La titular del Juzgado Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora lidera el programa Involucrados
“La baja en la edad de punibilidad sin programas específicos, no sirve para nada”
Marta Pascual está al frente de una iniciativa de justicia restaurativa para menores impulsada por el municipio de Almirante Brown. Qué piensa sobre el proyecto que debatirá el Congreso.
“La baja en la edad de punibilidad sin programas específicos, no sirve para nada”, afirma Marta Pascual a Buenos Aires/12. La presidente del Tribunal Penal Juvenil Único y titular del Juzgado Penal Juvenil N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, habla desde su experiencia como magistrada y, también, como impulsora del programa Involucrados en Almirante Brown. Gracias a su tarea, 60 adolescentes en conflicto con la ley transitaron esta experiencia con un índice de reincidencia que ronda el 5 por ciento y “sólo en delitos menores”.
Esta iniciativa está anclada en el enfoque de justicia restaurativa, donde quien comete un delito pueda atravesar un escenario reparador, que incluya a la víctima y posibilite una reinserción social. Es una política que deja de lado la estandarizada frase militada por el gobierno nacional sobre “pudrirse en la cárcel”, porque carece de sustento legal y estadístico, y porque es un eslogan que esmerila una de las patas troncales en la vida de quien está en la cárcel: volver a estar en libertad. De allí la importancia de trabajar en que no reincidan y encuentren otro rumbo.
Por estas razones, señala Pascual, se eligió el nombre de Involucrados, “ya que el eje es involucrar o incluir a la comunidad y a las víctimas”. Se trata de un programa que lleva dos años funcionando en una tarea conjunta con la Municipalidad de Almirante Brown y el equipo de Mariano Cascallares, encabezado por la actual Jefa de Gabinete, Paula Eichel.
Aborda casos de jóvenes judicializados, privados de su libertad, donde la labor tiene como centro acompañar la “responsabilización”. “Se trabaja para que tomen un camino diferente, que usen sus habilidades intelectuales para tener un trabajo, sabiendo que son chicos que muchas veces sus padres ni sus abuelos tuvieron un empleo estable”, detalla la jueza. Y el resultado, apunta, es positivo, por la baja reincidencia que existe luego de cursar todo el año que dura el programa.
“Son chicos que nunca celebraron su cumpleaños”, subraya que Pascual y sostiene que no hay que caer en ninguna romantización de los casos, pero sí comprender todas las variables que rodean a un chico y que inciden en las decisiones que toman. Así, desde su mirada, el encierro por sí solo no repara ni resuelve los problemas de los adolescentes, tanto en Argentina como en ningún otro país.
Por eso no comulga con la simple idea de bajar a la edad de punibilidad que propone el gobierno de Javier Milei. ¿Esto baja la criminalidad? A priori, no. En Ecuador, por ejemplo, la edad de imputabilidad está en los 12 años, la más baja del continente, mientras que la tasa de homicidios es de 45,1 cada cien mil habitantes, la más alta del continente.
La magistrada remarca que, por fuera del debate etario, la privación de la libertad tiene que ir de la mano de políticas reparadoras como, incluso, llevó adelante Rudolph Giuliani en Nueva York, abanderado de la doctrina de tolerancia cero. “Yo trabajé con su equipo y hasta tenían programas de deportes para los jóvenes”, indica.
Más allá de cualquier opinión, los datos estadísticos arrojan claridad. No sólo en lo que respecta a la edad y el ejemplo de Ecuador, sino a la incidencia de los adolescentes en el crimen. Y, puntualmente, en la provincia de Buenos Aires es casi nula.
Según los datos estadísticos del Ministerio Público Fiscal bonaerense, tomados por UNICEF para relatar sus informes, en 2024 hubo 22.687 causas seguidas contra niños, niñas y adolescentes. Es decir, el 2 por ciento del total. Esto representa una mejoría en relación a 2023, cuando fueron casi 23.850, lo que representó un 2,25 del total.
