Si los imputados aceptan términos y condiciones renunciarían al debate oral y público
Luciani ataca de nuevo con Vialidad II
El fiscal les ofrece que reconozcan un delito a cambio de tener penas que no conlleven ir a prisión. Apunta a instalar la idea de admisión de corrupción.
Mientras transcurre el juicio “Cuadernos”, el 15 de mayo debería comenzar otro relacionado, “Vialidad II”, también relacionado con obra pública: como su nombre lo indica es un nuevo capítulo del caso “Vialidad”, el caso que desembocó en la detención de Cristina Fernández de Kirchner por decisión de la Corte Suprema. En las últimas semanas de audiencias el juicio de los cuadernos –donde CFK también es acusada—veintisiete imputados, varios de ellos arrepentidos, revelaron aprietes, presiones, humillaciones y anomalías de todo tipo en el origen de esta causa para construir un espectáculo acusatorio. Con el contexto este escándalo en ascenso como telón de fondo, ahora el fiscal Diego Luciani apuesta a evitar la exposición de un juicio oral en Vialidad II (aunque procura su propia notoriedad) por lo que les propuso a los diez imputados, que son Martín Báez –hijo de Lázaro—, tres empresarios más y seis exfuncionarios técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad, hacer un juicio abreviado. Les ofrece que reconozcan un delito a cambio de tener penas que no sean de prisión. De esta manera, ellos reciben la garantía de no ser privados de la libertad y Luciani puede instalar la idea de que admiten la corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo.
En el fondo parece haber un mecanismo común a ambos procesos: en “Cuadernos” el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío les decían a empresarios y algunos funcionarios que si se arrepentían y nombraban a determinadas personas no serían detenidos. Entonces ahora varios cuentan que mintieron para eso, para no ir a la cárcel. Por si acaso lo dejaron asentado ante escribanos. Otros no aceptaron mentir, y pasaron meses tras las rejas. En Vialidad II les ofrecen a los implicados “confesar” para no ir presos. Les imponen una condena morigerada. Este nuevo juicio versa exactamente sobre lo mismo que Vialidad I, donde ya hubo condenas severas por fraude en perjuicio de la administración pública para la mayoría, por lo que a esta tanda de implicados sus defensores suelen decirles que hay una importante probabilidad de que los condenen con penas altas. Los fiscales son los mismos (Luciani y Sergio Mola). Los jueces también: son los que integran el Tribunal Oral Federal 2 (Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso).
Audiencia con Luciani
Ambos procesos, “Vialidad” y “Cuadernos” están vinculados con adjudicaciones de obras, aunque el primero se concentra en obras viales de Santa Cruz adjudicadas a Austral Construcciones, la empresa de Báez, y en el segundo se agregan transporte, energía, y otras variantes. Hay, también, acusados en común. En el nuevo capítulo de las rutas santacruceñas el juicio versaría sobre las 51 obras ya analizadas (aunque como es sabido que solo se peritaron tres) y una imputación derivada: “conductas fraudulentas que posibilitaron la concesión y ejecución en condiciones ilegítimas de obras públicas viales en Santa Cruz” adjudicadas a Báez, se desprende del borrador del acuerdo al que accedió Página/12. Por ejemplo, se les cuestiona convalidar convenios con Austral y una forma de pago anticipada, aunque luego se descontaba una tasa. Las obras se hacían, pero la imputación se sostiene igual.
El miércoles pasado los diez imputados tuvieron una audiencia con Luciani y Mola sobre los términos del acuerdo que les ofrecen. Si lo aceptan, renuncian al debate oral y público, admiten una responsabilidad penal (que se traduce en penas de distinto monto según el caso) y dejan asentado que prestaron su consentimiento libremente. El texto provisorio del acuerdo recuerda que las personas ya condenadas (con CFK a la cabeza), según los fiscales y el tribunal, “desempeñaban diversas funciones en el ámbito de la administración pública nacional o provincial, según el caso, y que directa o indirectamente tenían intervención en los procesos licitatorios o en la celebración y ejecución de contratos”. Se agrega que según el TOF2 eso “ocasionó a las arcas de erario público un perjuicio actualizado en 684.990.350.139,86 pesos”. La Unidad de Información Financiera (UIF) respaldó estos términos.
Los fiscales dijeron que en esta segunda etapa de enjuiciamiento ellos la imputación es por contribuir “a la concreción de la defraudación”. ¿Quiénes están acusados? Fernando Abrate, exgerente de Planeamiento, Investigación y Control de la DNV; Carlos Joaquín Alonso, exsubadministrador General de la DNV; Martín Báez, por su función en las empresas Kank y Costilla S.A, Loscalzo y Del Curto S.R.L y Austral Construcciones S.A; Fernando Butti, también por su papel en las mismas empresas que Báez; Myariam Costilla, presidenta de Kank y Costilla S.A; Julio Mendoza, presidente de Austral; Sandro Férgola, exgerente de Obras y Servicios Viales de la DNV; Gustavo Gentili, exgerente de Planeamiento, Investigación y Control de la DNV; Jorge Gregorutti, exgerente e Obras y Servicios Viales de la DNV; Sergio Passacantando, exgerente de Administración de la DNV.
