienta central de política comercial y de presión diplomática.
Durante 2025, la estrategia arancelaria incluyó recargos de hasta 10 por ciento para numerosos socios y amenazas más severas para economías específicas. El argumento oficial combinaba protección industrial y fortalecimiento fiscal. Sin embargo, estudios de la Reserva Federal de Nueva York mostraron que entre 86 y 90 por ciento del costo de los aranceles fue absorbido por consumidores y empresas estadounidenses. La Tax Foundation estimó que implicaron un costo adicional de 1000 dólares por hogar en 2025 y que podrían sumar otros 1300 en 2026.
Lejos de corregir el desequilibrio externo, el déficit comercial estadounidense se amplió a 901.500 millones de dólares en diciembre, uno de los niveles más elevados desde 1960. Ese dato alimentó críticas internas sobre la eficacia de la estrategia proteccionista y reforzó el argumento de que los aranceles funcionaron, en los hechos, como un impuesto interno.
Para la Argentina, el escenario que se abre es de revisión. Si el Congreso de Estados Unidos no restablece un esquema similar bajo otra base legal, el acuerdo bilateral deberá redefinirse o perderá parte de su contenido práctico. Si, en cambio, la Casa Blanca intenta reinstalar gravámenes por otras vías, la incertidumbre podría prolongarse.
En cualquier caso, el fallo introduce un factor de fragilidad en la relación comercial. La principal concesión arancelaria obtenida por Buenos Aires queda en suspenso y obliga a recalcular la estrategia de inserción en el mercado norteamericano. En un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de cadenas de valor, la decisión judicial en Washington redefine el marco en el que la Argentina negocia, exporta y proyecta su política comercial.
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