“Que no estén orgullosos de ser el pibe chorro”
A sus 71 años, Marta Pascual acude a su experiencia en ámbitos como el Centro de Justicia Restaurativa de Lovaina, en Bélgica, donde se desarrolla el Foro Europeo de Justicia Restaurativa, así como a su trayectoria en la práctica, donde observó y analizó distintos programas llevados a cabo en el mundo que buscar reinsertar a quienes tienen conflictos con la justicia penal cuando son menores de edad.
Sus pergaminos la llevaron a entrar en contacto con la Municipalidad de Almirante Brown y proyectar una iniciativa que aborde a niños y adolescente que “sabíamos que después del encierro volvían a una familia desestructurada, al grupito de la esquina con el alcohol, las drogas o armas, por lo que no iba a cambiar”.
Entre las duras situaciones que le tocó atravesar, una madre pidió que su hijo abandonar el programa “porque era el que le proveía la droga”. Se encontró con escenas donde el joven es el sustento económico de la familia gracias al robo, o el caso de un chico que le dijo no encontrar nada bueno en el cierro y que, al recuperar su libertad, sentía que “lo limpiaron y le sacaron el corazón”. “Perdí mis sueños”, dice Pascual que fue la expresión del joven al salir del Centro de Recepción, Educación y Ubicación (CREU) en Lomas de Zamora.
Explica que Involucrados gira en torno a tres ejes. El primero, es la aceptación del joven que ingresa al programa. Es la aceptación de un “contrato” que determina, por ejemplo, que no puede drogarse porque si no se lo expulsa. Son casos estudiados por el equipo de la jueza, “no entra cualquiera”, dado que también se evalúa cuan “empapado” está por el delito. Lo que también deja en claro es que no se acepta a ofensores sexuales “porque pensamos que tienen que tener un tratamiento distinto”.
El segundo punto es la participación de la comunidad. “Creí que sería la parte más difícil y resultó lo contrario”, asegura Pascual. Resulta que el programa se basa en guías o tutores, uno por chico, que mantiene una comunicación permanente por ellos. “Yo pensaba que, en este momento, donde la gente está tan enojada y pide por el encierro, quién querrá tomar a un joven y acompañarlo, pero bueno, me sorprendió, porque hay más tutores que casos”, resalta.
Se trata de comerciantes, docentes, entrenadores de fútbol, cada uno con distintas formaciones, a quienes se los capacita desde la Universidad Nacional Guillermo Brown y UNICEF “para que no romanticen y hagan el seguimiento de las pautas que se establecen”.
El tercer y último eje es el encuentro con las víctimas, con quienes deben disculparse. Dice que fue lo más difícil, pero que, por ejemplo, lograron que participe el papá de Kim Gómez, Marco, para que los chicos perciban el dolor que se le causa a una familia o a la comunidad. “Terminaron todos abrazándolo y disculpándose”, cuenta.
Ese “todos” hace referencia a los 15 casos que integran un grupo de trabajo que todas las semanas se reúnen, obligatoriamente, en una casa que brindó el municipio. “Los chicos sienten que es la casa de Involucrados”, señala Pascual. Allí, mediante talleres y clases organizadas por el equipo de la iniciativa, se conversa y trabajan distintos planos de la vida, como la responsabilidad, la empatía, la educación sexual, el consumo de drogas o alcohol, y se proponen caminos para una salida laboral.
“Se los digo a ellos, que veo lo que pueden hacer, que quiero que dejen de ser pibes chorros, que no estén orgullosos de eso, de sacarse esas fotos horribles para las redes y que sean buenos vecinos, que no sean un peligro para el barrio”, relata la magistrada. Cuenta que, al estar en el programa, el barrio se entera y los chicos comienzan a desarrollar una referencia. Les piden ayuda con trámites barriales y poder sacar turnos para atenderse en el hospital o centro de salud.
Pascual sostiene que un valor sustancial está en la creación de un ambiente comunitario. Por eso, subraya que en Navidad se organizó una ceremonia para que cocinen pollos entre todos los chicos. “Como si fuera una reunión en cualquier casa”, dice, porque en la realidad de los jóvenes que asisten al programa, las fiestas “son distintas”. “El 25 es fin de mes, donde no existe el aguinaldo ni nada, donde con suerte hay un mate cocido y una galleta”, relata.
