Privatizaciones, tierras y recursos estratégicos: la ley que busca blindar el saqueo de Milei
El gobierno activó el tratamiento legislativo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Bajo el mantra de la "libertad", el proyecto esconde la cesión de territorios a extranjeros, la desprotección de bosques, el impulso a la especulación inmobiliaria y ponerle un cerrojo a la eventual expropiación de empresas privatizadas y concesiones abusivas. El antecedente de la Ley de Glaciares y la omertá con los gobernadores "dialoguistas".
7 de abril de 2026, Sala 1 del Auditorium de Bariloche, nueve de la mañana. La acusada es Ingrid Soledad Cayunao, integrante de la Lof Cayunao, procesada por usurpación y hurto. Según la querella, había ingresado de forma clandestina a un campo privado de catorce mil hectáreas en el paraje Alto Río Chubut, a cuarenta y cinco kilómetros en línea recta de la frontera con Chile, en plena zona de seguridad de frontera. La defensa dijo que fue a buscar sus animales, como siempre. Lo inesperado ocurrió cuando tomó la palabra el acusador.
Hugo Alberto Barabucci —el querellante— respondió una pregunta del abogado defensor Martín Palumbo con una naturalidad que heló la sala. Preguntado sobre el origen del dinero con que compró esas catorce mil hectáreas en 2017, Barabucci reconoció que el monto —alrededor de dos millones de dólares— había llegado como donación no restituible del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. El nexo, según su propia declaración, fue un club de polo vinculado al gobierno emiratí, que el empresario afirmó conducir. El vendedor de la propiedad fue Marcos Marcelo Mindlin, el empresario energético más poderoso del país, y uno de los más ebenficiados por las decisiones del gobierno de Javier Milei.
La confesión de Barabucci tuvo consecuencias inmediatas. La defensa solicitó que las actuaciones fueran remitidas al Ministerio Público Fiscal para investigar la legitimidad de la compra bajo la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que prohíbe que extranjeros adquieran tierras en zonas de frontera, directamente o por persona interpuesta, cuando esa zona esté ubicada a menos de cien kilómetros de un límite internacional. El campo en cuestión está dentro de ese radio.
El territorio involucrado no es cualquier terreno. En esa zona nacen los cursos de agua que forman el río Chubut, que atraviesa la provincia homónima durante más de mil kilómetros, irrigando diez localidades y una docena de parajes rurales hasta desaguar en el Atlántico por la Bahía Engaño, al sur de Rawson. El lonko Mauro Millán, que testificó en el juicio, habló del agua de esas nacientes como un bien que pertenece a mapuches y no mapuches que viven río abajo, y advirtió que las altas cumbres no deben quedar expuestas a intereses foráneos.
El desenlace del juicio transmitió una inusual brisa de justicia. Soledad Cayunao fue absuelta. La acusación se derrumbó cuando los propios peones del campo admitieron que había sectores sin alambrar y que nadie sabía con precisión por dónde corrían los límites. No hubo dolo, no hubo desapoderamiento: hubo una mujer que cruzó un campo en busca de sus animales. Lo que sí quedó en pie, registrado en el expediente y en las grabaciones de la audiencia, es la confesión de que catorce mil hectáreas en las nacientes del río Chubut —zona de seguridad de frontera, bajo la protección formal de la Ley 26.737— fueron compradas en 2017 con dinero donado por un gobierno extranjero a un intermediario argentino que hace más de veinte años reside en los Emiratos, y que dice desconocer la identidad del resto de los integrantes del club de polo a través del cual canalizó la operación.
Si el Gobierno tiene éxito en su próximo emprendimiento legislativo, Barabucci quedará exento de culpa, cargo y explicación.
El mismo 7 de abril, pero en el Salón Azul del Senado, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se presentó ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado para defender un proyecto que, en su nombre, promete protección y, en su articulado, habilita el despojo. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —ingresada el 26 de marzo con el número de mensaje MEN-2026-22-APN-PTE— tiene la apariencia de una reforma técnica y la ambición de una reforma estructural: modifica seis marcos normativos distintos, altera el régimen expropiatorio, desregula la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros, agiliza los desalojos hasta reducir los plazos a niveles que no tienen precedente en la región, y desmantela las restricciones ambientales que impedían el cambio de uso de suelo en zonas afectadas por incendios forestales.
El proyecto llega en el mismo ciclo legislativo en que el oficialismo logró modificar la Ley de Glaciares, que avanza la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay entre dos empresas belgas por 25 años, que se perfila la privatización de Enarsa, Intercargo, Corredores Viales y AySA, y que el ministro del Interior, Diego Santilli, recorre gobernadores "dialoguistas" para coser la tela legislativa con la que el gobierno pretende ejecutar, con aval parlamentario, la transferencia más amplia de activos públicos y recursos estratégicos de las últimas décadas.
Cepo a las expropiaciones
La primera y más discreta de las modificaciones que contiene el proyecto apunta al corazón del régimen expropiatorio vigente, regulado por la Ley 21.499. El texto propone que la declaración de utilidad pública sea de interpretación restrictiva, que identifique de forma específica el fin perseguido y que la expropiación sea el último recurso disponible —idónea, necesaria y proporcional—. En paralelo, se fija el valor del bien a la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización, se incluye el lucro cesante como rubro indemnizatorio y se incorpora una tasa de actualización atada al IPC del INDEC más un interés comercial razonable.
En la superficie, el argumento es la seguridad jurídica. En la práctica, el efecto es bloquear —o encarecer hasta el absurdo— cualquier intento futuro de recuperar por vía expropiación los activos que hoy se están entregando mediante concesiones y privatizaciones. Es decir: el proyecto pretende ponerle un cerrojo económico a la recuperación de recursos estratégicos entregados, en muchos casos, a precio vil.
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