Exclusivo: las denuncias de los propios uniformados que la ministra de Seguridad ignora
El submundo de la crisis policial: corrupción, abuso, falta de presupuesto y suicidios
Los reclamos se presentaron ante Patricia Bullrich a fines de 2026 y ante Alejandra Monteoliva a comienzos de este año. No hubo ninguna respuesta.
“Los jefes de la Policía Federal ordenan el abandono de investigaciones de narcotráfico para concentrar a los efectivos en el narcomenudeo, así hacer estadísticas y encubrir la inacción. Los jefes pactan custodias en distintos eventos en el interior, los cubren con efectivos que deberían hacer investigaciones y son los superiores los que se quedan con el dinero. En las planillas de los adicionales figura personal que no se presenta al servicio, igual lo cobran y distribuyen el dinero con los superiores. Los canes detectores de droga no reciben alimentación adecuada ni atención veterinaria por falta de presupuesto. Las brigadas de investigación carecen de computadoras, impresoras, grabadoras, cámaras y todo elemento imprescindible. Hay un grave deterioro psíquico, con un incremento descomunal de suicidios, pero también accidentes por consumo de alcohol, los que silencian para evitar repercusión mediática. Los casos de abuso y acoso sexual de las agentes y suboficiales femeninas se multiplican: las que acceden, logran privilegios, las que rechazan, son perseguidas. La ministra Alejandra Monteoliva realiza viajes a las sierras de Córdoba con móviles policiales y choferes policiales que no pueden negarse debido a las represalias”.
Todos estos hechos figuran en denuncias, con nombre y apellido, presentadas por distintos efectivos de la Policía Federal ante la ministra Patricia Bullrich durante fines de 2025 y Alejandra Monteoliva en los primeros meses de 2026. No hubo respuesta alguna. Las protestas policiales se van repitiendo, no sólo con el suboficial que se encadenó en la Casa Rosada, sino también en el interior, en especial en Santa Fe. La cuestión es principalmente salarial, pero no sólo salarial.
Movimientos policiales
En los últimos días de la semana se conoció una convocatoria a un acuartelamiento de la Policía Federal el 15 de marzo; se encadenó en la Casa Rosada, el cabo Miguel Angel Montiel; hubo una protesta de policías en Rosario, Santa Fe capital y en numerosas ciudades del norte provincial, con gomas quemadas, sirenas de patrulleros. En todos los casos por reclamos salariales, pero también por maltratos de distinto tipo que llevaron, sólo en Rosario, a 19 suicidios de uniformados de la policía provincial, la gendarmería y penitenciarios. El desencadenante fue el suicidio de Oscar Chimi Valdéz quien se quitó la vida frente a la Guardia de Infantería.
Por supuesto que el centro de las protestas es la cuestión de la motosierra, con aumentos de sueldos que, como en todos los casos de los estatales, están muy por debajo de una inflación de por sí dibujada. Agentes y suboficiales que cobran 700.000 u 800.000 pesos, lo que los obliga a “realizar actividades privadas -dice una de las denuncias-, como Uber, albañilería, venta de comida, ropa, entre otras, para subsistir, asistiendo al servicio ordinario agotados, frustrados y desmotivados. La mayoría del personal policial posee el chaleco antibalas vencido, sumado a que hace tres años que no se realizan prácticas de tiro ni ningún tipo de capacitación”.
Fiesta en la comisaría
Como se sabe, el cabo Montiel, que se encadenó en la reja de la Casa Rosada, presta servicios en las unidades de la Superintendencia de Transporte o Tráfico. Junto con otros efectivos presentó una denuncia extensa a Patricia Bullrich a finales de 2025. El texto detalla, con nombre y apellido, a los jefes que cometen los delitos, pero este diario publica únicamente las iniciales para preservar su derecho a la defensa. Ni Bullrich ni su sucesora, Monteoliva, respondieron a las denuncias. De inmediato argumentaron que son efectivos que tienen problemas psiquiátricos.
“A sabiendas del subcomisario S.M., el Principal M.G. y el Inspector V.V. figura personal en las planillas de adicional, el cual no se presenta al servicio”. Esto significa que en las estaciones de tren figura que hay una cantidad de efectivos, pero en verdad está la mitad o menos de la mitad. Esos efectivos cobran por el servicio y le derivan parte del dinero a los jefes. Desde el punto de vista de la seguridad -relata la denuncia-, cuando se produce un inconveniente, deben llamar a policías bonaerenses o de CABA “para pedir colaboración”.
“Estamos los que prestamos el servicio como corresponde y los otros, amparados por los superiores, duermen en la comisaría o realizan fiestas en la comisaría, en Retiro, las cuales incluyen ingestas de alcohol, descuidando los calabozos con detenidos o mismo, sacando a los presos de las celdas para incluirlos en el jolgorio e incluso jugando y apostando con los detenidos”.
Las maniobras con la droga
“Por declaración del cabo primero V, supimos que se manejó un procedimiento de droga impidiendo que el denunciante haga la denuncia y guardando la droga que tendría que haber secuestrado”. Todo está referido a la Superintendencia de Transporte.