Para Eichel, ex secretaria de Seguridad de Almirante Brown y hoy al frente de la Jefatura de Gabinete, es la principal impulsora de este programa conjunto. Explica que “es una experiencia de un círculo restaurativo para chicos en conflicto con la ley penal. Los encuentros con víctimas y damnificados son consensuados entre las partes y tiene como premisa que los jóvenes se responsabilicen y vean el daño que provocaron en el otro”.
“A través de ‘Involucrados’ queremos darle la oportunidad a quienes no la tuvieron como una forma de otorgar derechos concretos”, detalla la funcionaria.
Desde el Municipio subrayan que una de las claves del proyecto radica en el seguimiento integral y personalizado de cada participante, sostenido en una articulación permanente entre las distintas áreas del Estado, el Poder Judicial y la comunidad. Ese enfoque permitió que la experiencia fuera replicada a nivel provincial bajo el nombre “Entramados” y que sea considerada un modelo de referencia a nivel nacional e internacional.
“Una ley que no sirve para nada”
Una de las modificaciones centrales entre las que impulsa La Liberta Avanza busca bajar la edad de punibilidad, que en Argentina es de 16 años, de las más altas de Latinoamérica junto a Cuba. Después, con 14 años, siguen Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Venezuela.
Si bien no existe un criterio unificado de cuál debería ser la edad mínima de imputabilidad, el Comité sobre los Derechos del Niño en su Observación General N°24 pide que sea de 14. Es una demanda que llega en nuestro continente a Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay, donde es de 13 años. Y, también, a Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Panamá, donde es de 12.
¿Sirve bajar la edad? En términos estadísticos, Argentina, con la edad de imputabilidad más alta de Latinoamérica, tiene el índice de homicidios más bajo. Brasil, México u Honduras, topean el ránking con más de 20 asesinados cada cien mil habitantes teniendo las edades más bajas.
Para Pascual, la ley propuesta por el gobierno nacional “no va a servir para mejorar la seguridad”. “No hay resultados positivos que provengan de instituciones cerradas”, advierte. El propio ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dejó en claro por medio de una nota escrita por él que carece de sentido común centralizar el debate bajar la edad.
“Supongamos que efectivamente la edad de imputabilidad, como propone el proyecto, se fijara en 13 años. ¿Qué hubiésemos hecho en 2024 con los 40 menores de 12 años que la Policía de la provincia aprehendió por tener un arma de fuego? Si la edad mínima fuese la medida de todas las cosas, hubiesen quedado en libertad”, escribió el ministro de Axel Kicillof.
También explicó que, en 2025, la Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a menores de 10 y 11 años con armas de fuego. “¿Qué hacemos? ¿Seguimos bajando la edad eternamente? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Nuestra policía de investigaciones desbarató bandas que reclutaban deliberadamente menores de 14 y 15 años para robar autos con arma de fuego. De nuevo, si la edad se fijara en 13, irían a buscar menores de 11 y 12 para cometer los mismos ilícitos”, señaló.
Además, remarcó que la normativa legal vigente permite detener menores de edad cuando comete un delito grave, como un homicidio, o un robo con arma en el cual dispara sobre la víctima.
Tiempo atrás, este diario contó la política penitenciaria bonaerense, hoy a car del ministro de Justicia, Juan Mena, precedido por Julio Alak. Ambos advirtieron que la centralidad del rol de la cárcel está en que, una vez recuperada la libertad, “no se vuelva a chorear”. ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones centrales, la probabilidad de recuperar la libertad es muy elevada dada la matriz del derecho que rige el sistema penal.
Sin ir más lejos, según los datos del informe 2023 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la provincia de Buenos Aires había 27.328 personas detenidas con condena. De ese total, el 15 por ciento tenía penas menores a los 3 años y el 35 por ciento de entre 3 y 6 años. El 21, entre 6 y 9 años, y el 14 por ciento entre 9 y 12 años. Sólo el 4 por ciento había sido condenado a reclusión perpetua.
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