Tras la renuncia de Marco Lavagna
Caputo en la mira: Unión por la Patria lo denunció por la intervención del INDEC
El ministro quedó apuntado por mantener el cálculo del IPC con una metodología desactualizada, pese a que el organismo había resuelto modificarla. Habría incurrido en violaciones a varias leyes que regulan las tareas de los funcionarios públicos
El escándalo desatado por la postergación de la actualización metodológica en el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y por las declaraciones del ministro Luis “Toto” Caputo sobre datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) derivó en una denuncia penal contra el funcionario. Diputados de Unión por la Patria (UxP) presentaron la acción judicial al considerar que se incurrió en violaciones a normativas que regulan las tareas de los funcionarios públicos.
Tras la salida de Marco Lavagna del organismo, los diputados Germán Martínez, Paula Penacca y Julia Strada denunciaron al ministro por violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y deberes de confidencialidad, falsificación de documentos públicos y violación del secreto estadístico.
La presentación se radicó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Según el escrito, Caputo difundió en diversas entrevistas periodísticas y en su cuenta de X datos sensibles del INDEC que solo correspondía anunciar oficialmente desde el organismo.
En el bloque que lidera Germán Martínez explicaron a Página/12 que la denuncia se formalizó después de varios reclamos previos en el Congreso: un pedido de interpelación al ministro de Economía —quien no ha concurrido al Palacio Legislativo desde su asunción— impulsado por Nicolás Trotta, y un proyecto para declarar al INDEC como organismo autónomo en su funcionamiento y autárquico financieramente, con dependencia institucional del Poder Legislativo, presentado por Sebastián Glamarini a mediados de mes.
La acción judicial se produjo en el marco de la renuncia de Lavagna, tras trascender diferencias internas entre el presidente Javier Milei, el ministro Caputo y el titular del INDEC respecto a la implementación de una nueva metodología para medir la inflación. El conflicto culminó con la postergación indefinida del cambio y la continuidad de la metodología anterior. El primer dato de inflación posterior a su salida —correspondiente a enero de 2026— se difundió sin aplicar la Encuesta de Hogares 2017/2018 y registró un 2,9 por ciento.
“Sepan que, aunque truchen los números de la inflación no hay manera de tapar la triste realidad económica del país como resultado del brutal endeudamiento”, expresó Paula Penacca.
La presentación
La denuncia penal, a la que accedió Página/12, detalla las intervenciones públicas del ministro en medios de comunicación, donde anticipó información del IPC que aún se encontraba en proceso técnico y protegida por el secreto estadístico.
El escrito señala que Caputo respondió en su cuenta de X (@LuisCaputoAR) al periodista Eduardo Feinmann, quien había afirmado que el nuevo IPC arrojaría una inflación de entre 3,1 por ciento y 3,5 por ciento, lo que habría precipitado la salida de Lavagna. El 3 de febrero, el ministro escribió: “Eso es falso @edufeiok. De hecho, daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco (Lavagna) y también Pedro Lines. Podes chequearlo con ellos mismos”.
La acusación también menciona una entrevista televisiva del 4 de febrero, en la que Caputo admitió: “Marco (Lavagna) ya tenía esta idea y desde el minuto uno, la bajada de línea del Presidente fue hagamos esto cuando ya esté el proceso de desinflación terminado”. Además, indicó: “Tanto el Presidente como yo no estábamos de acuerdo técnicamente con cambiar el índice”, y agregó: “Si vamos a hacer esto, lo lógico es terminar con el proceso de desinflación con la misma medición que venimos siempre y realizar una nueva encuesta de hogares donde sí refleje los cambios actuales”.
A partir de estas declaraciones, la denuncia argumenta que Caputo incurrió en irregularidades al ordenar mantener el cálculo del IPC con componentes desactualizados. En octubre de 2025, el INDEC había decidido aplicar la nueva metodología desde enero de 2026, pero el ministro —como reconoció públicamente— la postergó hasta completar la recomposición tarifaria, que impactaría fuertemente en el indicador. El texto también destaca que esta decisión contradice lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional, que había instado a implementar la nueva fórmula desde enero.
Según los denunciantes, estas acciones violan la ley 17.622 que regula el INDEC y el servicio estadístico nacional. “Esas manifestaciones públicas, entre otras, constituyen anticipaciones de resultados, valoraciones políticas previas a la publicación oficial y/o intervenciones indirectas respecto de datos vinculados al IPC que aun se encontraban en proceso técnico y protegidos por el secreto estadístico”, sostiene la denuncia.
El escrito también reprocha a Caputo por revelar la diferencia en la variación del IPC según la metodología aplicada y por adelantar el dato de inflación de enero antes de su publicación oficial, lo que configuraría una violación del secreto estadístico prevista en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622.
Medidas previas
Además, el 3 de febrero los diputados de UxP solicitaron la interpelación en la Cámara de Diputados del ministro Caputo y del director del INDEC, Pedro Lines, para que expliquen “por qué no se utilizó el nuevo índice de medición (del IPC) que debía implementarse a partir de enero de 2026”. La iniciativa incluyó también a Marco Lavagna.
El impulsor Nicolás Trotta enfatizó en esa oportunidad que “el Índice de Precios al Consumidor constituye uno de los indicadores macroeconómicos determinantes. El IPC tiene impacto directo sobre la medición de estadísticas sociales, como la tasa de pobreza e indigencia; y constituye una variable central para el análisis de la dinámica de ingresos de la economía y la evolución del poder de compra de los mismos (salarios, jubilaciones, tipo de cambio)”.
Desde el bloque peronista también criticaron a Caputo por el decreto firmado por Javier Milei que retiró al Estado Nacional como querellante en la causa por el endeudamiento con el FMI durante la gestión 2018, medida que el diputado Santiago Cafiero calificó como “de autoamnistía”.
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