En principio, siete de los diez acusados estarían dispuestos a convalidar el acuerdo. Todavía no está cerrado, son días de definiciones. Luego lo tiene que refrendar el tribunal. El texto de Luciani y Mola dice, en línea con la exposición en tono de show mediático que hicieron en 2022, que el delito analizado es de “extrema gravedad” y que los imputados contribuyeron a una “colosal maniobra de corrupción en la cual”, “mediante una estricta división de roles, de manera sostenida en el tiempo, sustrajeron sistemáticamente fondos del erario en provecho particular”. “Se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública…”, insistieron. Dijeron también que todo esto llevó a la “pérdida de eficiencia en las contrataciones, el descrédito y la falta de confianza de los ciudadanos en la administración pública…”
Esto es lo que aceptarían confirmar los acusados de Vialidad II que consientan el juicio abreviado. De modo que Luciani podría decir que admiten la corrupción y que nadie puede decir que se haya hecho un juicio anómalo o sin pruebas. De paso se ahorra tener que repetir el despliegue y que queden expuestas todas las debilidades de la acusación, la falta de pruebas concretas y las condiciones forzadas. En tribunales cuentan que el fiscal, además, busca estrategias para seguir mostrándose, más aún que fue desestimada su candidatura al ministerio de Justicia.
Las penas propuestas varían según el caso, pero llegan a un máximo de tres años, aunque para los que ya tienen condena serían unificadas con las anteriores, con lo que los montos que figuran son más altos. Para los exfuncionarios se suma la prohibición de por vida de ejercer cargos públicos. Se les agregan el pago de las costas pero no está claro si habrá medidas patrimoniales, lo que queda abierto. No es algo menor, pero es una de las condiciones que les pusieron para avanzar.
Lo que Vialidad dejó
El juicio conocido como “Vialidad I” tuvo una gran cantidad de anomalías y cuestionamientos incluso desde antes de comenzar, ya que –de hecho—no se había realizado ni un peritaje sobre las obras. Luego se analizaron tres (tramos de la Ruta 3 que el macrismo abandonó) y con la participación de un perito, Eloy Bona, que tuiteaba contra CFK. Todo esto sin contar que se trataba de un caso que había sido desestimado (por incompetencia) en 2008 por el mismo juez, Julián Ercolini, que aceptó instruirlo ocho años más tarde, con el gobierno de Mauricio Macri, pese a que había sido cerrado en Santa Cruz.
La única auditoría hecha por la DNV, que presentó en 2016 la denuncia, decía que no había anomalías relevantes ni tareas certificadas sin ejecución. La diferencia entre lo pagado y lo construido era apenas de 0,6 por ciento. Las obras estaban en las leyes de presupuesto y las votaban todos los bloques en el Congreso. Otros empresarios de obra pública (hasta Angelo Calcaterra, el primo de Macri) testificaron que era lógico que Báez ganara licitaciones por un tema de proximidad y la posibilidad de ofrecer valores más bajos. Pero el tribunal no aceptó estudios comparativos con otras obras y provincias. Los peritos oficiales no se pusieron de acuerdo en cómo evaluar el valor de las obras. El tribunal hizo su propio peritaje y no está claro cómo calculó el perjuicio.
La fiscalía introdujo pruebas nuevas en su alegato, lo que impidió a las defensas refutarlas, como los chats de José López, exsecretario de Obras Públicas en otra causa, aunque ninguno con la expresidenta. Luciani y Mola hablaron de un plan “limpiar todo” en función de un supuesto viaje de CFK a Santa Cruz para ver a Báez que no existió. Con todo esto, respecto de la exmandataria primó el “no podía no saber” y el tribunal introdujo el argumento de que el decreto 54/2009 se habría usado para habilitar el pago de obras con un fideicomiso formado con fondos de la vena del gasoil como si se hubiera dictado a medida de Báez. El disparate es que se siguió usando esa norma para obras de todos los gobiernos, cuando las hubo. Lugo Casación y la Corte convalidaron todo esto.
En Vialidad nunca nadie terminó de explicar la participación de la expresidenta. En “Cuadernos” la evidencia se estructura con los cuadernos –que, se confirmó, están llenos de enmiendas y tachaduras-- y las declaraciones de arrepentidos, con el problema de que pese a que la ley obliga a que sus relatos tengan un respaldo documental o forma de ser confirmados, eso en este caso no existe. Todo es una gran oportunidad perdida de investigar en forma apropiada y rigurosa la posible existencia de corrupción en la obra pública.
Pagina 12
No hay comentarios:
Publicar un comentario