Plan C

Minería: el Gobierno eliminó el monitoreo ambiental y participación ciudadana

El Ejecutivo avanza en su agenda desregulatoria: suprimió programas de fiscalización ambiental, desarrollo minero y participación social.

Con el amparo de la Ley de Bases, el gobierno de Javier Milei profundizó el ajuste en las capacidades del Estado para mitigar el impacto ambiental de la industria minera. A través de la Resolución 64/2026 de la Secretaría de Minería, el Gobierno avanzó sobre programas de fiscalización bajo la premisa de alcanzar la "reducción del sobredimensionamiento de las estructuras estatales". Sin embargo, la medida termina por desmantelar programas técnicos y sociales de relevancia para territorios mineros. 

La mayor preocupación recae sobre la preservación de los recursos naturales en las economías regionales. Específicamente, la norma deroga el "Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería", que había sido creado a través de la Resolución 53/2022. Este plan de alcance nacional tenía como misión fundamental "promover la cooperación técnica y financiera con las provincias" para asegurar que los gobiernos locales contaran con las herramientas necesarias para supervisar y mitigar los efectos colaterales de la explotación minera a gran escala. 

La justificación de la actual administración para dar de baja esta herramienta técnica es que "debe ser reemplazada por mecanismos alternativos más eficientes". Sin embargo, la resolución incurre en una llamativa omisión al no precisar en ningún momento cuáles serán esos canales alternativos, qué organismos los coordinarán ni de qué presupuesto dispondrán, dejando el control ecológico en un peligroso limbo administrativo.

El Estado se retira de las comunidades mineras

Esta desarticulación no es un hecho aislado, sino que forma parte de un repliegue general del rol del Estado en las comunidades mineras. En la misma sintonía, la resolución desactiva el "Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino", el "Plan Nacional de Minería Social" y la "Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas". El argumento burocrático del Ejecutivo alega que estas estructuras perdieron “operatividad" o que sus tareas deben ser "absorbidas por nuevas instancias de coordinación" que tampoco son detalladas en el documento oficial.

Pese a la eliminación de estos organismos de protección ecológica, el gobierno libertario no suprime el rigor fiscal, ya que la medida aclara de forma explícita que la masiva ola de derogaciones "no interrumpe, sustituye ni extingue el control de ejecución y de rendición de cuentas" de los proyectos pasados. Esto garantiza que el Estado continúe persiguiendo las "acciones de recupero" de fondos presupuestarios que hayan sido transferidos a provincias o municipios. De esta manera, la administración nacional parece abdicar de su rol de tutor del desarrollo sostenible y el medio ambiente, pero conserva plenamente sus facultades de recaudación financiera.

El Destape