“En Córdoba, bajo orden expresa del director general y del jefe del Departamento, comisario mayor F.A., se ha instruido dejar en un segundo plano las investigaciones federales, priorizando de manera casi exclusiva procedimientos de narcomenudeo, con el objetivo de inflar estadísticas operativas, simulando eficiencia antes las autoridades superiores y el Ministerio, mientras se desatienden investigaciones complejas, propias de la competencia federal”, dice otra denuncia.
“Los efectivos de las DUOF (División Unidad Operativa Federal) de Córdoba son obligados a prestar servicios de prevención en eventos masivos, recitales, espectáculos, festivales, sin las condiciones mínimas. Estos servicios son cobrados por los comisarios mayores y comisarios inspectores”.
“Los canes detectores de droga de las DUOF Córdoba, Río Cuarto, Villa María y San Francisco, no reciben ningún tipo de atención en materia alimentación, veterinaria ni desparasitación. Se consiguió un donante de un perro de raza, pero viendo las condiciones en que se mantenía al can, hubo que devolver el ejemplar al donante”.
“Las brigadas carecen de elementos básicos: cámaras, grabadoras, binoculares, impresoras, computadoras. Sin el material, no se hacen investigaciones federales, situación que es encubierta mediante la acumulación de procedimientos menores de menudeo. Incluso, el personal a veces compra de su propio bolsillo las bolsas de nylon, rótulos, precintos, indispensables para hacer los procedimientos menores”.
El drama psíquico
El conflicto en Santa Fe se agravó a raíz del suicidio de Chimi Valdéz. El suboficial estaba con carpeta médica desde junio de 2025, pero se iba a reincorporar el 23 de febrero. Se pegó el tiro frente al cuerpo Guardia de Infantería, donde había revistado durante años. Según el conteo hecho en la provincia, el total de uniformados que se quitaron la vida, en 2025, en Rosario, sumó 19.
Por lo que se lee en las denuncias, el cuadro psiquiátrico está agravado por las dificultades económicas, a raíz de los bajos salarios y, en especial, de las jornadas extensas, el pluriempleo y el mal trato. En las denuncias que llegaron a Página/12 hay una cantidad inusitada de referencias al abuso y el acoso de las mujeres que integran las fuerzas. Se utilizan los llamados destinos fantasmas -adicionales que no se hacen e igual se cobran- como un privilegio que se otorga a las mujeres que acceden a los acosos, mientras se persigue y humilla a las que se niegan. Como es obvio, hay un enorme temor a denunciar a los superiores, algunos de los cuales hasta presionan y obligan a subalternas a convivir con ellos durante varios días.
La norma parece ser la corrupción y las ventajas ilegales que tienen “los que están arriba”. Entre otros muchos casos se mencionan las custodias que tienen los familiares de la ministra Monteoliva, en Córdoba, “24 horas, sin relevo, sin suministro de alimentos o bebidas, como así tampoco baños”. En el texto se afirma que “la ministra realiza viajes personales a las sierras de Córdoba, con móviles policiales, con choferes policiales, éstos mismos no pueden negarse debido a represalias institucionales, conduciendo por más de 12 horas a pesar del cansancio”.
A apagar el incendio
El rumor es que el Ministerio de Economía autorizaría algún tipo de aumento suplementario para las fuerzas federales. Sin embargo, la cuestión no está confirmada y habrá que ver qué sucede con el acuartelamiento lanzado para el 15 de marzo. En Seguridad, piensan que sólo participarán retirados y familiares en algún acto. Pero puede haber más movimientos. Sucede que hoy los efectivos federales tienen la mitad de sueldo que un policía de CABA y cobran menos que un policía bonaerense, algo impensado hace unos años. La mayor protesta consiste en las deserciones. Los más formados, los que tienen mejores antecedentes, los que son parte de los cuadros de investigación o científicos, se van a CABA o a la actividad privada ni bien tienen una oportunidad.
En Santa Fe se movilizaron con patrulleros, quemaron neumáticos e hicieron sonar las sirenas de los móviles en la semana que pasó. Pese a los temores, la movilización fue significativa, en especial en las ciudades del norte santafecino. En esa provincia utilizan un curioso diagnóstico respecto de Rosario: “no se suman efectivos porque no hay vocación”. Por lo tanto, los policías son casi todos del norte de la provincia y viajan centenares de kilómetros para prestar servicio. Este era uno de los reclamos: que les pongan transporte adecuado y seguro.
El gobernador Maximiliano Pullaro tuvo que salir rápido a dar una suma fija de hasta 500.000 pesos, mejorar el bono alimentario, la hora de adicionales, el transporte y el servicio psiquiátrico. Enfrentaba un desafío inminente. Este sábado llegaba Javier Milei a Santa Fe, se hacía el acto por la batalla de San Lorenzo y hubo temor, mucho temor, a tener una gran cantidad de patrulleros en las inmediaciones, con las sirenas al máximo.
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