El país a remate: un plan a pedir de Trump que tropezó en la calle
El gobierno trastabilló con la Ley de Tierras, pero logró media sanción al blindaje de las privatizaciones y los desalojos exprés. La advertencia de Lamelas por un contrato privado inició una escalada disciplinadora que amenaza con sanciones y hasta la intervención del FBI. La decisión de Japón sobre la venta libre de inmuebles a extranjeros: otro ejemplo de la Argentina a contramano del mundo.
En Tokio, el parlamento discute cómo cerrar una puerta que Japón nunca antes había considerado peligrosa: la compra irrestricta de tierra por parte de extranjeros, sin residencia ni visa, con los mismos derechos que un ciudadano local. Durante décadas fue una rareza jurídica sin consecuencias. Dejó de serlo cuando el catastro mostró que terrenos cercanos a bases militares, fuentes de agua y costas estratégicas habían sido adquiridos de forma sistemática por inversores extranjeros, en su mayoría chinos. Un relevamiento oficial documentó que entre 2010 y 2021 se vendieron a compradores foráneos casi 2.400 hectáreas, con Hokkaido -próxima a Rusia y a las rutas del Pacífico norte- concentrando casi la mitad de esas operaciones. Tras el hallazgo, el gobierno japonés decidió avanzar, entre contradicciones y demoras, hacia licencias previas y un registro público de propiedad extranjera. Parece lógico: cuando la tierra linda con la soberanía, ni el paradigma de la economía más abierta del mundo está dispuesto a regalarse.
Argentina, sin embargo, va en camino contrario. En sentido literal. Aunque cercenada, la ley que el Ejecutivo envió al Congreso abrió una discusión sobre los límites a la extranjerización del territorio nacional. Más por torpeza propia que por mérito ajeno, el gobierno de Javier Milei perdió esa batalla legislativa. Pero se mostró dispuesto a mantenerse en guerra, sobre todo en la calle, donde desplegó una escalada represiva feroz contra la población unida por el espanto.
Desarma y sangra
La madrugada del viernes, tras una sesión maratónica, el Senado dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El resultado, 37 votos contra 33, expresó una derrota parcial: el oficialismo tuvo que resignar dos capítulos completos antes de llegar al recinto y otro apenas un minuto antes de la votación. El texto que facilitaba la extranjerización de la tierra cayó por falta de apoyo entre los propios aliados, y sobre la hora cayó también el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego para permitir un cambio más rápido de uso en terrenos incendiados.
Aun así lo que sobrevivió no es menor. El proyecto habilita desalojos por la vía sumarísima, la más expeditiva del sistema procesal, y reduce a diez días corridos el plazo para que un inquilino regularice una deuda antes de enfrentar la acción judicial de desalojo. El senador Mariano Recalde lo resumió con precisión quirúrgica: el texto incluye en los desalojos exprés a los inquilinos con contrato, apenas por atrasarse en el pago del alquiler, en un país donde buena parte de la población no llega a fin de mes. También restringe con dureza las expropiaciones: exige interpretación restrictiva de la utilidad pública, limita el lucro cesante al treinta por ciento del daño emergente y fija que el valor del bien se calcule antes de cualquier anuncio oficial que pudiera alterar el precio. Es, en los hechos, un blindaje legal a favor de las privatizaciones y propiedad concentrada, y en contra de la capacidad del Estado para intervenir sobre ellas.
El paisaje afuera del recinto contradijo cualquier épica de la modernización. La Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia penal contra autoridades políticas y a policías de la Ciudad y agentes federales por una represión que calificó entre las más crueles de los últimos meses: más de mil quinientos heridos, cien granadas de gas lanzadas, cuarenta personas alcanzadas por postas de goma y veintiocho detenciones. Una fotorreportera resultó herida de gravedad tras un disparo policial en la esquina de Lima y Avenida de Mayo, un episodio que remitió a lo sucedido con el fotógrafo Pablo Grillo en la marcha de jubilados de marzo de 2025. Tanto entonces como ahora, el despliegue represivo buscó objetivos que multipliquen el efecto disciplinador del terror.
El gobierno respondió con una contradenuncia por atentado al orden constitucional, en un intento de criminalizar la protesta que, según advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales, repite un patrón: cada vez que hay una discusión central en el Congreso y un rechazo social contundente, aparece una represión desbordada..
El Destape
No hay comentarios:
Publicar un comentario