Plan C

Sturzenegger lo hizo: primer amparo patronal contra la reforma laboral

Exclusivo: Adimra, la contraparte en la paritaria de la UOM, se presentó ante la Justicia laboral para bloquear un artículo de la reforma y la reglamentación del "Coloso" que limitó el financiamiento de la entidad. Otras cámaras preparan acciones similares y la UIA ya se había quejado de que la norma "terminó complicando" a los empresarios. 

Mariano Martin

La Reforma Laboral, llamada a beneficiar a los empresarios como nunca antes en la Argentina moderna, acaba de sufrir la primera impugnación ante la Justicia por parte de una cámara patronal. Lo hizo la  asociación gremial empresaria que representa y promueve a la industria metalúrgica argentina ADIMRA ante el fuero laboral en contra de la limitación implantada por la norma sobre un aporte incluido en el convenio colectivo de la actividad que define el sostén financiero de esa organización.

La presentación se concentró en un artículo de la ley 27.802 y en la reglamentación impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sobre lo que se solicita “una acción declarativa de inconstitucionalidad” y una medida cautelar de no innovar hasta la eventual definición judicial de la cuestión de fondo. Son los mismos cuestionamientos que evalúa buena parte de las gremiales empresarias frente al límite que el “Coloso” del Gabinete les impuso en los mecanismos de recaudación entre los empleadores de cada rubro. Entre ellas, y como había adelantado en exclusiva El Destape, figuran la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME).

El amparo solicitado por Adimra apuntó contra el artículo 133 de la reforma que puso como tope el 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores a “los aportes, contribuciones y cualquier otro concepto previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores”, señala la ley. Sin embargo, el mayo perjuicio que la entidad busca revertir es el decreto reglamentario 407/26 según el cual esos aportes “sólo serán obligatorios para aquellas empresas que estén afiliadas” a una cámara.

En el caso de los industriales la entidad mayoritaria que los nuclea, a través del convenio colectivo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), recauda entre las empresas de la actividad 1% del salario de cada operario. Con un ingreso mínimo garantizado cercano al millón de pesos mensuales, y una nómina en todo el país aproximada de 220 mil trabajadores, los ingresos anuales de Adimra suman no menos de 20 millones de dólares. El límite fijado en el decreto 407 reduce a la mitad el monto a recaudar por cada salario pero, sobre todo, minimiza el universo de empresas sobre las cuales aplicar la retención sólo a las formalmente afiliadas a Adimra.

Ese mecanismo recaudatorio fue históricamente discutido por otras cámaras cuyos asociados alegaban verse forzados a contribuir a Adimra a pesar de no estar afiliados. En el caso de la Asociación de Fábricas de Componentes (Afac, los autopartistas) la controversia llegó a la Justicia pero incluso con un fallo favorable, los demandantes se quejaron en los últimos años ante las autoridades de que la entidad condenada implementaba artilugios para que la contribución pareciese obligatoria.

Sturzenegger, influenciado por los postulados de la Escuela Austríaca a la que adscribe Javier Milei, emprendió una cruzada en contra de los aportes compulsivos a favor de las cámaras empresarias ya desde el texto del DNU 70/23, que fijaba límites precisos. También lo intentó respecto de los sindicatos pero la resistencia de la CGT y del ala política del Gobierno obligó a reescribir el decreto 407 y elaborar uno nuevo, el 612 (en este caso, con las firmas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero ya no del encargado de Desregulación) que puso a salvo a los gremios. La nueva norma no resguardó los aportes a las cámaras patronales.

El Destape ya había dado cuenta del malestar creciente en sectores patronales incluso desde el debate de la reforma laboral. En aquella oportunidad, Adimra, la CAC y la CAME coincidieron en el texto de una nota dirigida a las comisiones del Congreso para que excluyeran de ley el capítulo relacionado con los aportes a su funcionamiento. También este medio contó que un mes atrás, en una reunión de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), el principal asesor laboral, el abogado Juan José Etala, expuso ante los dueños de fábricas un diagnóstico sombrío: “queríamos una reforma que nos ayudara y al final lo que tenemos terminó complicándonos”.

Es que además del financiamiento, para buena parte del gremialismo empresario la reforma detonó un modo histórico de relacionamiento con los sindicatos y abrió las puertas a una eventual anarquización producto de la atomización de ambas representaciones (habilita creación de nuevas organizaciones obreras y la inclusión de otras de empleadores en las paritarias) y de la inversión del orden de prioridad para las negociaciones, de modo tal que las de menor jerarquía (regionales, provinciales o incluso por empresa) podrán prevalecer respecto de las de alcance nacional.

El Destape